Amnistía Internacional, 4 - IX - 2003
Serbia y Montenegro:
deben investigarse las denuncias de tortura
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En un nuevo informe que se ha hecho público hoy, Serbia and Montenegro: alleged torture during "Operation Sabre" (sólo disponible en inglés), Amnistía Internacional detalla denuncias reiteradas de torturas a detenidos a manos de las fuerzas de seguridad. Durante la "Operación Sable" -una operación represiva en gran escala contra elementos del crimen organizado, que las autoridades consideran que está detrás del asesinato del primer ministro Zoran Djindjic, cometido el 12 de marzo de 2003- se practicaron miles de detenciones. "Creemos que el uso de la tortura y los malos tratos durante la "Operación Sable" fue generalizado, especialmente contra quienes eran considerados delincuentes de relativamente poco nivel; que se hizo ocultándolo de la opinión pública, y que no es probable que sus denuncias reciban mucha difusión", afirmó Amnistía Internacional. "Entre las torturas a detenidos a manos de las fuerzas de seguridad denunciadas incluyen la asfixia mediante la sujeción con cinta adhesiva de bolsas en la cabeza, palizas, descargas eléctricas en la cabeza y el cuerpo, y simulacros de ejecución." "Estas denuncias tienen suma gravedad y pedimos a las autoridades serbias que concedan a Amnistía Internacional y a otros grupos de Derechos Humanos acceso sin trabas para entrevistar en privado a cualquier detenido, a fin de poder determinar la auténtica escala del problema", ha declarado hoy la organización. En el informe se reconoce el papel positivo que la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) está desempeñando al ayudar a Serbia y Montenegro a superar sus dificultades para establecer el Estado de Derecho. Sin embargo, también se detalla la preocupación de Amnistía Internacional ante las declaraciones realizadas por ciertos altos funcionarios de la OSCE sobre la "Operación Sable", lo bastante generales como para que los medios de comunicación serbios las malinterpretaran como una negación de la existencia de violaciones graves de Derechos Humanos, sin que la OSCE lo haya desmentido en público. "Las preocupaciones por las posibles torturas y malos tratos a detenidos -muchos de los cuales permanecieron en régimen de incomunicación hasta sesenta días, en virtud de leyes introducidas tras el asesinato del primer ministro Djindjic- quedaron disipadas inicialmente por los informes sobre declaraciones atribuidas a altos funcionarios de la OSCE", afirmó Amnistía Internacional. Al parecer, muchas de las personas supuestamente sometidas a tortura o malos tratos por la policía tras la detención se sentían demasiado intimidadas para hablar abiertamente de lo sucedido, por temor a ser detenidas de nuevo o a ser víctimas de otras formas de presión oficial. Sin embargo, algunas hicieron declaraciones públicas, mientras las declaraciones de otras que siguen detenidas han sido difundidas por abogados o familiares. Amnistía Internacional pide: - Que se le conceda el acceso sin trabas a cualquiera de los detenidos, para entrevistarlo en privado; - Que la comunidad internacional realice una investigación de gran alcance para determinar la escala de las violaciones cometidas; - Que se realicen investigaciones inmediatas, exhaustivas, independientes e imparciales de todas las denuncias de tortura y malos tratos; - Que ningún enjuiciamiento se base en confesiones supuestamente obtenidas con torturas, malos tratos o coacciones; - Que los tribunales, en los casos de enjuiciamiento en los que la principal prueba sea una confesión, realicen una evaluación exhaustiva, incluido el examen detallado de todas las pruebas médicas, para determinar si la confesión se obtuvo con arreglo a las normas internacionales de imparcialidad procesal antes de admitirla como prueba en el juicio; - Que todas las víctimas de torturas y malos tratos reciban una compensación adecuada; - Que todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a los que se halle responsables de malos tratos sean sometidos a medidas disciplinarias, y acusados formalmente por la vía penal, en su caso; - Que todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley declarados culpables de torturas o malos tratos graves sean objeto de las sanciones penales apropiadas, y cesados de inmediato de la fuerza policial. Información general El 3 de abril de 2003, con ocasión de la adhesión de Serbia y Montenegro al Consejo de Europa, Amnistía Internacional expresó públicamente su preocupación porque algunos aspectos de las normas de emergencia introducidas tras el asesinato del primer ministro Zoran Djindjic podrían propiciar violaciones de Derechos Humanos. Amnistía Internacional pidió que todos los responsables del asesinato del primer ministro Djindjic comparecieran ante la justicia, pero subrayó que, para lograrlo, debían respetarse las normas internacionales, sin recurrir a la tortura. La organización expresó especial preocupación por las normas que permitían que el Ministerio del Interior detuviera a personas durante un máximo de treinta días sin acceso a un abogado ni a la familia, y sin que la detención fuera autorizada por un órgano judicial competente, lo que infringe las normas internacionales. El uso por la policía en el pasado de torturas y malos tratos (véanse República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro): persisten las torturas y malos tratos infligidos por la policía y Serbia y Montenegro: impunidad para los torturadores de la región de Sandzak debido a las lagunas jurídicas) y la legislación de emergencia que permite la detención prolongada en régimen de incomunicación suscitaron preocupación por el posible uso de la tortura contra los millares de detenidos en la "Operación Sable". El 11 de abril, la Asamblea serbia aprobó una serie de enmiendas a la Ley sobre Organización y Jurisdicción de las Autoridades Gubernamentales en la Supresión del Crimen Organizado, que vulneraban con más claridad aún las normas internacionales. En concreto, las enmiendas permitían que el Ministerio del Interior autorizase la detención por un máximo de sesenta días, sin autorización de un tribunal u órgano judicial. El 5 de junio, ante las críticas generalizadas provenientes de numerosos sectores, Amnistía Internacional entre ellos, el Tribunal Constitucional de Serbia resolvió que las enmiendas eran anticonstitucionales y las suspendió. Serbia y Montenegro es parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que prohíben la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes en todos los casos y circunstancias, al igual que el artículo 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que Serbia y Montenegro firmó al adherirse al Consejo de Europa. Si desean más información, consulten Serbia and Montenegro: alleged torture during "Operation Sabre" Documentos relacionados |