Lo decidió un juez. El hecho ocurrió en Argentina en 1976 y murieron otros tres uruguayos exiliados.

MONTEVIDEO. DPA y AFP.

En una sorpresiva decisión, un juez uruguayo ordenó reabrir el caso de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, asesinados en Buenos Aires en el año 1976, supuestamente por grupos represivos combinados de las dictaduras de Argentina y Uruguay, en el marco del Plan Cóndor.

De acuerdo a la información que publica el diario La República, de la capital uruguaya, la decisión fue adoptada por el juez penal Roberto Timbal, quien libró oficios que apuntan a obtener mayor información sobre "los presuntos responsables ideológicos de los crímenes".

Zelmar Michelini, del izquierdista Frente Amplio, y Héctor Gutiérrez Ruiz, del Partido Nacional, fueron asesinados en Buenos Aires, el 20 de mayo de 1976, junto a Rosario Barredo y William Withelaw, otros dos uruguayos que estaban exiliados en Argentina.

La reapertura del caso, según La República, obedeció a una gestión del diputado Felipe Michelini, del partido Nuevo Espacio (de centroizquierda), hijo del senador asesinado, ante el fiscal general uruguayo Oscar Peri Valdez.

Tras decidir la reapertura del expediente, el magistrado solicitó información a los ministerios del Interior y de Defensa, al Gobierno de Estados Unidos, a la Justicia argentina y al Poder Legislativo, tras recibir los nuevos elementos de juicio que se sumaron a la causa.

Al expediente le fueron agregadas también las actas de una comisión investigadora parlamentaria uruguaya que trabajó en el tema durante varios años, pero que no llegó a ninguna conclusión y terminó por archivar sus actuaciones.

A principios de la década de 1990, el Poder Ejecutivo uruguayo entendió que el caso estaba incluido en la llamada Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, aprobada en 1989 y que significó una amnistía para militares y policías acusados de violar los Derechos Humanos. Sin embargo, la norma no ampara a civiles.

La investigación del asesinato había comenzado en 1985 a nivel judicial y en 1987 se sumó el Poder Legislativo, pero la ratificación de la Ley de Caducidad frenó todas los caminos hacia los culpables.

Sin embargo, familiares y organizaciones de defensa de Derechos Humanos siguieron acusando del crimen a un comando uruguayo, que habría actuado cobijado por la dictadura argentina. Y, aunque el delito se cometió en Argentina, se piensa que se ordenó desde Montevideo.

Por eso, aunque la justicia uruguaya respeta el principio de territorialidad, la reapertura del caso apunta a determinar si su planificación y autoría intelectual, presuntamente a cargo de civiles, tuvieron lugar en Montevideo, dijo una fuente judicial que pidió no ser identificada.

Entre la información que publicó ayer el matutino uruguayo se reitera una versión, que ya había trascendido públicamente, según la cual la muerte de Michelini y Gutiérrez Ruiz se decidió precisamente en una reunión del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) uruguayo, que funcionaba como organismo asesor de la dictadura militar, que gobernó entre 1973 y 1985.

Otro de los elementos novedosos que habrían impulsado también al juez Timbal a desarchivar el caso habría sido la desclasificación de documentos del Congreso de Estados Unidos, donde habría información valiosa en torno a este tema.

Andrés Capelan - Comcosur

El diputado Felipe Michelini (Nuevo Espacio) solicitó la reapertura del expediente judicial relativo a los asesinatos de su padre, el senador Zelmar Michelini (Frente Amplio), y del diputado Héctor Gutiérrez Ruiz (Partido Nacional), ocurridos en la ciudad de Buenos Aires en 1976.

Ambos legisladores se habían exilado en Argentina tras el auto golpe del 27 de junio de 1973 del presidente Juan María Bordaberry (Partido Colorado), que derivara luego en la dictadura cívico-militar que asoló el país durante los siguientes diez años.

Según todos los indicios, Michelini y Gutiérrez Ruiz fueron secuestrados y asesinados por paramilitares uruguayos y argentinos en el marco del Plan Cóndor.

El expediente judicial que investigaba sus muertes había sido abierto en 1985, pero en 1986 fué "clausurado sin perjuicio" (es decir: archivado), ya que el Poder Ejecutivo de la época (Presidente Julio Sanguinetti, Partido Colorado) entendió que el caso estaba abarcado por la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.

Dicha Ley, también conocida como "Ley de Impunidad" impide juzgar a los policías y militares que violaron los Derechos Humanos durante el período dictatorial.

Sin embargo, los civiles están expresamente excluídos de esa inusual anmistía previa, y hay suficientes elementos como para sospechar que varios de ellos fueron los autores intelectuales del crimen.

Días pasados, pues, Felipe Michelini se reunió con el Fiscal de Corte, Oscar Peri Valdéz, y éste dio lugar a que planteara la reapertura del caso ante el juez penal Roberto Timbal, quién inmediatemente libró oficios solicitando información sobre el caso a los ministerios del Interior y de Defensa Nacional, al Gobierno de Estados Unidos, a la justicia argentina y al Parlamento uruguayo.

Según develaron los periodistas Eduardo Delgado y Roger Rodríguez en el diario La República de Montevideo, entre la información solicitada se encuentran las actas del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA, organismo cívico-militar que funcionaba durante la dictadura), en una de cuyas reuniones se habría votado el asesinato de Michelini y de Gutiérrez Ruiz.

Al Gobierno de los Estados Unidos se le solicitaron los documentos relativos al caso desclasificados recientemente por sus diferentes dependencias estatales.

Al Poder Legislativo uruguayo se le solicitaron las actas de la "Comisión Investigadora sobre el Secuestro y Asesinatos Perpetrados contra los ex legisladores Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini", que en su momento fueron enviadas a la Suprema Corte de Justicia y después se traspapelaron.

Al cumplirse el 20 de mayo pasado un nuevo aniversario de los cuatro asesinatos (junto con Michelini y Gutiérrez Ruiz ese día fueron asesinados también Rosario Barredo y William Withelaw), el semanario Brecha publicó un informe del periodista Samuel Blixen que reveló que en la Comisión Investigadora Parlamentaria que estudió el caso en 1985, se recogieron testimonios que hacían referencia a una reunión del COSENA donde se votó sobre "qué hacer con los cuatro".

Fue una reunión similar a ésta la que decretó la muerte de la maestra Elena Quinteros en ese mismo año.

El artículo de Blixen indicaba que esos testimonios colocaban al entonces presidente Juan María Bordaberry, al ministro del interior general Hugo Linares Brum, al ministro de Defensa, doctor Walter Ravena, al comandante del Ejército, general Julio César Vadora, al comandante de la Armada, vicealmirante Víctor González Ibargoyen y al jefe de la Fuerza Aérea, brigadier general Dante Paladini, en la reunión donde se decidió la suerte de Michelini y Gutiérrez Ruiz, y sólo Bordaberry y Paladini se negaron al asesinato.

El ex senador Juan Raúl Ferreira (Partido Nacional), contó al respecto al diario La República que su padre, Wilson Ferreira Aldunate (cuyo asesinato también habría sido ordenado en aquella reunión pero no pudo concretarse pues logró huir a tiempo) decía que "aquél partido lo perdimos cuatro a dos..."

En las actas de la Comisión Investigadora Parlamentaria de 1985, consta también el testimonio del embajador uruguayo en Argentina en 1976, Gustavo Magariños, quién relató que doce días antes de los asesinatos, los cancilleres César Guzzeti de argentina y Juan Carlos Blanco de Uruguay, tuvieron una reunión secreta en una embarcación en travesía por el delta del Río Paraná, parte de cuyo contenido no le fué autorizado a escuchar, dado su carácter de "reservado".

Puestas así las cosas, los caminos de la investigación de estos crímenes vuelven a confluir en el ex canciller Juan Carlos Blanco, quien en estos momentos está siendo procesado con prisión por la desaparición de la maestra Elena Quinteros.

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