En un informe difundido el 2 de junio, la Inspección General del Departamento de Justicia de Estados Unidos confirma las conclusiones de Amnistía Internacional de que a cientos de ciudadanos extranjeros detenidos en las redadas posteriores al 11 de septiembre se los privó de derechos humanos básicos.

La mayoría de estos detenidos eran varones musulmanes originarios de Oriente Medio y del sur de Asia.

El informe se centra en setecientos sesenta y dos extranjeros, detenidos en el contexto de las investigaciones iniciales del FBI sobre los atentados del 11 de septiembre acusados de infringir las leyes de inmigración.

Ninguno de ellos ha sido acusado formalmente de estar relacionado con el terrorismo.

Aunque reconoce las dificultades a las que se enfrenta el Departamento de Justicia para responder a los atentados, la Inspección General ha detectado "problemas importantes" en el trato a los detenidos.

Entre sus conclusiones figuran las siguientes:

- A muchos detenidos se les negó la posibilidad de comunicarse sin demora con sus abogados o familiares. Se han producido continuos retrasos en la formulación de cargos; algunos de los detenidos pasaron más de un mes retenidos sin cargos o sin que se les notificaran las acusaciones formales de incumplir las leyes de inmigración.

- La suspensión de información significó que muchos detenidos permanecieron inicialmente en unidades de máxima seguridad sin que sus familiares o abogados tuvieran noticias de su paradero. En algunos casos, las autoridades negaron haberlos retenido durante ese periodo.

- El FBI tardó una media de ochenta días (y en algunos casos mucho más tiempo) en dar el "visto bueno" para que las autoridades de inmigración pusieran en libertad o trasladaran a los detenidos, dejando que se consumieran durante meses en centros de detención a pesar de no estar relacionados con el terrorismo.

- En el informe se criticaban las durísimas condiciones del Centro de Detención Metropolitano de Nueva York, en el que ochenta y cuatro detenidos permanecían encerrados durante veintitrés horas diarias, sometidos a restricciones en las visitas y en las llamadas telefónicas, y a los que se encadenaba con "esposas, grillos con pernos y pesadas cadenas" cada vez que abandonaban sus celdas.

- Según el informe, existen pruebas de que "algunos funcionarios de prisiones del Centro de Detención Metropolitano de Nueva York someten de forma habitual a malos tratos físicos e insultan a los detenidos en relación con los atentados del 11 de septiembre". Algunas de las prácticas denunciadas consisten en golpear a los detenidos contra la pared, y retorcerles brazos, manos, muñecas y dedos. De los cuatro casos remitidos al FBI para su investigación ninguno ha concluido en procesamiento. En el momento de redactarse este informe, la Inspección General estaba llevando a cabo una investigación sobre ellos.

Según informan los medios de comunicación, el Departamento de Justicia ha rechazado muchas de las críticas vertidas en el informe, alegando que ha actuado con arreglo a la ley.

No obstante, las autoridades han expresado su voluntad de tener en cuenta algunas de las veintiuna recomendaciones del informe para mejorar los procedimientos para el tratamiento de estos casos.

Amnistía Internacional considera positivo el informe en términos generales, aunque sigue siendo motivo de preocupación para la organización el hermetismo que rodea a las detenciones.

Algunos aspectos quedan fuera del ámbito de la investigación de la Inspección general; por ejemplo, no aborda la cuestión de las vistas de inmigración a puerta cerrada ni la detención de testigos esenciales (personas retenidas sin cargos para comparecer como posibles testigos en los procedimientos de un gran jurado).

En muchas de sus conclusiones, la Inspección general se hace eco de las preocupaciones que planteaba Amnistía Internacional en su informe de marzo de 2002 Motivos de preocupación de Amnistía Internacional respecto a las detenciones posteriores al 11 de septiembre en Estados Unidos.

Los retrasos en el acceso a asistencia letrada, en la notificación de cargos y en la puesta en libertad o traslado confirman los motivos de preocupación de Amnistía Internacional por la posibilidad de que se retuviera arbitrariamente a los detenidos y se los privara de los derechos que les corresponden en virtud de las leyes internacionales.

Amnistía Internacional estudiará en profundidad las conclusiones del informe. Entre tanto, la organización insta al Gobierno de Estados Unidos a que aplique las recomendaciones de la Inspección general, así como las incluidas en su propio informe.

Información general

La investigación de la Inspección General comenzó en marzo de 2002 tras las denuncias sobre el trato a los detenidos difundidas por las organizaciones de defensa de Derechos Humanos y los medios de comunicación.

Amnistía Internacional publicó en marzo de 2002 el primer informe exhaustivo sobre los detenidos y ha sido una de las organizaciones que ha facilitado información directamente a la Inspección General.

La investigación llevada a cabo por ésta se ha centrado fundamentalmente en los detenidos recluidos en la cárcel de Passaic, en Nueva Jersey, y en el Centro de Detención Metropolitano de Nueva York.

Una delegación de Amnistía Internacional visitó la cárcel de Passaic en febrero de 2002; sus conclusiones quedaron reflejadas en el informe de marzo de ese año.

Aunque a la organización se le ha negado la autorización para visitar el Centro de Detención Metropolitano, ésta reveló sus motivos de preocupación sobre las condiciones del centro en su informe de marzo y pidió la realización de una investigación completa y la adopción de medidas para poner remedio a la situación.

Amnesty International

Amnistía Internacional (España)

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