Amnistía Internacional acoge con satisfacción el reciente decreto del presidente Omar al-Bashir, en el que ordena la designación de un comité que deberá lograr que la legislación sudanesa cumpla el Derecho Internacional Humanitario y crear mecanismos de implementación.

"El comité debe estar compuesto por expertos independientes especializados en legislación sudanesa y Derecho Humanitario. El Gobierno debe actuar con decisión y presteza para garantizar que se pone fin a los quebrantamientos del Derecho Internacional Humanitario y que la población civil está protegida", dijo Amnistía Internacional.

Este anuncio tiene lugar en el contexto de un proceso de paz promovido internacionalmente para poner fin a la guerra civil en Sudán, que en veinte años ha costado la vida a unos dos millones de personas y ha dejado a alrededor de 4,5 millones de sudaneses sin hogar, viviendo en la pobreza como refugiados o desplazados internos.

Amnistía Internacional ha pedido que el respeto de los Derechos Humanos constituya el núcleo de cualquier posible acuerdo de paz.

El comité ordenado por el presidente al-Bashir todavía no ha sido designado y tendrá también la obligación de "hacer cumplir las estipulaciones del Derecho Internacional Humanitario".

El Derecho Internacional Humanitario, recogido en los Convenios de Ginebra y otros documentos, tiene por objeto limitar el sufrimiento de los civiles en situaciones de conflicto armado.

Permite ciertas actuaciones militares siempre y cuando no inflijan un daño innecesario a la población civil ni a quienes no intervienen de forma activa en las hostilidades.

El Gobierno de Sudán ratificó los Convenios de Ginebra en 1957. Sin embargo, durante el conflicto entre el Gobierno y el Movimiento / Ejército de Liberación Popular de Sudán, tanto fuerzas del Gobierno sudanés como el Movimiento / Ejército de Liberación y milicias aliadas de ambas partes han violado a menudo las disposiciones de los cuatro Convenios de Ginebra.

Aunque el Derecho Internacional Humanitario prohíbe el homicidio de civiles, la tortura, el desplazamiento y la destrucción de las propiedades de civiles salvo en caso de absoluta necesidad militar, las dos partes implicadas en el conflicto han cometido tales abusos.

Las milicias aliadas al Gobierno también han actuado con impunidad, secuestrando civiles a los que han obligado a realizar trabajos forzados.

Ambas partes han reclutado niños para utilizarlos como soldados.

Según un informe reciente del Equipo de Vigilancia para la Protección de Civiles, creado el año pasado por Estados Unidos de común acuerdo con ambas partes para vigilar las muertes de civiles, en una serie de ataques realizados en las zonas petrolíferas del sur de Bentiu en enero de 2003, el Gobierno y milicias aliadas a él habían tomado a civiles como objetivo y habían capturado hombres y niños para obligarlos a alistarse en las milicias del Gobierno.

También se había secuestrado a mujeres para obligarlas a prestar servicios sexuales.

"Ya es hora de que el Gobierno de Sudán emprenda acciones concretas y eficaces para poner fin a estas prácticas ilícitas, que hasta ahora ha perdonado o favorecido", dijo Amnistía Internacional.

Al tiempo que expresaba su satisfacción por las acciones emprendidas para examinar y aplicar el Derecho Internacional Humanitario, referido a los conflictos armados, Amnistía Internacional también pidió al Gobierno sudanés que adoptara medidas para que su legislación cumpla las normas internacionales de Derechos Humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, en los que Sudán es Estado Parte.

En concreto, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que el derecho a la vida y el derecho a no ser sometido a tortura son derechos inderogables, que se deben proteger siempre. Ninguna circunstancia, ya sea el estado de guerra o de excepción, podrá ser invocada como justificación para violar estos derechos.

En este mismo sentido, la Carta Africana prohíbe a los Estados que deroguen las obligaciones contraídas en el tratado, incluidas las referentes a los derechos económicos, sociales y culturales, incluso durante estados de excepción.

"Muchas leyes sudanesas siguen contraviniendo por completo los tratados internacionales de Derechos Humanos que Sudán mismo ha ratificado", observó Amnistía Internacional.

"Por ejemplo, la Ley de Seguridad Nacional permite a las fuerzas de seguridad recluir a personas en régimen de incomunicación sin acceso a un juez durante periodos de hasta nueve meses, circunstancia que viola el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, según el cual, toda persona detenida debe ser llevada sin demora ante un juez", dijo Amnistía Internacional.

"Además, debe establecerse un comité de expertos independientes que no sólo vigile la legislación sudanesa, que permite violaciones flagrantes de las normas internacionales sobre detención, los procedimientos sobre juicios justos y la libertad de expresión, por nombrar sólo unas pocas, sino también la práctica, el modo en que estas leyes se aplican y la inmunidad que la ley otorga a los agentes de los servicios de seguridad que cometen abusos", añadió la organización.

Amnistía Internacional también está instando al Movimiento / Ejército de Liberación Popular de Sudán a que adopte medidas similares para garantizar que las leyes y prácticas de las zonas bajo su control cumplen las normas de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

Información general

Aunque con algunas intermisiones, en Kenia vienen celebrándose negociaciones de paz desde junio de 2002 bajo los auspicios de la Autoridad Intergubernamental de Desarrollo, la agrupación regional del África Oriental y observadores de Estados Unidos, Reino Unido, Noruega e Italia.

El 21 de febrero, Amnistía Internacional solicitó la creación de una comisión de investigación sobre el progresivo deterioro de la situación en Darfur, en el oeste de Sudán, donde un número cada vez mayor de civiles está muriendo en lo que el Gobierno califica de "conflictos tribales".

El Gobierno ha respondido convocando una conferencia entre los líderes de las tribus y el Gobierno para intentar solucionar la crisis de Darfur.

Las negociaciones de paz actuales no cubren el territorio de Darfur y ninguna fuerza de vigilancia ha investigado las recientes muertes allí acaecidas.

Amnistía Internacional ha subrayado sistemáticamente la necesidad de incluir mecanismos concretos como parte del proceso de paz para fortalecer la vigilancia de los Derechos Humanos, que también deberá abarcar las zonas en conflicto del este y el oeste de Sudán.

Amnistía Internacional (España)

Amnesty International

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