Hacia las cinco y media de la madrugada del 3 de julio de 2003, una unidad especial de la policía que al parecer buscaba a presuntos delincuentes así como pruebas de actividad delictiva, llevó a cabo varios registros simultáneos en el centro de tránsito para solicitantes de asilo e inmigrantes ilegales de Rain, en la localidad de Ennenda, y dos hogares para solicitantes de asilo en la localidad de Linthal, en el cantón de Glarus.

Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades del cantón de Glarus que garanticen la apertura inmediata de una investigación exhaustiva e imparcial sobre el presunto trato cruel, inhumano y degradante infligido a los extranjeros durante los registros policiales, y que hagan públicas las conclusiones de dicha investigación con la mayor brevedad.

Todo funcionario que resulte responsable de haber cometido violaciones de Derechos Humanos debe comparecer ante la justicia y las víctimas de tales abusos deben recibir una reparación plena y adecuada.

Las investigaciones rápidas, exhaustivas e imparciales, realizadas de conformidad con las normas internacionales y cuyo alcance, métodos y conclusiones se dan a conocer, sirven para proteger la reputación de los agentes de policía que pueden ser objeto de acusaciones infundadas de malos tratos, así como para salvaguardar los intereses de quienes realmente hayan sido víctimas de malos tratos.

Se ha denunciado, entre otras cosas, que durante esos registros domiciliarios:

- los agentes de policía llevaban casco y gafas protectoras para ocultar su identidad;

- tras emplear martillos para derribar la puerta principal y las interiores, los agentes sacaron a rastras a los residentes de sus camas y en el suelo los ataron de pies y manos;

- a continuación encapucharon a los detenidos para que no vieran nada;

- a varios de los detenidos varones los despojaron de sus pantalones y su ropa interior, les colocaron un número en la espalda con cinta adhesiva y los fotografiaron desde atrás "en posturas sexualmente degradantes" mientras se reían de ellos;

- a todos los detenidos del centro de tránsito de Rain los encerraron posteriormente en una habitación durante varias horas, atados y encapuchados, y les prohibieron hablar;

- un muchacho de dieciséis años -solicitante de asilo que al parecer había huido de la guerra civil en su país de origen-, asustado por la redada, saltó desde la ventana de un tercer piso y sufrió lesiones graves en la espalda; según se ha denunciado, no recibió asistencia médica adecuada.

La policía de Glarus ha declarado que la operación se efectuó de manera "legítima" y "proporcionada". Amnistía Internacional tiene entendido que la policía también ha confirmado, entre otras cosas, que los agentes ataron a los residentes, los obligaron a desnudarse para efectuar registros corporales, les colocaron un número en la espalda, les prohibieron hablar entre ellos y los encapucharon para evitar el contacto visual. Pero ha negado que se fotografiara a ningún detenido en posturas sexualmente degradantes. También ha señalado que los agentes que participaron en la operación llevaban etiquetas que los identificaban como miembros de la fuerza policial.

Amnistía Internacional ha pedido que la investigación sobre la operación policial establezca si se respetaron las normas internacionales de Derechos Humanos. La investigación debería determinar, en concreto:

- si se cumplieron las normas europeas e internacionales sobre los derechos fundamentales de los detenidos, como son el derecho a no sufrir trato cruel, inhumano o degradante, el derecho a recibir asistencia médica adecuada sin demora y el derecho a unas condiciones humanas de reclusión;

- si las autoridades cantonales y federales pertinentes han transmitido a la policía la Recomendación General del relator especial de la ONU sobre la cuestión de la tortura emitida en 1995, según la cual la práctica de encapuchar y vendar los ojos a los detenidos debe estar prohibida;

- si las autoridades cantonales y federales pertinentes han transmitido a la policía el Código Europeo de Ética Policial, adoptado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa en septiembre de 2001. Dicho código establece, entre otras cosas, que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley normalmente deben "poder atestiguar, en intervenciones, su cualidad de miembro de la policía".

Como señala el Comité, "sin posibilidad de identificar al agente de policía concreto, la responsabilidad individual [...] resulta un concepto vacío" (traducción no oficial). Si los agentes no muestran en lugar destacado alguna forma de identificación, como el número de placa, no es posible identificar a los presuntos agresores, lo que les permite quedar en absoluta impunidad.

Amnesty International

Amnistía Internacional (España)

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