Amnistía Internacional - 12 de septiembre de 2003

Japón: la ejecución secreta
de un enfermo mental de 42 años
perpetúa una práctica cruel y arbitraria

La ejecución secreta en Japón de un preso de cuarenta y dos años, que según los informes, sufría un trastorno mental, es una afrenta a la dignidad del ser humano, ha dicho Amnistía Internacional.

Mukai Shinji fue ejecutado hoy 12 de septiembre en un centro de detención de Osaka. Condenado a muerte en febrero de 1988 por el asesinato de tres personas cometido en 1985, tenía agotados todos los recursos desde diciembre de 1996.

Según los informes, Mukai Shinji sufría problemas mentales y su abogado preparaba una apelación para conseguir un nuevo juicio.

Actualmente hay al menos cincuenta presos en Japón cuyas condenas a muerte han sido confirmadas por el Tribunal Supremo y que pueden ser ejecutados en cualquier momento.

"Las ejecuciones en Japón son arbitrarias y se llevan a cabo en secreto. Tras años en el pabellón de la muerte, se avisa a los presos sólo unas horas antes de su ejecución. Ni siquiera les permiten despedirse de sus familiares, y a los abogados nunca les notifican la decisión de aplicar la pena de muerte", ha afirmado Amnistía Internacional.

Los presos condenados a muerte suelen pasar muchos años en el pabellón de la muerte, soportando una considerable angustia. La semana pasada, un preso de ochenta y seis años, Tomiyama Tsuneki, murió de fallo renal tras haber pasado encarcelado treinta y nueve años, de los cuales más de treinta y seis estuvo condenado a muerte.

El Gobierno japonés siempre ha hecho caso omiso de las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos, órgano de dieciocho expertos legales creado en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos para vigilar su aplicación.

El Comité ha expresado durante años su honda preocupación por el número de delitos punibles con la muerte y ha reiterado su recomendación de que Japón tome medidas legales para abolir la pena de muerte en la práctica y en la legislación.

Este órgano también ha expresado una honda preocupación por las condiciones de los presos en el pabellón de la muerte, y ha llegado a la conclusión de que las restricciones excesivas para recibir visitas de familiares y abogados, así como el hecho de que no se les notifique la ejecución de los presos son incompatibles con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte. Es una violación del derecho fundamental a la vida, y la forma extrema de trato cruel, inhumano y degradante. "La pena capital -ha dicho la organización- es inhumana y debe ser abolida".

En Japón hubo una suspensión de hecho de las ejecuciones que duró más de tres años, de noviembre de 1989 a marzo de 1993, y contra la que no hubo una oposición significativa.

"El Gobierno japonés debe poner fin a todas las ejecuciones, conmutar todas las penas de muerte pendientes y tomar medidas para abolir la pena capital", ha instado Amnistía Internacional.

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