En los tres años posteriores a la vuelta del Gobierno civil en Nigeria, los intentos de las fuerzas de seguridad de erradicar la criminalidad y el número de conflictos entre las diferentes comunidades han provocado la muerte de miles de personas. En muchas ocasiones, esta violencia parece haberse desatado con la connivencia del Gobierno, incluso con una abierta complicidad.

En un nuevo informe sobre Nigeria titulado Fuerzas de seguridad en Nigeria: ¿servir para proteger y respetar los Derechos Humanos?, Amnistía Internacional afirma:

"La policía federal y las fuerzas armadas son responsables de violaciones regulares de los Derechos Humanos en el ejercicio de sus actividades policiales. Estas violaciones van desde las ejecuciones extrajudiciales hasta la muerte bajo custodia, la tortura y el trato cruel, inhumano y degradante".

En muchos casos, la tortura en las celdas de las comisarías acaba en muerte. La policía suele atribuir estas muertes bajo custodia a presuntos intentos de huida. Las víctimas se califican de "ladrones armados", para evitar cualquier simpatía del pueblo y para justificar la falta de acción por parte de los superiores del cuerpo, que apenas investigan estos casos.

Las ejecuciones extrajudiciales de los sospechosos que no están bajo custodia suelen estar relacionadas con operaciones de las fuerzas de intervención especiales, asignadas a las patrullas callejeras y de autopistas para controlar los robos a mano armada. También se producen en el transcurso de actividades violentas o ilegales por parte de miembros de las fuerzas policiales, incluyendo los puntos de control establecidos para recibir sobornos.

En un ámbito de preocupación generalizada por los índices de criminalidad, los puntos débiles del sistema legal han permitido a la policía designar de forma rutinaria a ciudadanos como "sospechosos de robo a mano armada u homicidio" sin pruebas sustanciales, lo que da lugar a largos periodos de detención - en la mayoría de los casos durante años -, sin que se presenten cargos ni haya juicio.

Las declaraciones que han realizado algunos funcionarios superiores de policía apoyan estas flagrantes violaciones de los Derechos Humanos.

El 11 de marzo de 2002, mientras visitaba el Cuartel General del Comando Lagos, el nuevo Inspector General de la policía, Tafa Balogun, instó a la policía nigeriana a disparar sin esperar la autorización de los superiores cuando se encuentren en "situaciones muy difíciles".

Amnistía Internacional afirma: "Los escasos resultados de la policía nigeriana en su lucha contra el crimen, las continuas acusaciones de violaciones de Derechos Humanos durante la aplicación de la ley, y el sentimiento de desconfianza que este cuerpo inspira entre los nigerianos han promovido la creación de grupos parapoliciales armados en todo el Estado. Unos grupos que de forma rutinaria ejecutan sumariamente, realizan detenciones ilegales e infringen torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes a los presuntos criminales".

La organización considera que el fin de la violencia criminal no depende exclusivamente de la voluntad de las autoridades federales de lanzar operaciones contra el crimen ni de acabar con la violencia de los grupos parapoliciales, sino que también depende de que las fuerzas de seguridad emprendan una reforma profunda para mejorar su eficacia a la hora de combatir el crimen, minimizar la corrupción dentro del propio cuerpo y demostrar que tienen un compromiso claro con los Derechos Humanos cuando realizan sus funciones de aplicación de la ley.

Los conflictos entre comunidades, probablemente la fuente más grave de violaciones de los Derechos Humanos en Nigeria, han provocado más de cinco mil muertes en los tres últimos años y siguen siendo un problema difícil de combatir.

En muchos casos, el Gobierno ha desplegado soldados para ayudar a la policía en su labor de pacificación en estos conflictos. Sin embargo, en dos ocasiones, la intervención por parte de los soldados ha tenido como consecuencia un abusivo uso de la fuerza e incluso ejecuciones extrajudiciales.

En noviembre de 1999, en Odi, del Estado de Baylesa, más de doscientas cincuenta personas fueron asesinadas por soldados, en venganza por el asesinato de doce policías.

El ejército mató, en otra ocasión, a más de doscientas personas en pueblos del Estado de Benue, entre el 22 y el 24 de octubre de 2001, en venganza por el asesinato de diecinueve soldados.

La organización ha afirmado: "El asesinato de los policías y soldados es un crimen y los presuntos responsables deberían comparecer ante la justicia. Sin embargo, nada puede justificar el desprecio hacia la vida humana que han manifestado las fuerzas armadas en estos dos sucesos".

Hasta la fecha, las autoridades militares no han juzgado a ningún miembro del personal militar por estas muertes. Lo que es peor, en marzo de 2001, el presidente Obasanjo declaró a una cadena de televisión local que no tenía motivos para disculparse por la "destrucción de la ciudad de Odi por parte de los soldados".

Amnistía Internacional afirma: "Esta declaración es una señal clara de que no hay una voluntad política de juzgar a los miembros de las fuerzas armadas responsables de las violaciones de los Derechos Humanos en Odi. Es una declaración peligrosa, que podría abrir camino a nuevas violaciones de Derechos Humanos".

La organización hace un llamamiento al Gobierno federal para que garantice que los funcionarios encargados de cumplir la ley no recurran a la tortura ni infrinjan un trato cruel, inhumano o degradante a los detenidos, que no lleven a cabo ejecuciones extrajudiciales y que no abusen del uso de la fuerza.

Simultáneamente, todos los militares responsables de las masacres de Odi y Benue deben ser llevados ante la justicia, de acuerdo con las normas internacionales sobre Derechos Humanos y se les debe garantizar un juicio justo.

Amnesty International

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