Un año después del fallido golpe de Estado del 11 al 14 de abril del 2002, en el que más de cincuenta personas perdieron la vida y muchas otras resultaron heridas, la clase política venezolana aún no ha asumido su papel en la tragedia ni ha asegurado que los responsables sean llevados ante la justicia, dijo hoy Amnistía Internacional.

"Es momento para que tanto el Gobierno como la oposición abandonen sus intentos de utilizar los acontecimientos del 11 de abril a favor de sus propias agendas políticas. Deben crear las condiciones necesarias para establecer los hechos, asegurar la justicia y que se proporcione reparación a las victimas."

"Tanto la reciente desestimación de los cargos de homicidio en contra de los acusados de disparar desde el Puente Llaguno como el no haber procesado a los elementos de la Policía Metropolitana involucrados en las muertes y heridas infligidas el 11 de abril, demuestran la debilidad de la investigación oficial y despiertan gran preocupación acerca de la capacidad del Estado para llevar a los responsables ante la justicia", continuó la organización.

Entre aquellos que murieron aquel día estaban Alixis Gustavo Bornones Sotelo y César Matías Ochoa.

El primero salió en la mañana para participar en la manifestación de la oposición y su familia nunca lo volvió a ver salvo su cuerpo muerto en la televisión.

El segundo, regresaba a casa de su trabajo como mesonero cuando fue disparado, al parecer, desde las filas de la Policía Metropolitana. Sus familiares y las demás víctimas de los hechos de abril aun están esperando que se haga justicia.

La investigación oficial ha llevado a cabo procedimientos de investigación importantes para identificar a los responsables. Sin embargo, Amnistía Internacional está gravemente preocupada por el hecho de que la determinación de la responsabilidad penal por los delitos continúa incierta.

Además, aunque ha habido ciertos avances en las investigaciones de los hechos del 11 de abril, las violaciones cometidas el 12, 13 y 14 no han recibido la misma atención y están en peligro de ser ignoradas tanto por los mismos investigadores como por el público.

"La investigación y el proceso judicial deben lograr la justicia para las víctimas y sus familiares para evitar que se repita el patrón de impunidad de otros casos notorios de serias violaciones de Derechos Humanos de la Historia reciente de Venezuela" dijo Amnistía Internacional.

"La impunidad de las violaciones de los Derechos Humanos deja a las víctimas y sus familiares sin justicia y alienta más violaciones. Esto sólo puede contribuir al clima de violencia debilitando el Estado de Derecho y los Derechos Humanos en Venezuela.

Para asegurar el éxito de las investigaciones las autoridades deben garantizar que todas las instituciones, incluyendo a las fuerzas policiales y la Guardia Nacional, presten su total cooperación a la investigación, y se asegure una cooperación transparente y eficaz entre la Fiscalía General de la República y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).

"Es esencial que ambos actores reciban el apoyo y recursos necesarios para realizar su trabajo en forma pronta y eficaz. El poder judicial debe también jugar un papel fundamental asegurando el manejo expedito, imparcial y efectivo de estos casos tan politizados, con estricto apego a las normas internacionales de Derechos Humanos. El ejecutivo y la legislatura deben asegurar el apoyo a las investigaciones, pero sin suscitar sospechas de influencia indebida en los resultados" dijo Amnistía Internacional.

"Si se ha de determinar la responsabilidad, tanto criminal como moral, por la violencia de abril del 2002, es también esencial que la oposición, incluso los medios de oposición, contribuyan a que los hechos se esclarezcan, aún cuando los resultados no necesariamente coincidan con sus intereses políticos inmediatos."

La propuesta de instaurar una comisión para establecer la verdad sobre las violaciones de los Derechos Humanos acaecidos en abril del 2002 no ha sido posible debido a la falta de acuerdo entre la oposición y el Gobierno sobre medidas para garantizar su independencia, imparcialidad y eficacia.

Otra posibilidad de asegurar una investigación imparcial y confiable, sería la participación de especialistas internacionales independientes, bajo los auspicios de la comunidad internacional. Su visita a Venezuela tendría el objetivo de evaluar la investigación realizada hasta ahora y proponer recomendaciones vinculantes. Tales mecanismos podrían llevar a la creación del espacio y la credibilidad necesaria para que la verdad sobre los hechos de abril del 2002 emerja de la actual polarización política que afecta el país.

"Uno de los retos de la investigación sobre los hechos de abril 2002 es aclarar los elementos que precipitaron la violencia y determinar responsabilidad por ellos, incluso la responsabilidad individual, los defectos institucionales, y el papel de la clase política. Desde abril del 2002, la crisis política que ha estado desestabilizando Venezuela ha precipitado actos de violencia en repetidas ocasiones. Esto actos han incluido el uso excesivo de fuerza por la policía y la Guardia Nacional en contra de manifestantes tanto pro-Gobierno como de la oposición. Un resultado de las investigaciones de esos hechos debe ser la reforma urgente de las prácticas y estructuras de la policía a fin de asegurar el imparcial cumplimiento de la ley, impedir el uso excesivo o indiscriminado de fuerza en las operaciones de la policía en estricto cumplimiento de los estándares internacionales de Derechos Humanos," dijo Amnistía Internacional.

"La realización de investigaciones imparciales y eficaces sobre las violaciones de los Derechos Humanos perpetradas en abril del 2002 y de incidentes posteriores son la única forma de reconstruir la confianza pública en la policía y el sistema judicial y de poner fin a la cultura de impunidad."

Antecedentes

Las tensiones económicas, sociales y políticas desencadenaron una huelga nacional indefinida, declarada el 9 de abril por los seguidores de la oposición - una alianza creada en torno al sector empresarial, el sindicato principal y las empresas privadas de comunicación - que exigía la renuncia inmediata del presidente Chávez.

El 11 de abril una multitud de manifestantes opositores al Gobierno se encontró con manifestantes partidarios del Gobierno cerca del palacio presidencial. En el enfrentamiento entre los manifestantes, la Policía Metropolitana y la Guardia Nacional murieron veinte personas por heridas de bala y más de sesenta resultaron heridas.

En la crisis resultante un grupo de militares de alto rango removieron del poder al Presidente Chávez y lo detuvieron. Siguiendo el Golpe de Estado, se estableció un Gobierno cívico-militar de facto dirigido por el líder de la oposición Pedro Carmona, presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras).

El Gobierno de facto dictó decretos draconianos y ordenó el cierre de la Asamblea Nacional y la destitución sumaria de los miembros de la Corte Suprema, el Fiscal General y el Defensor del Pueblo. La policía efectuó registros en los domicilios de varios simpatizantes del presidente Chávez. Entre las víctimas de detención arbitraria había un ministro y un diputado de la Asamblea Nacional.

La destitución inconstitucional y sumaria del presidente Chávez, la detención ilegal de sus seguidores y los poderes arbitrarios asumidos por el Gobierno de facto fueron objeto de una condena general.

Todo esto junto con los esfuerzos de los simpatizantes del Presidente Chávez para obtener su libertad y retomar el poder llevó el 14 de abril a la renuncia, del Gobierno de facto y el presidente Chávez volvió a asumir la presidencia.

Como consecuencia de los disturbios civiles registrados durante esos cuatro días, al menos cincuenta personas murieron y muchas más resultaron heridas. Desde entonces, el Gobierno y la oposición se acusan mutuamente de instigar la violencia para obtener provecho político.

La violencia política ha continuado durante el transcurso del último año, que ha resultado en la muerte de manifestantes a favor y contra el Gobierno. Esto mantiene bajo continua amenaza al Estado de Derecho y la protección de Derechos Humanos.

En diciembre del 2002 la oposición declaró un segundo paro nacional indefinido, que continuó hasta febrero del 2003. La tensión social y la violencia política aumentaron en el contexto del paro que tuvo graves repercusiones sobre la economía del país.

Las negociaciones entre el Gobierno y la oposición han continuado durante el año, dirigidas por César Gaviria, Secretario General de la Organización de los Estados Americanos.

Se formó también un grupo de "países amigos" para facilitar este proceso y ayudar a encontrar una solución negociada a la crisis política.

También puede consultarse la Agenda de Derechos Humanos en la crisis actual publicada por Amnistía Internacional en enero del 2003.

Amnesty International

Amnistía Internacional (España)

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