"Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes."
Artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada en 1948.

Madrid. Más de cincuenta años después de la proclamación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la tortura persiste y adopta nuevas formas, ha declarado hoy, 26 de junio, Amnistía Internacional, al presentar un nuevo manual titulado Contra la tortura: Manual de acción, en la fecha en que se celebra el Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo a las Víctimas de la Tortura.

La campaña y la lucha para erradicar todas las formas de tortura siguen siendo tan cruciales como siempre. Desde 1997 hasta mediados de 2000, Amnistía Internacional recibió informes sobre tortura o malos tratos ocurridos en más de ciento cincuenta países y sobre muertes a consecuencia de torturas en más de ochenta países.

Y en el último año, el Informe Anual 2003 de Amnistía Internacional, contiene informes concernientes a ciento seis países sobre casos de tortura y malos tratos infligidos por agentes del Estado".

"Es preocupante el hecho de que hoy en día no todos los países estén tomando medidas para erradicar todas las formas de tortura patrocinadas por el Estado, y que algunos de ellos incluso la estén fomentando, mientras otros cierran los ojos o permiten que otros países la practiquen en su nombre."

Israel, el único país del mundo que ha legalizado la tortura, modificó su legislación en 1999 pero dejó un resquicio legal: los interrogadores todavía pueden usar la tortura y eludir el procesamiento acogiéndose a la eximente de necesidad como defensa posterior a los hechos. Hasta la fecha, no se sabe que ningún agente de los servicios de seguridad israelíes haya sido enjuiciado por la comisión de torturas.

Contra la tortura: Manual de acción es una herramienta de inapreciable valor para todos aquellos que quieran comprender este fenómeno y luchar para erradicarlo en el siglo XXI.

El manual expone las normas y recomendaciones emanadas de las distintas instituciones de las Naciones Unidas, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes y otras fuentes de todas partes del mundo, así como las recomendaciones de Amnistía Internacional relativas a la prevención de la tortura y los malos tratos.

El manual tiene capítulos que tratan de la prohibición de la tortura en el Derecho Internacional, las salvaguardias que deben existir para las personas que se hallan bajo custodia, las condiciones de reclusión, la tortura en otros contextos y los medios de abordar la impunidad.

En una serie de estudios sobre casos concretos se destacan las medidas que se han adoptado con éxito para combatir la tortura en diversos países; asimismo, se ofrecen listas de control sobre las disposiciones contenidas en las normas internacionales y bibliografía complementaria. El manual ha sido elaborado en el marco de la campaña mundial de Amnistía Internacional contra la tortura.

Gran parte de las torturas y malos tratos observados por las organizaciones internacionales se han infligido a personas que han sido puestas bajo custodia por agentes del Estado. El Estado confiere a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley poderes de aprehensión y reclusión. Las personas que se hallan bajo custodia están expuestas al riesgo de que se abuse de estos poderes mediante una conducta violenta e ilegítima. El aislamiento del mundo exterior hace que aumenten las probabilidades de que esto ocurra.

Pero la tortura no sólo tiene lugar durante la detención: en todas partes del mundo, un gran número de presos están recluidos en condiciones que son perjudiciales para su bienestar físico y mental y pueden constituir una amenaza para su salud y su vida. Las condiciones como el hacinamiento, la deficiencia de las instalaciones higiénicas, la escasez de alimentos y medicamentos y la ausencia de contacto con amigos y familiares están lejos de ajustarse a las normas de las Naciones Unidas para el trato de los detenidos y reclusos. Por separado o conjuntamente, las peores condiciones pueden constituir malos tratos e, incluso, tortura.

Entre 1997 y 2000, Amnistía Internacional recibió informes sobre condiciones de detención crueles, inhumanas o degradantes en noventa países; tales condiciones estaban generalizadas en más de cincuenta países.

Las personas recluidas en instituciones para discapacitados mentales o para individuos que sufren otras formas de enfermedad o discapacidad también corren peligro de que les inflijan tortura o malos tratos.

Además, los actos de violencia cometidos por particulares pueden constituir tortura o malos tratos cuando su naturaleza y gravedad encajan en el concepto de tortura o trato cruel, inhumano o degradante expuesto en los instrumentos internacionales y cuando el Estado se ha abstenido de cumplir con su obligación de proporcionar protección efectiva.

Construir un mundo sin tortura

Los Gobiernos pueden hacer muchas cosas para fomentar la erradicación de la tortura y los malos tratos en otros países: a través de sus embajadas pueden observar la práctica de la tortura en un determinado país y plantear sus motivos de preocupación al Gobierno pertinente.

También hace falta que se den pasos para controlar el comercio de material utilizado para administrar torturas. Debe prohibirse la exportación de material destinado a la tortura y deben implantarse controles estrictos de la exportación de otros materiales usado por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a fin de asegurar que no se utilizará para infligir tortura o malos tratos.

"Lamentablemente, incluso en el siglo XXI sigue siendo preciso trabajar para cambiar las actitudes del público frente a la tortura. La tortura no puede justificarse jamás, y debemos seguir luchando para construir un mundo en el que se considere universalmente que la tortura no es aceptable", concluye Amnistía Internacional.

Información general

El acuerdo final sobre un nuevo tratado destinado a impedir la tortura, el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, fue un importante logro alcanzado en el año 2002.

Los Estados que son parte en este instrumento se comprometen a aceptar inspecciones de los lugares de detención a cargo de un grupo internacional de expertos, en colaboración con expertos nacionales, y a mejorar las condiciones conforme a las recomendaciones del Protocolo Facultativo.

Torturas en España

A finales de mayo de 2003, en una respuesta a una pregunta parlamentaria, el Gobierno español indicó que ningún organismo internacional había condenado a España por un caso de tortura o malos tratos.

Sin embargo, organismos internacionales como el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura, el Comité Europeo contra la Tortura, el Comité Europeo contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas o el Comité de los Derechos del niño han expresado su preocupación por el aumento de casos de tortura y malos tratos en España durante los últimos años.

Amnistía Internacional, a pesar de que no cree que en España se torture de forma sistemática, también ha mostrado su preocupación, en reiteradas ocasiones, por las numerosas denuncias de tortura y malos tratos a manos de agentes del Estado tanto a inmigrantes, personas de origen extranjero o miembros de minorías étnicas, así como a detenidos en régimen de incomunicación.

La organización también ha llamado la atención de la opinión pública por las denuncias de malos tratos en cárceles y el trato inhumano y degradante en centros de detención para inmigrantes así como por las afirmaciones de menores extranjeros no acompañados, la mayoría de origen marroquí, de que han sido maltratados y sometidos a abusos sexuales en algunos centros de acogida.

El Buque Escuela chileno Esmeralda hace viajes anuales de formación en los que visita puertos del mundo entero actuando como embajada "itinerante" de Chile. En abril de este año, el Esmeralda se embarcó en su viaje de formación número 48, con la intención de hacer escala en puertos de Latinoamérica y Europa, incluidos Alemania, Francia, Reino Unido y España. Estos viajes se han llevado a cabo tanto durante el Gobierno militar como en los años transcurridos desde que se volvió al Gobierno civil.

Con los años, Amnistía Internacional, como parte de su trabajo contra las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas en Chile durante el Gobierno militar, ha documentado y publicado testimonios de víctimas que han sido torturadas en el Esmeralda.

Una de esas víctimas era un sacerdote británico-chileno, Michael Woodward, que murió a consecuencia de las torturas que le infligieron miembros de las fuerzas de seguridad a bordo del Esmeralda.

En los últimos años, los medios de comunicación internacionales han mostrado un considerable interés en el Esmeralda y en Chile en general, a causa de la detención de Augusto Pinochet en Reino Unido en 1998 y de los procedimientos de extradición que se siguieron contra él.

Hasta la fecha, las autoridades no han reconocido la existencia de miles de víctimas que fueron torturadas durante el Gobierno militar y que sobrevivieron a su tormento, y que siguen pidiendo reconocimiento oficial y justicia; entre ellas hay personas que fueron torturadas en el Esmeralda. Tanto el gobierno de Chile como oficiales de alta graduación de la armada chilena siguen negando que se utilizaran buques e instalaciones navales como centros de tortura.

Amnistía Internacional insta al Gobierno y a la armada de Chile a reconocer las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas en el Esmeralda, a llevar a cabo investigaciones independientes e imparciales sobre todas las denuncias de tortura y otras violaciones de Derechos Humanos en instalaciones navales y buques durante el Gobierno militar, a llevar a los responsables de esos hechos ante la justicia y a indemnizar moral y materialmente a las víctimas y a sus familias.

Los sucesivos Gobiernos civiles han emprendido diversas iniciativas, como la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación y la Mesa de Diálogo sobre Derechos Humanos, para hacer frente al grave legado de violaciones de Derechos Humanos de Chile, pero ninguna de ellas ha incluido el grave delito de tortura, que en Chile tuvo un carácter generalizado y sistemático durante los años de Gobierno militar.

Información general

Desde 1975, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, se ha reconocido expresamente que todos los Estados deben investigar sin demora y con imparcialidad todas las denuncias de tortura.

Además, Chile, como Estado Parte desde 1988 en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y desde 1972 en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tiene la obligación legal de llevar a cabo investigaciones inmediatas e imparciales. Es más, el uso generalizado y sistemático de la tortura constituye un crimen contra la Humanidad, por lo que, en virtud del Derecho Internacional, no prescribe.

Si desean más información, consulten Chile: Torture and the naval training ship the Esmeralda

La policía tortura en Egipto con descargas eléctricas

"Me quitaron la ropa, me metieron un calcetín sucio en la boca y me echaron agua helada. Apenas podía respirar." Wa'el Tawfiq

Wa'el Tawfiq, miembro activo del Comité de Solidaridad del Pueblo Egipcio con la Intifada Palestina, fue detenido el 22 de enero de 2002 en la Feria Internacional del Libro de El Cairo, de donde se lo llevaron a la jefatura del Servicio de Información y Seguridad del Estado, en la Plaza Lazoghly, en El Cairo.

Allí lo sometieron durante dos días a descargas eléctricas y otras formas de tortura. Le vendaron los ojos y lo dejaron en ropa interior, tras lo cual, rodeado de cuatro agentes, recibió una brutal paliza a base de puñetazos y patadas. Después le aplicaron descargas eléctricas en la muñeca de la mano derecha.

Al día siguiente le metieron un calcetín sucio en la boca y le echaron por encima agua helada de unas botellas, lo que le causó graves dificultades para respirar.

Pese a que Wa'el Tawfiq presentó una denuncia pormenorizada sobre lo que le pasó, en la que afirma que puede identificar al menos a uno de los agentes que lo torturaron, las autoridades no han adoptado medida alguna para procesar a los responsables.

El 12 de abril de 2003, Wa'el Tawfiq fue detenido nuevamente, junto con varias otras personas, en un lugar desconocido de El Cairo, en relación con sus actividades de protesta contra la guerra.

De acuerdo con los informes recibidos, lo retuvieron varios días en la jefatura del Servicio de Información y Seguridad del Estado, donde, según se dijo, lo sometieron a tortura o malos tratos. Quedó en libertad a principios de junio de 2003.

La tortura como instrumento de terror en Guatemala

"...lo encontraron decapitado y le habían arrancado orejas, nariz y ojos." Así es como un testigo describió el cadáver mutilado del activista defensor de los Derechos Humanos Manuel García de la Cruz

Manuel García de la Cruz fue torturado y asesinado el 6 de septiembre de 2002. Cuando recuperaron su cuerpo, lo encontraron decapitado y le habían arrancado orejas, nariz y ojos.

Su muerte fue una brutal advertencia que se transmitió a los defensores de los Derechos Humanos, ya que se produjo tras meses de amenazas y actos de hostigamiento contra grupos defensores de los Derechos Humanos, como el asalto a las oficinas de la organización indígena de Derechos Humanos CONAVIGUA y otras organizaciones en julio de 2002.

Manuel García de la Cruz era activista de Derechos Humanos en la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA), organización que trabaja en favor de los Derechos Humanos de los pueblos indígenas.

Trabajaba con mujeres que habían perdido a sus seres queridos durante los años del conflicto armado guatemalteco, que se saldó con la muerte de más de doscientas mil personas, en su inmensa mayoría indígenas.

Participó en la exhumación de fosas comunes clandestinas y acompañó a las viudas ante los tribunales buscando justicia para las víctimas de lo que, como se ha reconocido ampliamente, constituyó un genocidio.

Actualmente se están presentando en Guatemala una serie de querellas contra ex miembros de los altos mandos militares guatemaltecos por genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la Humanidad.

Torturan y asesinan a activistas indonesios de Derechos Humanos

"No, no, aquí no..." Un mando militar indonesio ordena a sus hombres que eliminen a los cautivos que traían en cualquier sitio menos público que el control militar en el que habían detenido el vehículo.

Ernita binti Wahab, Idris Yusuf, Bakhtiar Usman y Nazaruddin Abdul Gani trabajaban con la organización Acción de Rehabilitación para las Víctimas de la Tortura en Aceh (Rehabilitation Action for Torture Victims in Aceh, RATA).

El 6 de diciembre de 2000 los capturaron unos catorce hombres que utilizaban vehículos sin distintivo alguno. Los hombres obligaron a los cuatro a salir, a punta de pistola, del vehículo en que viajaban. Luego los golpearon con culatas de rifle y les dispararon cerca de los pies. Después se los llevaron.

Unas tres horas más tarde se detuvieron, sacaron de los vehículos a Ernita binti Wahab e Idris Yusuf y los mataron de un tiro en la cabeza a quemarropa. Nazaruddin Abdul Gani logró huir. El cadáver de Bakhtiar Usman fue hallado posteriormente en el lugar de los hechos.

La investigación policial emprendida se saldó con la detención de cuatro civiles y cuatro soldados. Sin embargo, los cuatro civiles se fugaron en marzo de 2001 y los cuatro militares hubieron de quedar en libertad al expirar las órdenes de detención que se habían dictado contra ellos.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Indonesia (Komnas HAM) anunció en enero de 2001 que investigaría estas muertes, pero jamás llegó a constituirse el equipo de investigación.

Defensora de los Derechos Humanos hostigada y amenazada en Turquía

"Te estamos tomando las medidas para el ataúd." Amenaza telefónica de muerte recibida por la activista turca de Derechos Humanos Eren Keskin

Eren Keskin es abogada y activista de Derechos Humanos en Turquía. Su labor se centra en denunciar las torturas de que son objeto las mujeres que están presas en Turquía y es una de las fundadoras de una organización de asistencia letrada gratuita para mujeres que han sobrevivido a las agresiones sexuales sufridas estando bajo custodia oficial.

A causa de su trabajo, ha sido objeto de reiterados actos de hostigamiento, como amenazas telefónicas anónimas, disparos, la agresión de un agente de policía y detención arbitraria.

Eren Keskin ya ha hecho frente a ochenta y seis procesos judiciales contra ella por su actividad en favor de los Derechos Humanos. En uno de esos juicios se la acusaba de "insultar a las fuerzas de seguridad del Estado". En otro juicio la acusaron de difundir "propaganda separatista" tras participar en una mesa redonda de debate sobre Violencia contra la Mujer.

Por su parte, las autoridades turcas aún tienen que demostrar que realmente están dispuestas a recurrir a los tribunales para hacer que los torturadores rindan cuentas ante la justicia.

Abogado defensor de los Derechos Humanos torturado en Zimbabwe con electrodos

"Me pusieron los electrodos en los genitales, en los dedos de los pies y en la boca, y me dijeron: 'Con esta boca es con la que defiendes los derechos humanos ¿no?'"
Gabriel Shumba, abogado de derechos humanos

Gabriel Shumba es abogado y trabaja para la organización no gubernamental Foro de ONG de Derechos Humanos de Zimbabwe (Zimbabwe Human Rights NGO Forum), que presta asesoramiento y ayuda a multitud de víctimas de la tortura.

La policía lo detuvo el 15 de enero de 2003 junto con otras cuatro personas, entre las que se encontraba un parlamentario de la oposición. Cuando Gabriel Shumba compareció el 17 de enero ante el juez, se presentaron pruebas médicas que fundamentaban su denuncia de que lo habían torturado aplicándole descargas eléctricas con unos electrodos en la lengua, pies y genitales.

No se trata de un hecho aislado: Amnistía Internacional ha documentado en Zimbabwe toda una constante de actos de hostigamiento, detenciones arbitrarias y torturas. Los responsables rara vez comparecen ante la justicia, si es que alguna vez ha ocurrido.

Quienes denuncian las violaciones que se cometen contra los Derechos Humanos se exponen al peligro de acabar siendo ellos mismos detenidos y torturados. Quienes alzan su voz para que el poder judicial sea independiente son objeto de actos de intimidación. Los defensores de los Derechos Humanos en Zimbabwe temen por su seguridad y, en algunos casos, por su vida.

Para más información sobre la labor de Amnistía Internacional en torno al 26 de junio, Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, visite este sitio web

Amnesty International

Amnistía Internacional (España)

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