VICTOR BALLINAS

A tres años de que el presidente Vicente Fox llegó al Gobierno "no se han llevado a cabo las reformas estructurales para garantizar los Derechos Humanos de los mexicanos"; es preocupante la situación de las garantías individuales en el país, señala el informe de la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH).

El documento, difundido por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (Limedh), fue presentado en ocasión de la 155 sección de la subcomisión de promoción y protección de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), efectuada ayer.

Sostiene el informe que en las regiones indígenas hay intensificación de conflictos por la tierra, por el control político y por el rechazo a la intervención oficial. También son frecuentes los hostigamientos del Ejército contra la población civil (patrullajes, retenes y detenciones).

Subraya la FIDH que se detectaron acciones de paramilitares emprendidas contra comunidades zapatistas, actos de intimidación contra defensores de los Derechos Humanos, de los derechos de los pueblos indígenas y de las mujeres.

Asimismo apunta que en el homicidio de líderes y simpatizantes zapatistas, "muchos de ellos torturados", la mayoría de los casos se califican de actos de delincuencia común, por lo que preocupa la postura de la Procuraduría de Justicia de Chiapas, que no realiza investigaciones suficientes y nunca o casi nunca identifica a los responsables.

Señala que la situación de los derechos humanos en Chiapas, Oaxaca y Guerrero presenta condiciones similares. En Oaxaca hay una precariedad de los derechos económicos, sociales y culturales, en especial vulnerabilidad hacia las indígenas.

El sistema carcelario presenta condiciones de hacinamiento y se violan las garantías individuales, pues los niños reciben trato indebido cuando acuden a visitar sus padres. "Recibimos denuncias de la persistencia de requisas efectuadas a niños y niñas sin la presencia de adultos. Y son persistentes los factores violatorios de las garantías individuales, como el déficit de la defensoría de oficio, amenazas a defensores, dilación procesal, el acopio de pruebas bajo la intimidación, la amenaza y la tortura, así como la ausencia de traductores y la estigmatización que criminaliza a los líderes de las comunidades".

La FIDH, la CMDPDH y la Limedh manifiestan haber recibido denuncias contra el programa Oportunidades, en particular por la esterilización forzada a mujeres beneficiarias.

También recibieron testimonios de la existencia de grupos paramilitares, que cumplen la función de delatar a los líderes de las comunidades, además de fabricar delitos.

En Guerrero, denuncia la FIDH, la fiscalía especial que investiga los crímenes del pasado tiene deficiencias e incongruencias que pueden contribuir a restringir el alcance de la lucha contra la impunidad en las graves violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en el periodo de la denominada guerra sucia.

Este organismo fue enterado de prácticas que limitan los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia, así como la existencia de grupos paramilitares que intimidan a las comunidades organizadas, a los testigos y a dirigentes sociales, así como a militantes del PRD, a quienes estigmatizan como guerrilleros.

Sostiene el informe que ninguno de los casos de violaciones graves a los Derechos Humanos ha sido resuelto, y que en muchos de ellos "durante el transcurso de las investigaciones se encubren los móviles políticos de algunos crímenes". Denuncia la persistencia de la tortura y la responsabilidad de la fuerza pública en hechos dolosos.

En el informe de veinticinco páginas, la FIDH señala que el Gobierno mexicano no ha adecuado su Derecho interno al Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos, y "no se han producido avances sustanciales que permitan superar las limitaciones que el marco constitucional impone a los derechos y garantías reconocidos a los pueblos indígenas en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)".

Asegura el FIDH que constató la persistencia de un malestar en las comunidades por la reforma constitucional de 2001 en materia indígena. Otras preocupaciones están relacionadas con la exclusión que afecta a los pueblos indios, y apunta que hay alarma e inseguridad en los indígenas por los proyectos Milenium, el Corredor Transoceánico -Oaxaca-Veracruz-, el Corredor Biológico Mesoamericano, el Plan Puebla-Panamá, el Proyecto Minero de la Montaña de Guerrero y el megaproyecto transístmico en Los Chimalapas.

Asevera la FIDH que la procuración de justicia se imparte en forma lenta, e insiste en que persiste la tortura, aunque las autoridades lo niegan y lo consideran como situación aislada. "Esto constituye un aliento a la impunidad", concluye.

En octubre, el diagnóstico sobre la situación del país

El sistema de justicia es violatorio de las garantías individuales: expertos

Anders Kompas, representante en México de la Organización de Naciones Unidas (ONU), y el grupo de expertos que elaboran el diagnóstico sobre la situación de los Derechos Humanos en México anunciaron que dicho documento estará concluido en los primeros días de octubre.

El grupo de expertos subrayó que el problema está en la ley, porque algunas violaciones a los Derechos Humanos están amparadas en la propia Constitución. En conferencia de prensa, los expertos insistieron en que "el sistema de justicia del país es violatorio de los Derechos Humanos, de lo contrario no tendríamos por qué esperar otra cosa".

Coincidieron en que el mayor número de violaciones se da en los lugares más apartados y atrasados, y aseveraron que esta situación es responsabilidad de los poderes Ejecutivo y Legislativo, porque no han corregido esta situación en la Constitución.

Explicaron que una de las principales violaciones es que se da más valor a la confesión del inculpado ante el Ministerio Público, "con lo cual se pone de rodillas" al representante social.

Los expertos manifestaron su indignación por la manera en que la fiscalía especial y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal dieron a conocer las conclusiones de la investigación del crimen de la abogada Digna Ochoa. Kompas manifestó que es criticable que se quiera empañar la trayectoria de la gente que lucha por los Derechos Humanos.

Resaltaron que el diagnóstico que se realiza se basa en los informes de los relatores de Derechos Humanos de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que han visitado al país, de las comisiones de Derechos Humanos de los Estados y la nacional, así como estudios de académicos y de organismos no gubernamentales.

Manifestaron que ojalá el Ejecutivo asuma las recomendaciones que le van a entregar como producto del diagnóstico, que ya se encuentra en su segunda fase.

La Jornada

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