Amnistía Internacional - 20 de mayo del 2003

Jordania: se niegan a Toujan al Faisal
sus derechos fundamentales

Amnistía Internacional ha manifestado hoy su preocupación porque a Toujan al Faisal no se le permite presentarse como candidata a las próximas elecciones parlamentarias que se celebrarán en Jordania el 17 de junio.

La organización de Derechos Humanos ha declarado: "A Toujan al Faisal se le está negando su derecho a presentarse a las elecciones a causa de un juicio injusto al que fue sometida por expresar sus ideas políticas no violentas".

"Las autoridades jordanas se han comprometido a aumentar la representación de mujeres en las próximas elecciones. Sin embargo, están minando seriamente la legitimidad de las elecciones al restringir los derechos civiles y políticos de una mujer jordana que se ha atrevido a hablar claramente."

El gobernador de Amman y director del comité electoral, Abdul Karim Malahmeh, rechazó la solicitud de Toujan al Faisal alegando que ésta había cometido anteriormente un delito de carácter no político.

Sin embargo, Toujan al Faisal, la primera mujer jordana que llega a ser parlamentaria, fue condenada a un año y medio de prisión tras un juicio sin las debidas garantías celebrado ante el Tribunal de Seguridad del Estado el 16 de mayo del 2002.

La habían acusado de publicar material que se consideraba "perjudicial para la reputación del país y de sus ciudadanos" y de "empañar la reputación del Estado jordano".

Amnistía Internacional consideró entonces a Toujan al Faisal presa de conciencia, detenida exclusivamente por manifestar de forma no violenta sus ideas políticas.

Toujan al Faisal quedó en libertad mediante indulto real el 26 de junio del 2002, tras ponerse en huelga de hambre, pero el indulto no anuló su presunto delito.

Toujan al Faisal fue detenida el 16 de marzo del 2002 tras enviar al rey una carta por correo electrónico que se publicó en un sitio web. La carta, que acusaba al primer ministro de beneficiarse económicamente de una decisión gubernamental de duplicar los costes de los seguros de automóvil, se consideró "difamatoria para el Estado".