Se concretó por orden de una jueza y a pedido de un asesor de menores. La medida obligó al traslado de diez menores detenidos.

Una denuncia por "torturas" contra un menor de edad detenido en la comisaría de La Horqueta - partido de San Isidro- provocó ayer que los calabozos de esa seccional fueran clausurados por la Justicia.

La orden partió de la jueza de Menores Mirta Ravena Godoy a raíz de un pedido del asesor de Menores de San Isidro Carlos Bigalli, quien en otras oportunidades denunció el maltrato a chicos en las comisarías de la zona norte del conurbano.

La medida tomada ayer -que obligó al traslado de diez detenidos- no es nueva en la zona.

Este año la jueza María Cristina Piva de Argüelles clausuró las celdas del Destacamento Policial de La Lonja (partido de Pilar), también luego de una denuncia por torturas.

Y el juez de Menores Néstor Cámere hizo lo mismo con los calabozos de otra comisaría del partido de San Isidro.

Tampoco es una novedad los casos de torturas a adolescentes en las seccionales bonaerenses, pero -pese a las los reclamos de funcionarios judiciales y organismos de Derechos Humanos- las denuncias no se detienen.

La gravedad de la situación es tal que, en su último informe sobre la Argentina, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas apuntó sobre el tema.

"El comité expresa su profunda preocupación por la violencia institucional y las torturas y maltratos a chicos en comisarías, que, en algunos casos, han terminado en muertes. También está extremadamente preocupado por los casos de brutalidad policial, específicamente en el fenómeno de "gatillo fácil" en la provincia de Buenos Aires", dice el documento difundido por Naciones Unidas el 4 de octubre pasado.

Los miembros del Comité se basaron en una serie de antecedentes registrados desde fines de 2000. En agosto de ese año el defensor Carlos Bigalli denunció ciento cincuenta y nueve casos de torturas y apremios ilegales a menores reportados en apenas seis meses en un total de treinta y tres comisarías.

Su informe fue respaldado por la Corte Suprema Bonaerense que en una acordada le exigió al entonces Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, el comisario Ramón Oreste Verón, que "evite la reiteración" de casos de torturas contra menores.

El escándalo generó que en setiembre de 2000 se creara un registro de denuncias a cargo de la Subsecretaría de Patronato de Menores de la Corte que, a mayo de 2001 ya había contabilizado setecientas treinta y ocho denuncias: sesenta y nueve de los casos de torturas habían sido denunciados por chicos internados en institutos de menores; el resto, seiscientos sesenta y nueve, apuntaban a comisarías.

Pero la situación no se modificó y en octubre de 2001 la Corte Bonaerense sacó una segunda acordada donde subrayaba que las denuncias de torturas a menores de dieciocho años ya llegaban a mil.

También hizo hincapié en sesenta casos de chicos muertos por la Policía en enfrentamientos.

Y subrayó algunos especialmente graves: la de los adolescentes que luego de hablar sobre torturas en comisarías terminaron asesinados, poco después, en dudosos enfrentamientos con la Policía.

Clarín

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