MONTEVIDEO. ANSA, AP y DPA.

El informe de la Comisión para la Paz sobre desaparecidos durante la dictadura militar (1973-85) en Uruguay reabrió ayer la polémica con los familiares y otros grupos políticos que opinan que no aporta elementos nuevos y rechazan la declaración de muerte de veintiséis víctimas.

El miércoles, una comisión oficial, formada por decisión del presidente, Jorge Batlle, admitió por primera vez que veintiséis personas murieron tras ser torturadas en centros de detención clandestina durante la dictadura militar uruguaya.

Javier Miranda, vocero de Familiares de Desaparecidos, aseguró que el documento "no aporta ninguna novedad a las informaciones que ya teníamos" y aseguró que su organización propone declarar a las víctimas "ausentes por desaparición forzada", y no muertas. Mientras que sectores de la oposición de izquierda reclaman conocer las identidades de los responsables.

La Comisión consideró confirmadas la muerte de veintiséis desaparecidos "en función de que existen elementos (...) que permiten asumir que las personas fueron detenidas en procedimientos no oficiales o reconocidos como tales, fueron sometidas a apremios físicos y torturas en centros clandestinos de detención y fallecieron a consecuencia de los castigos recibidos en la enorme mayoría de los casos".

De los veintiséis casos de uruguayos cuyas desapariciones fueron esclarecidas por la comisión, la mayoría eran militantes políticos, sindicalistas y estudiantes; y una minoría guerrilleros tupamaros.

Las denuncias sobre desaparecidos investigadas por la Comisión son más de doscientas.

Alrededor de cuarenta de ellas habrían tenido lugar en Uruguay y unas ciento setenta en Argentina, en el marco de las acciones conjuntas de las dictaduras militares de la región conocidas como el Plan Cóndor.

La Comisión analizó también el caso de la nuera del poeta argentino Juan Gelman. Sobre María Claudia García de Gelman, el informe señaló que fue detenida en la Argentina y trasladada a Uruguay, pero, debido a que existen "contradicciones en la información recibida", no puede definir su destino final.

García de Gelman dio a luz a una niña en 1976 mientras se encontraba en cautiverio. La nieta de Juan Gelman fue ubicada en Uruguay en abril de 2001 y su hallazgo se convirtió en uno de los primeros pasos para el esclarecimiento de casos de detenidos desaparecidos en este país.

El tema de los desaparecidos volvió a primer plano en Uruguay en los últimos días, cuando la Justicia dispuso el encarcelamiento del ex canciller de la dictadura Juan Carlos Blanco, al declararlo cómplice en uno de los veintiséis casos de muerte por torturas, el de la maestra Elena Quinteros.

El caso, que provocó en su momento la ruptura de relaciones con Venezuela, tuvo lugar en 1976, cuando Quinteros fue secuestrada por militares uruguayos de los jardines de la Embajada venezolana en Montevideo, donde se había refugiado.

La Comisión para la Paz fue creada hace dos años por el presidente Batlle, luego de que tres Gobiernos civiles se negaran a investigar el tema de los desaparecidos.

COMCOSUR

Como no podía ser de otra manera, el procesamiento con prisión del ex canciller de la dictadura en la denuncia por la desaparición de la maestra Elena Quinteros en 1976, ha generado fuertes y distintas reacciones.

Si bien Juan Carlos Blanco sólo está siendo procesado, es la primera vez que en este país se procesa y se encarcela a alguien por haber cometido delitos de lesa Humanidad, y de ahí la conmoción que ha provocado la decisión del juez actuante.

El procesamiento ha sido posible por la condición de civil del hasta el viernes pasado columnista del diario El Observador y hasta la legislatura pasada senador por el Partido Colorado.

Los policías y los militares que cometieron todo tipo de aberraciones durante el período dictatorial, están amparados en la Ley de Caducidad de 1986, los civiles no.

A continuación, ofrecemos a nuestros lectores los comentarios que han efectuado sobre la cuestión distintos actores sociales.

GENERAL (R) IVÁN PAULÓS

El General Paulós ha sido sindicado como el responsable del Plan Cóndor en Uruguay. Así lo aseguraban varios testimonios previos, y así lo confirmaron documentos del Departamento de Estado de Estados Unidos desclasificados recientemente. Conocido el procesamiento de Blanco, el periodista Raúl Legnani de 1410 AM Libre le comunicó la noticia y solicitó su opinión. Paulós se limitó a consignar misteriosamente: "Van a hablar los hechos, amigo. Que tenga buenas tardes." Al preguntársele a qué se refería, dijo: "No no, no tengo nada que declarar. Pero si empiezan así, van a empezar a hablar los hechos..."

GENERAL JULIO CÉSAR VADORA

El ex comandante en jefe del Ejército teniente general (r) Julio César Vadora se mostró sorprendido con el procesamiento con prisión de Blanco, y dijo al diario La República que no recuerda el caso del secuestro de la maestra Elena Quinteros. Al solicitársele una opinión sobre el procesamiento de Blanco, dijo: "Ni en este caso en particular, ni en ningún otro, me gusta opinar, y más cuando no lo conozco a fondo. Vamos a esperar que las cosas se encaminen. No sé como es el problema. Sinceramente, es aquello de que 'si me olvido no me acuerdo.' En resumidas cuentas: no conozco el caso. Tendría que ver antecedentes y no los tengo conmigo ahora. Buenas tardes."

YAMANDÚ FAU

Según informa hoy el diario El País de Montevideo, el ministro de Defensa, Yamandú Fau, recibió el domingo de mañana en su domicilio particular a los tres comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, el teniente general Carlos Daners (Ejército), el brigadier general Carlos Gianni (Armada) y el teniente general (av.) José Pedro Malaquín (Fuerza Aérea), con quienes conversó en torno al tema. Según el matutino, Fau transmitió a los jerarcas castrenses que es intención del Poder Ejecutivo hacer respetar "en todos sus términos" la vigencia de la ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Dicha ley determina la imposibilidad de juzgar a policías y militares por los delitos cometidos durante la dictadura, por lo que el canciller Juan Carlos Blanco no puede ampararse a ella.

MINISTRO GUILLERMO STIRLING

El ministro del Interior, Guillermo Stirling, salió a defender públicamente a Blanco. En el programa "Primera Voz" de 1410 AM Libre que conduce Sonia Breccia, Stirling dijo: "Conozco a Blanco, y lejos de mí está suponer más allá de su equivocación en pensar que contribuía con su apoyo a un Gobierno de facto en mejorar las condiciones del país, no lo creo un cómplice de un homicidio y sobre todo de una situación que se vivió hace veintiséis años y cuando el país procesó situaciones gravísimas."

RUBEN DÍAZ

El diputado Ruben Díaz (Partido Colorado, sanguinetismo) opinó que el procesamiento de Blanco "se trata de una medida negativa, injusta y que no beneficia al país, esto va contra toda la política que ha seguido el país en materia de pacificación y reinstitucionalización desde hace quince años. Además, el delito es muy discutible como así también lo es la constitucionalidad de la norma que se invoca, razón por la cual en la Justicia se darán instancia definitorias en etapas posteriores". Adelantó que la decisión judicial "es un paso gigantesco hacia el enfrentamiento entre los uruguayos que nos conduce al proceso que ha tenido la consagración popular en la ley de Caducidad, creo además que es un acto de injusticia personal".

DANIEL GARCÍA PINTOS

El diputado Daniel García Pintos (Partido Colorado, batllismo) subrayó que el procesamiento de Blanco es "verdaderamente lamentable". "Sigo teniendo el mismo buen concepto que he tenido siempre sobre Blanco como profesional del Derecho que es, como ex legislador y ex canciller de la República. Por lo que ha sido una decisión producto de la enorme presión que hay en la sociedad uruguaya", opinó. El legislador añadió que en la actualidad "hay grupo pequeño de gente de extrema izquierda que está presionando enormemente sobre los tres poderes del Estado".

CARLOS RAMELA

El representante del presidente Jorge Batlle en la Comisión para la Paz, Carlos Ramela, lamentó que para dictar el procesamiento del ex canciller Juan Carlos Blanco, el juez actuante en la causa, Eduardo Cavalli, no esperara los resultados del trabajo del organismo que integra, cuyos documentos preliminares serán entregados al presidente Batlle en el correr de esta semana. El 19 de setiembre pasado Ramela había indicado a Cavalli que las circunstancias del secuestro y posterior asesinato de la maestra Elena Quinteros estaban aclaradas. Entrevistado por el informativo de Canal 12, explicó: "Le dije cuáles eran las conclusiones de la Comisión al respecto, y le dije claramente que iban a estar incluidas en el informe que se estaba elevando a Batlle en un plazo de treinta días. Y para que no quedara dudas, le expresamos en la carta al juez que en el informe al presidente Batlle estaban las respuestas a sus preguntas".

LÍBER SEREGNI

El ex presidente del Frente Amplio, general (r) Líber Seregni, expresó ayer que el fallo por el que fue encarcelado el ex canciller de la República Juan Carlos Blanco, debió ser emitido con posterioridad a la entrega del preinforme final que el próximo miércoles efectuará la Comisión para la Paz al presidente Jorge Batlle. Seregni dijo que "a mí me parece que estando pendiente el trabajo de la Comisión para la Paz, y habiéndosele indicado al juez la proximidad de un pronunciamiento por parte del señor Ramela, parecería que hubiera sido preferible esperar el pronunciamiento de la Comisión para la Paz, que es muy trascendente en la vida del país." La importancia que da el militar al pronunciamiento de la Comisión, seguramente refiere al rumor de que ésta propondría se dicte una ley que declare oficialmente muertos a los desaparecidos, más allá de que sus restos hayan sido encontrados o no. De esa manera, a Blanco sólo se le podría juzgar por complicidad en asesinato, y la punibilidad de ese delito ya caducó.

FAMILIARES

El plenario de la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos emitió una declaración pública en que manifiestó su "satisfacción" por el procesamiento del ex ministro y precisó que "la desaparición forzada no es sinónimo de muerte", que "la muerte no se declara, debe comprobarse y ello corresponde al Poder Judicial" y que la desaparición constituye un delito "imprescriptible" y "permanente". El comunicado de los familiares de las víctimas de la dictadura militar implicó una controversia -hecha pública por primera vez- con la Comisión para la Paz, y una respuesta a declaraciones del delegado del Poder Ejecutivo, Carlos Ramela, quien adelantó la "convicción moral" de los miembros del organismo respecto a la condición de muertos de los uruguayos desaparecidos.

PABLO CHARGOÑA

El abogado Pablo Chargoña, ex patrocinador de Tota Quinteros y asesor de la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, consideró "sin valor jurídico" el inminente informe de la Comisión para la Paz. Explicó que el juez Cavalli centró su fallo de procesamiento del ex canciller Blanco en su condición de coautor de lo que jurídicamente se conoce como "crimen de escritorio." Sobre la sugerencia de que la Comisión para la Paz declare oficialmente muerta a Quinteros, explicó que "en un Estado de Derecho la verdad o la falsedad de las cosas que se afirman, sobre todo en relación a delitos de lesa Humanidad, deben estar respaldadas por medios probatorios, "para que haya una pericia médico forense tiene que estar el cuerpo, y hasta donde sabemos Elena Quinteros no aparece, no está: ¿dónde está?"

SERPAJ

El abogado del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), Guillermo Paysée, dijo que el procesamiento de Blanco por coautoría en la desaparición de Elena Quinteros es un hecho auspicioso, que "abre brechas en el esclarecimiento de la violación a los Derechos Humanos, en el período de facto. Además es un hecho que hace bien al sistema democrático." Señaló que la actuación de la Justicia en el caso, es demostrativa de la independencia de dicho poder y prueba que es el ámbito para avanzar en esos aspectos, ya que el sistema político se muestra cerrado a cualquier modificación de la Ley de Caducidad. En su opinión, la decisión judicial rompe el ancla establecida por dicha ley y permite vislumbra un camino a la investigación y la Justicia, que parecían cerrados.

HUGO CORES

El secretario general del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), Hugo Cores, consideró que el procesamiento del ex canciller Juan Carlos Blanco constituye "un gran paso en la lucha por la verdad y la justicia y por la profundización de la democracia en nuestro país". El líder del partido en que militaba Elena Quinteros recordó que Blanco fue "un operador activo de la dictadura durante años cruciales y se había convertido en una especie de símbolo de la impunidad, como hay otros. La decisión del magistrado es una reafirmación de la lucha de María 'Tota' Almeida de Quinteros, que en los lejanos años donde todavía reinaba el terrorismo de Estado luchó incansablemente para que se hiciera la verdad sobre Elena y hubiera justicia".

RAFAEL MICHELINI

El senador del Nuevo Espacio Rafael Michelini, (cuyo padre fue asesinado en Buenos Aires durante el período en que Blanco fue canciller) sostuvo que "confía en la Justicia en la medida que da todas las garantías del debido proceso al ex canciller, de un hecho absolutamente horroroso el cual terminó con la vida de la maestra Elena Quinteros". "Naturalmente no sólo hemos bregado para que se sepa la verdad, sino que nos alegramos que la Justicia tomara el caso y actuara con toda la imparcialidad que ha demostrado. Hemos peleados porque el Estado Uruguayo y las Fuerzas Armadas reconozcan las violaciones de los Derechos Humanos más allá de nombres y apellidos", añadió.

LUIS PUIG

El dirigente del PIT CNT -la central sindical uruguaya- Luis Puig, expresó su "satisfacción ante el primer procesamiento de alguien que hasta el momento había estado amparado por la impunidad". "Esto da el puntapié inicial para que en Uruguay empiecen a ser procesados los criminales, ahora falta que también se juzgue a todos aquellos que cometieron crímenes aberrantes y que han sido protegidos desde el poder", agregó. Puig recordó que la causa judicial, que venía de la década de 1980, fue desarchivada a pedido de "Tota" Quinteros y de la secretaría de los Derechos Humanos del PIT-CNT. Dijo que "el procesamiento del primer responsable de estos crímenes nos reafirma en la posición de seguir luchando contra la impunidad y nos da fuerzas para reclamar el procesamiento de los criminales; muchos de los cuales ya tienen el pedido de extradición de algunos países".

da France Presse, em Montevidéu

O Governo uruguaio assumirá a responsabilidade pela morte de 26 desaparecidos durante a ditadura militar (1973-1985), afirmou hoje Carlos Ramela, porta-voz da Comissão para a Paz, ao divulgar um relatório preliminar sobre o assunto.

A Comissão, presidida pelo arcebispo de Montevidéu, Nicolás Cottugno, considerou confirmadas 26 denúncias, já que "existem elementos de convicção coincidentes e relevantes que permitem assumir que estas pessoas morreram por torturas".

O total de denúncias, referente a pessoas desaparecidas no país, chega a 39, das quais 33 dizem respeito a cidadãos uruguaios e seis argentinos, destacou Ramela.

O porta-voz ressaltou que Comissão entregará, antes do fim do ano, o relatório final ao presidente Jorge Batlle, que criou o grupo de trabalho em agosto de 2000.

"Ele vai adotar depois os passos correspondentes, que refletem como o Estado assumirá a responsabilidade por estas mortes", explicou.

A repressão militar começou no Uruguai em janeiro de 1972, depois que o Exército decretou "o estado de guerra interna" contra o movimento de guerrilha urbana do Tupamaros, de extrema esquerda, antes de organizar o golpe de Estado de 27 de junho de 1973.

Clarín

Rebelión

Folha de São Paulo

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