El asesinato, cometido el 24 de marzo, de Alexandre Martins de Castro Filho, juez del estado de Espírito Santo, no debe quedar impune si no se quieren socavar la lucha contra el crimen organizado y contra las violaciones sistemáticas de Derechos Humanos y el proceso mismo de la justicia brasileña, ha declarado Amnistía Internacional.

La muerte del juez Castro Filho ha venido precedida, según indican los informes, por una larga práctica de ejecuciones a manos de pistoleros a sueldo en Espírito Santo. La organización policial Scuderie Detetive Le Coq, a la que se cree relacionada con poderosos grupos políticos y económicos del Estado, ha sido acusada frecuentemente y desde hace mucho tiempo de estar implicada en homicidios tipo ejecución que sistemáticamente quedan impunes.

El juez Castro Filho arriesgó su vida en la lucha contra el crimen organizado y los escuadrones de la muerte de Espírito Santo. Su homicidio, tras persistentes amenazas de muerte, plantea serias dudas sobre la capacidad de las autoridades de proporcionar protección efectiva a cuantos participan en investigaciones relacionadas con el crimen organizado y con violaciones de Derechos Humanos, incluidos jueces, fiscales, policías de investigación, testigos y activistas locales de Derechos Humanos.

Amnistía Internacional aplaude los importantes éxitos cosechados por la delegación especial conjunta federal y estatal enviada a Espírito Santo para investigar las denuncias sobre actividad de escuadrones de la muerte y crimen organizado, éxitos que incluyen la detención de destacadas figuras políticas y agentes de policía.

No obstante, la organización teme que estos logros no se mantengan si los escasos miembros del poder judicial dispuestos a respaldar abiertamente la lucha contra la arraigada impunidad no cuentan con las condiciones necesarias para trabajar de manera independiente e imparcial, sin temor a sufrir ataques, represalias o difamación.

La preocupación de Amnistía Internacional es mucho más intensa teniendo en cuenta que la ejecución del juez Castro Filho vino precedida del homicidio del juez Antonio José Machado Dias, cometido en el estado de São Paulo hace menos de dos semanas.

Amnistía Internacional ha subrayado: "Tememos que este homicidio pueda estar relacionado también con el crimen organizado, lo que pondría de manifiesto los peligros a los que se enfrentan quienes están dispuestos a plantar cara a este insidioso problema y la incapacidad de las autoridades de hacerle frente".

La organización insta ahora a las nuevas autoridades estatales y federales a cumplir su promesa de poner fin al crimen organizado y a la impunidad de que gozan quienes violan los Derechos Humanos en Espírito Santo. Para ello deben:

- garantizar que se lleva a cabo una investigación inmediata, exhaustiva, efectiva e independiente sobre este homicidio y que se pone a todos los responsables a disposición judicial;

- poner en práctica, en colaboración con los miembros de la comunidad de Derechos Humanos, medidas para establecer una política general que garantice que los defensores de los Derechos Humanos pueden llevar a cabo su trabajo sin temor a represalias. También deben garantizar que los programas de protección incluyen a jueces, fiscales y otros funcionarios del Gobierno que sufren violaciones de Derechos Humanos a causa de su compromiso para con la protección de los Derechos Humanos, y también a los testigos, pero deben asegurarse de que dichos programas tienen en cuenta las distintas necesidades de los distintos sectores a los que abarcan;

- pedir al sistema federal de justicia que respalde la labor tanto de los fiscales y policías federales como de los jueces estatales de Espírito Santo, y que, como muestra inicial de dicho respaldo, dicte sentencia en la causa federal contra la Scuderie Detetive Le Coq, que lleva ocho años pendiente.

Información general

Amnistía Internacional lleva mucho tiempo documentando y denunciando los homicidios sistemáticos, las amenazas y la corrupción que durante años han azotado el Estado de Espírito Santo.

El año pasado, tras una presión constante de los defensores estatales y nacionales de los Derechos Humanos, apoyados por la condena de la comunidad internacional, las autoridades federales y estatales nombraron una delegación especial, que incluía a fiscales y policías federales, encargada de investigar las denuncias y proporcionar protección a los amenazados.

Este año, la detención del ex presidente de la Asamblea Legislativa, de un alto cargo de la policía y de un destacado empresario local indicó el aparente éxito de la delegación especial. Las nuevas autoridades federales y estatales, que ocuparon el poder en enero de este año, han subrayado su intención de continuar con el esfuerzo intenso y continuado para terminar con el crimen organizado, las violaciones de Derechos Humanos y la impunidad en el Estado.

Amnesty International

Amnistía Internacional (España)

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