La decisión de la Corte Suprema sobre la inconstitucionalidad de las leyes de Punto final y Obediencia Debida será una de las más importantes en materia de Derechos Humanos desde el regreso del Gobierno civil en Argentina, declaró hoy Amnistía Internacional.

La declaración se refiere a la decisión pendiente en la Corte Suprema sobre las resoluciones dictadas por los jueces Gabriel Cavallo y Claudio Bonadío sobre la inconstitucionalidad de estas leyes, que hasta el momento han obstruido la búsqueda de la justicia y la verdad para miles de víctimas de desapariciones forzadas durante los años de Gobierno militar.

Las resoluciones de inconstitucionalidad han sido ratificadas por la Cámara Federal y han recibido el dictamen favorable del Procurador General de la Nación.

"Esta decisión podría finalmente derrocar el muro de impunidad que ha cubierto por más de dos décadas las violaciones de Derechos Humanos cometidas durante el Gobierno militar, e impulsar nuevamente la larga búsqueda de la justicia y la verdad por parte de las víctimas y sus familiares," enfatizó Amnistía Internacional.

Por esta razón, la organización considera inaceptables las declaraciones del ministro de Defensa, Sr. Horacio Jaunarena, a favor de la constitucionalidad de dichas leyes, señalando los riesgos que supondría un fallo de inconstitucionalidad.

"Las declaraciones del Sr. Ministro representan una intolerable presión a la independencia del poder judicial argentino," recalcó Amnistía Internacional.

Las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida han garantizado plena impunidad para los responsables de las gravísimas violaciones de Derechos Humanos cometidas durante el Gobierno militar, que por su forma sistemática y masiva constituyen crímenes de lesa Humanidad. Por lo tanto, estas leyes contravienen las ineludibles obligaciones internacionales de la República Argentina de investigar y castigar a los culpables de estas violaciones.

"Esperamos que, al considerar la resoluciones de inconstitucionalidad ya dictadas respecto a las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida, la Corte Suprema se haga eco de esas obligaciones y se apegue estrictamente a la normativa internacional en materia de Derechos Humanos y de enjuiciamiento y sanción a los responsables de violaciones de dichos derechos," declaró Amnistía Internacional.

"Al mismo tiempo, el Gobierno argentino tiene el deber de garantizar que las miles de personas que 'desaparecieron' en la época del Gobierno militar no sigan siendo ignoradas como si fueran simplemente un mal recuerdo, y que los responsables de estos crímenes sean llevados ante la justicia. Esto es un deber no sólo hacia las víctimas y sus familiares, sino también hacia la sociedad en su conjunto," concluyó la organización.

Información general

En noviembre del 2000 el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas indicó que las leyes de Punto Final y Obediencia Debida así como los indultos presidenciales "son incompatibles con los requisitos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos".

Para mayor información, ver Argentina: Memorial en Derecho "Amicus Curiae sobre la Incompatibilidad de las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida con el Derecho Internacional"

Amnesty International

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