Amnistía Internacional ha declarado hoy que la excarcelación de Carlos Arturo Marulanda -acusado de participar en 1996 en el desalojo forzoso a manos de paramilitares ilegales de doscientas ochenta familias de campesinos de unas tierras cuya propiedad reclamaba la familia Marulanda y que se saldó con la tortura, el asesinato o la "desaparición" de al menos treinta personas- representa un duro revés para los intentos de acabar con la impunidad por las violaciones de Derechos Humanos en Colombia.

Carlos Arturo Marulanda fue puesto en libertad el 1 de noviembre de 2002 tras retirarse los cargos en su contra por colaboración con grupos paramilitares. Sólo tendrá que hacer frente a las acusaciones referidas a la destrucción de viviendas de campesinos.

Los abogados que representan a los campesinos desalojados han impugnado la retirada de los cargos por actividad paramilitar, ya que fueron paramilitares quienes arrasaron las casas de los campesinos.

Se teme que su puesta en libertad contribuya a estancar las investigaciones criminales sobre el desalojo forzoso de campesinos y las amenazas de muerte, los homicidios y las "desapariciones" que le siguieron.

Esto a su vez podría tener como consecuencia que los responsables nunca comparezcan ante un tribunal, lo que privaría a las victimas y a sus familiares de su derecho fundamental a la verdad y la justicia y a obtener una reparación.

Otro motivo de preocupación lo constituyen las declaraciones de representantes del Gobierno para expresar su satisfacción por la excarcelación del ex embajador de Colombia ante la Unión Europea y proclamar su inocencia, sobre todo si se tiene en cuenta que en el pasado muchos oficiales de alta graduación del ejército y destacados políticos presuntamente implicados en abusos contra los Derechos Humanos han eludido su procesamiento a pesar de que existían importantes indicios prima facie que los vinculaban a los grupos paramilitares ilegales responsables de esos abusos.

Información general

Carlos Arturo Marulanda, ex ministro y embajador ante la Unión Europea, había estado detenido en España desde julio de 2001 por cargos relacionados con el desalojo forzoso de campesinos de la hacienda Bellacruz, en la región de Cesar. Fue extraditado a Colombia el 13 de octubre de 2002.

El 14 de febrero de 1996, un grupo paramilitar local apoyado por miembros del ejército colombiano desalojó a la fuerza a los campesinos de la hacienda Bellacruz.

Durante esta operación y después, muchos de los campesinos fueron víctimas de tortura y homicidio.

El desalojo se llevó a cabo después de que Marulanda Ramírez Ltd., empresa que representa los intereses comerciales de la familia Marulanda, perdiera un recurso judicial por el que reclamaba parte de la tierra ocupada por los campesinos, situada en la hacienda Bellacruz.

Los paramilitares quemaron las casas de los campesinos, los torturaron y los amenazaron de muerte si se atrevian a regresar.

A pesar de la presencia de fuerzas policiales y militares en la zona, no se hizo nada para impedir o detener la operación paramilitar ni para aprehender a los responsables dentro de la hacienda o en sus inmediaciones.

De acuerdo con el testimonio de algunos de de los campesinos, miembros del ejército colombiano presenciaron los hechos y algunos soldados fueron reconocidos posteriormente como integrantes del grupo paramilitar.

Obligadas a abandonar sus tierras y casas, las familias campesinas huyeron a las municipalidades vecinas de Pelaya, La Gloria y Tamaleque.

Después de estos hechos, varios de los campesinos desalojados y personas que intentaron ayudarlos han sido asesinados, han "desaparecido" o han recibido amenazas de muerte.

En 1999, la Fiscalía General de la Nación ordenó la detención de Carlos Arturo Marulanda por delitos relacionados con la formación de grupos paramilitares y por los hechos que tuvieron lugar en la hacienda Bellacruz en 1996.

Su hermano, Francisco Alberto Marulanda Ramírez, fue detenido en mayo de 1998 por cargos relacionados con el mismo caso.

Si desean más información, consulten el informe de Amnistía Internacional titulado Hacienda Bellacruz: Tierra, violencia y fuerza militar.

Amnesty International

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