El hostigamiento y violencia en contra de líderes campesinos ha aumentado en los últimos meses, y forma parte de una ola creciente de intimidación y violencia dirigida hacia el movimiento campesino en la capital y en las áreas rurales, declaró Amnistía Internacional.

"El nivel de tales amenazas aumenta mientras el problema de la escasez y la mala distribución de tierra se hace cada vez más grave en un contexto nacional de crisis cafetalera, y pobreza y hambruna rural."

En los últimos dos meses, Daniel Pascual, Juan Tiney, Rafael Chanchavac Cux, Gilberto Atz y Elizabeth Cabrera han recibido amenazas de muerte, asaltos, robos, allanamientos, hostigamiento e intimidación.

Durante dichos allanamientos, les robaron teléfonos celulares y documentación importante relacionada con la mayoría de los casos sobre los que las organizaciones están trabajando.

"El Gobierno guatemalteco debe adoptar medidas urgentes y eficaces para poner fin a los actos continuos de violencia e intimidación hacia los activistas campesinos," declaró Amnistía Internacional.

"Esta ola creciente de violencia e intimidación en contra de los integrantes de organizaciones campesinas, que ha incluido ejecuciones extrajudiciales, así como la impunidad generalizada con la que gozan los que las perpetúan, son claras violaciones a los derechos civiles y políticos."

"La ausencia de investigaciones amplias y eficaces, y de condenas posteriores debilitan, la credibilidad en, y la capacidad de, las instituciones que administran la justicia. Así, tales hecho representan una amenaza directa al Estado de Derecho," añadió la organización.

Históricamente, los activistas campesinos han sido blancos de represión y violencia. Dichos activistas han apoyado a las comunidades campesinas a reclamar o mantener la posesión de tierras que consideran suyas por ley. Estos grupos ejercen presión para que se apliquen los elementos referidos a los derechos sobre la propiedad de la tierra incluidos en los Acuerdos de Paz de 1996.

Los líderes e integrantes del Comité de Unidad Campesina (CUC), la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC) y la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC) han sido blancos de persecución desde su formación dado su trabajo sobre repartición de tierra.

Además, existen órdenes de detención contra Daniel Pascual, Juan Tiney y Gilberto Atz, junto con otros tres miembros de la dirigencia nacional campesina, por cargos de incitación a la usurpación de tierras y "usurpación agravada", cargos de los que los ha acusado la Cámara del Agro.

En este caso Amnistía Internacional esta preocupada por la posibilidad del uso de cargos penales y órdenes judiciales de motivación política.

Amnistía Internacional instó al Gobierno guatemalteco a garantizar la seguridad de todos los campesinos y activistas campesinos que trabajan sobre la repartición de tierra.

También, pidió que se asegure que los conflictos de tierra se resuelvan rápida y equitativamente. Las acciones de las fuerzas de seguridad relacionadas con los problemas de tierra, por ejemplo los desalojos, deben respetar los derechos.

"Si el Gobierno realmente quiere disminuir la ola reciente de violencia contra la población campesina, debe implementar los elementos de los acuerdos de paz relacionados con el acceso de la tierra y generar una política integral rural. Así, y solamente así, se hará frente a la discriminación y marginación social, política y cultural que impiden el desarrollo socioeconómico rural y que contribuyen a la cultural de violencia e impunidad," dijo Amnistía Internacional.

Amnesty International

Amnistía Internacional (España)

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