JESUS ARANDA

El mecánico del avión Arava de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), Margarito Monroy Candia, ratificó ante la procuraduría militar la realización de treinta y tres vuelos "de la muerte", en los que los ahora generales Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo lanzaron al mar más de doscientos cadáveres de campesinos entre 1975 y 1979, en el contexto de la llamada guerra sucia.

Además, la justicia castrense cuenta con la bitácora de vuelo del avión que estaba asignado a la base aérea de Pie de la Cuesta, el cual transportó en cada viaje entre ocho y doce cuerpos de campesinos para tirarlos en las aguas del oceáno Pacífico.

De acuerdo con la bitácora, que obra en el expediente de la causa en contra de Quirós Hermosillo y Acosta Chaparro por el asesinato de ciento cuarenta y tres campesinos, se tienen documentados viajes del avión Arava, que tenía en aquel entonces la matrícula 2005.

Confirmaron lo anterior fuentes castrenses, las cuales añadieron que las bitácoras de los aviones son "como la historia" de cada aeronave, donde queda registrado cada movimiento del avión, de la tripulación y la actividad a realizar.

Según las averiguaciones que lleva a cabo el Ministerio Público Federal, las declaraciones de testigos como Gustavo Tarín Chávez y del entonces teniente Monroy Candia -quienes precisaron que por órdenes de Quirós y Acosta "los cuerpos eran metidos en bolsas de lona" y los colocaban en el avión Arava- coinciden en tiempo y espacio con los reportes de vuelo.

En el periodo que abarca la indagatoria que realiza la procuraduría militar, Quirós tenía el grado de coronel, mientras que Acosta Chaparro era capitán primero.

De acuerdo con las fuentes consultadas, aunque ambos generales tenían en ese entonces un grado "bajo" para ordenar los al menos treinta y tres vuelos documentados, no desvirtúa en nada la averiguación y, en dado caso, el Ministerio Público Federal continúa con otras líneas de investigación para determinar el posible grado de responsabilidad de sus superiores o subalternos.

Respecto al número de víctimas, el proceso penal abierto por las autoridades militares refiere ciento cuarenta y tres muertos; sin embargo, la comprobación de que fueron al menos treinta y tres vuelos podría elevar el número de personas asesinadas a manos de militares en Guerrero durante ese periodo.

Cabe señalar que el avión Arava -doce aparatos fueron adquiridos por la FAM en 1973- tiene capacidad para transportar veinticuatro personas, mide trece metros de largo y sus dos hélices le permiten alcanzar una altitud de crucero de siete mil seiscientos veinte metros y una velocidad de trescientos noventa y siete kilómetros por hora.

Los informantes revelaron que es inminente que la justicia militar envíe a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero un desglose de la averiguación previa relacionada con las víctimas de la represión entre 1975 y 1979, debido a que se encontraron elementos en la investigación que revelan la participación de policías estatales y municipales del Estado en los actos de represión.

Este desglose se suma a los dos que ya entregó la procuraduría que encabeza el general Jaime Antonio López Portillo a la Procuraduría General de la República.

El primero señala la actuación de civiles que integraron la Dirección Federal de Seguridad y de la Brigada Blanca.

El segundo desglose se refiere a la muerte de treinta y siete soldados y lesiones a otros veintinueve elementos que fueron producto de enfrentamientos entre el Ejército y la Brigada de Ajusticiamiento y bases de apoyo del guerrillero Lucio Cabañas, que tuvieron lugar de 1975 a 1979. Además de presuntos actos delictivos (secuestros y asaltos bancarios, principalmente) en que estarían involucrados integrantes de movimientos guerrilleros.

La Jornada

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