"El proyecto de ley que impide la reunificación familiar a los cónyuges palestinos de ciudadanos israelíes es profundamente discriminatorio, y los miembros del Parlamento deben rechazarlo", ha declarado Amnistía Internacional.

El Proyecto de Ley sobre Ciudadanía y Entrada en Israel niega a los ciudadanos israelíes casados con palestinos de Cisjordania y la Franja de Gaza el derecho a vivir con sus cónyuges en su propio país.

En la práctica, este proyecto de ley va dirigido contra los ciudadanos israelíes de origen palestino (que constituyen aproximadamente un veinte por ciento de la población de Israel), ya que ellos son los que contraen matrimonio con palestinos de los Territorios Ocupados.

Amnistía Internacional ha manifestado: "Es evidente que una ley que permite una discriminación racial tan flagrante amparándose en la etnia o la nacionalidad viola las normas y tratados internacionales de Derechos Humanos que Israel ha ratificado y se ha comprometido a respetar y defender".

Este proyecto de ley discrimina claramente a los ciudadanos israelíes de origen palestino y a sus cónyuges palestinos. Es escandaloso que el Gobierno lo haya presentado, y es terrible que el Parlamento haya aceptado acelerarlo, según ha añadido la organización de Derechos Humanos.

Si se aprueba, esta ley afectará a miles de parejas, tanto recién casadas como parejas que llevan años de matrimonio, cuyas solicitudes de permiso de residencia siguen pendientes. Hay parejas que llevan diez años o más esperando la reunificación familiar. Mientras tanto, se ven obligadas a vivir separadas, o el cónyuge palestino tiene que vivir en Israel sin permiso y con el riesgo de ser expulsado en cualquier momento.

El Gobierno ha alegado que el proyecto de ley tiene como finalidad hacer frente a la amenaza que para la seguridad constituyen los palestinos de los Territorios Ocupados.

Amnistía Internacional ha subrayado: "Las medidas de seguridad deben ser proporcionales y deben respetar las obligaciones contraídas por Israel en materia de Derechos Humanos. Israel no puede castigar a miles de familias, cuando tiene a su disposición muchas otras opciones para garantizar la seguridad".

Los efectos negativos de esta ley serían aún mayores para los palestinos que residen en Jerusalén Oriental y no tienen la ciudadanía israelí, pues sus cónyuges palestinos no podrán vivir con ellos en Jerusalén y ellos perderán su derecho a vivir en Jerusalén si se van a vivir con sus cónyuges a los Territorios Ocupados.

Información general

Los palestinos llevan mucho tiempo teniendo dificultades a la hora de obtener permisos para unirse a sus cónyuges en Israel. Esas dificultades se han ido incrementando progresivamente a lo largo de los años. Algunas parejas que llevan casadas diez años o más aún no han podido obtener la aprobación a sus solicitudes de reunificación familiar. Por ello, se ven obligadas a vivir separadas, o a que el cónyuge palestino viva en Israel sin permiso, con el peligro de ser detenido y expulsado en cualquier momento.

Desde que comenzó la Intifada, los permisos de residencia para cónyuges palestinos se congelaron en la práctica, y en mayo del 2002 el Ministerio del Interior israelí dictó una decisión administrativa que formalizaba esa congelación.

El gabinete israelí aprobó esta medida "en vista de la situación de seguridad y a causa de las consecuencias de la inmigración y el establecimiento en Israel de extranjeros de origen palestino, entre otras vías, mediante la reunificación familiar".

Posteriormente, el Gobierno presentó al Parlamento el proyecto de ley que aquí mencionamos, y cuya primera lectura el Parlamento aprobó el 18 de junio del 2003.

Está previsto que el proyecto sea debatido por el Comité de Asuntos Internos del Parlamento el 29 de julio del 2003, en un esfuerzo por acelerar el proceso y lograr que la ley sea aprobada antes de la suspensión estival de las actividades (que se iniciará el 3 de agosto).

Amnesty International

Amnistía Internacional (España)

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