Amnistía Internacional - 21 de noviembre de 2002
Comunicado de prensa
El Comité Contra la Tortura publica sus recomendaciones
sobre el último informe del Gobierno español
España: el Gobierno debe actuar
contra la tortura y los malos tratos
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Amnistía Internacional ha hecho hoy un llamamiento al Gobierno español para que ponga en práctica urgentemente las recomendaciones del Comité contra la Tortura (CAT) de la ONU. El Comité hace un llamamiento a las autoridades españolas para que eliminen determinadas condiciones que propician la tortura y los malos tratos, para que actúe contra el racismo y la xenofobia y para que investigue con prontitud e imparcialidad todas las denuncias de tortura. El CAT que ha examinado el cuarto informe periódico de España sobre su aplicación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ha expresado una especial preocupación por las denuncias de violación y abusos sexuales, malos tratos a niños sin el debido acompañamiento durante los procedimientos de expulsión así como por otros casos de malos tratos contra inmigrantes. El Comité ha tomado nota de que España se ha convertido para los inmigrantes en un importante paso de entrada a Europa. No obstante, ha instado a las autoridades españolas a que incluyan "la discriminación de cualquier tipo" entre los supuestos que definen la tortura en el Código Penal español. El Comité también ha expresado su "profunda preocupación" ante la posible detención en régimen de incomunicación durante períodos de hasta cinco días. Si bien, es consciente de las dificultades que entraña para un Gobierno que se enfrenta a "actos graves y frecuentes de terrorismo y violencia criminal", recuerda, no obstante, que el régimen de incomunicación propicia la tortura y los malos tratos. El CAT también llama la atención sobre la excesiva duración de la investigación en las denuncias de tortura y malos tratos, la falta de interés de las autoridades a la hora de iniciar expedientes disciplinarios contra funcionarios, y las duras condiciones a las que se ha sometido a algunos reclusos. Amnistía Internacional destaca las recomendaciones del CAT que hacen referencia a la grabación en vídeo de los interrogatorios de la policía como medio para proteger tanto al detenido de torturas y malos tratos, como a los funcionarios de ser falsamente acusados de tortura; a que los exámenes médicos de los detenidos en régimen de incomunicación se realicen de forma conjunta por un médico forense y un facultativo de la confianza del detenido, y que se abran expedientes disciplinarios contra funcionarios públicos acusados de tortura o malos tratos independientemente de la fase en que se encuentre el procedimiento judicial contra los agentes de policía acusados. "Desgraciadamente, la declaración del Gobierno en su informe al Comité contra la Tortura según la cual los casos de tortura o malos tratos son 'muy aislados' en España, se aparta mucho de la verdad", ha declarado Amnistía Internacional. La organización de Derechos Humanos ha documentado gran cantidad de denuncias detalladas de tortura y malos tratos, muchas de las cuales se originan en comprobaciones de identidad realizadas por la policía siguiendo pautas raciales. En el informe que ha sometido al CAT, Amnistía Internacional también ha destacado que la violación o los abusos sexuales graves cometidos por funcionarios públicos o con su consentimiento, siempre deberían ser calificados de tortura; el Código Penal español debería ser ampliado conforme a la Convención, que prohíbe estos actos cometidos sobre la base de cualquier tipo de discriminación. Amnistía Internacional ha instado a las autoridades españolas a que introduzcan normas estrictas para la inscripción, traslado y custodia de detenidos con el fin de protegerlos de intenciones delictivas por parte de agentes de policía o Guardias Civiles. También recomienda emprender una política activa de contratación que permita la custodia de mujeres detenidas por parte de mujeres policías o guardias civiles. La organización de Derechos Humanos aprovecha la oportunidad para acoger con agrado los informes que indican la disminución, en los últimos meses, de las expulsiones y malos tratos a menores extranjeros no acompañados. "Sin embargo, seguiremos investigando las denuncias de malos tratos, incluidas las de acoso sexual, en algunos centros de recepción de menores" declaró Amnistía Internacional. Información General Amnistía Internacional ha instado en repetidas ocasiones a las autoridades españolas a que cumplan con las normas internacionales sobre el cuidado y protección de menores extranjeros no acompañados - especialmente a la vista de las recientes denuncias de malos tratos y expulsión ilegal de menores marroquíes en Ceuta y Melilla. En abril de 2002, la organización publicó un informe sobre torturas y malos tratos de índole racista cometidos por funcionarios públicos. El informe, titulado Crisis de identidad, está disponible en Internet en: http://www.ponteensupiel.org/ |
Rebelión - 21 de noviembre del 2002
La ONU recrimina a España por prácticas de tortura
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Juan Gasparini - Argenpress El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, que vigila el cumplimiento de la Convención en la materia, le encargó ayer martes a España en Ginebra que mejore la legislación, y le hizo observaciones que son motivo de preocupación. España sometió un informe escrito y debió responder a preguntas de los diez expertos de este órgano de la ONU la semana pasada. Las ONG acreditadas fueron escuchadas por el Comité en reuniones por separado. Le correspondió al relator de este Comité para el examen español, el chileno Alejandro González Poblete, leer las cuatro carillas en audiencia pública. Indicó que España "proporciona poca información acerca de la aplicación practica de la Convención". Estimó que si bien el Estado debe "proteger a sus ciudadanos de la violencia y el terrorismo criminal ", esa "legítima reacción debe ser compatible con que en ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales como justificación de la tortura". La ONU mostró inquietud, además, por la "dicotomía" entre la afirmación del Gobierno que en España no se practica la tortura, "y la información recibida de fuentes no gubernamentales, que revela la persistencia de casos de tortura y malos tratos por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado". Al respecto, González Poblete añadió las denuncias "de abuso sexual y violación contra inmigrantes supuestamente por motivaciones racistas o xenófobas". El comité critico también las disposiciones de la detención incomunicada hasta un máximo de cinco días para los detenidos por delitos graves, porque "independientemente de los resguardos legales para decretarla, facilita la comisión de actos de tortura y malos tratos". Manifestó asimismo preocupación por "la prolongada dilación de la investigaciones judiciales respecto a denuncias de tortura", por la abstención de la administración, en ciertas ocasiones, "de iniciar procedimientos disciplinarios cuando hay un proceso penal en curso, a la espera del resultado de la acción penal", lo cual puede facilitar la prescripción de infracciones de tortura. Fustigó al propio tiempo los casos de malos tratos en el transcurso de ejecución de mandatos de expulsión y "las severas condiciones de reclusión de los presos clasificados en el denominado Fichero de Internos de Especial Seguimiento (FIES)", porque parecería "que las condiciones materiales de reclusión y, en especial, la de privación sensorial que sufren estos internos, estarían en contradicción con métodos de tratamiento penitenciario dirigidos a su readaptación". Para garantizar el respeto de la Convención, la ONU le propone a España que tipifique el delito de tortura en mejor adecuación para con el texto del Tratado. Le pide que estudie la posibilidad de que se graben en video los interrogatorios policiales de los detenidos por cargas penales graves y que el control forense de estos se amplié a un medico de confianza de la persona privada de su libertad. A su vez le recuerda que debe "realizar investigaciones prontas e imparciales y enjuiciar a los presuntos autores" de torturas, y si corresponde "sin perjuicio de su suspensión a la espera del resultado de la acción penal", abriendo sumarios "disciplinarios". Finalmente el Comité alienta a España a que los procesos de expulsión, "en particular de menores, sean conformes a la Convención", y que difunda todas estas consideraciones a lo largo del país "y en todos los idiomas que proceda".[...] Juan Gasparini es colaborador de CNN en español Más información en Equipo Nizkor: Texto de las conclusiones y recomendaciones del Comité contra la Tortura de la ONU tras el examen del cuarto informe presentado por el Estado español:
El texto del informe presentado por España se encuentra en:
Informe alternativo del Equipo Nizkor:
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