Amnistía Internacional - 3 de octubre de 2003

Filipinas: niños condenados a muerte,
violación del Derecho interno e internacional

Con motivo de la presentación, hoy, 3 de octubre de 2003, de su último informe, titulado Philippines. Something hanging over me: child offenders under sentence of death (sólo disponible en inglés), Amnistía Internacional ha manifestado que tanto la legislación filipina como el Derecho Internacional disponen claramente que los delincuentes menores de edad no pueden ser condenados a muerte ni ejecutados.

El Derecho interno filipino y la Convención sobre los Derechos del Niño, de las Naciones Unidas, consideran menor de edad al delincuente que tenía menos de dieciocho años en el momento de cometer el delito.

A pesar de estas disposiciones, al menos siete menores han sido condenados a muerte en Filipinas.

"Estas condenas no sólo infringen el derecho interno de Filipinas, sino que constituyen también un incumplimiento flagrante de los compromisos contraídos por el país en virtud del Derecho Internacional", ha señalado la organización de Derechos Humanos.

Filipinas es uno de los primeros países de Asia que ratificaron la Convención sobre los Derechos del Niño y tiene numerosas disposiciones internas que protegen los derechos de los niños.

Debería ser jurídicamente imposible imponer la pena capital a un menor, pero, según informes, Ramon Nicodemus, Saturani Panggayong, Roger Pagsibigan, Larina Perpinan, Elmer Butal, Christopher Padua y Ronald Bragas, todos los cuales tenían menos de dieciocho años en el momento del delito, están actualmente condenados a muerte.

"Acogemos con satisfacción la actual suspensión de las ejecuciones y reconocemos que las condenas de estos siete menores se están revisando. No obstante, nos preocupa el hecho de que se haya impuesto la pena de muerte y de que se haya tardado tanto en revisar las condenas, pues consideramos que constituye una grave infracción del Derecho Internacional de Derechos Humanos", ha manifestado Amnistía Internacional.

En su informe, la organización insta al Gobierno filipino a poner en práctica una serie de recomendaciones relativas a la pena de muerte y a su imposición a menores. Entre ellas figuran:

- Conmutar de inmediato toda condena de muerte impuesta a menores habiéndose probado que lo son.

- Modificar las condiciones de reclusión de acuerdo con las normas internacionales sobre detención de delincuentes menores de edad.

- Con carácter urgente, hacer cumplir estrictamente la legislación que prohíbe condenar a menores a muerte. Debe determinarse la edad de todo presunto delincuente acusado de un delito punible en Filipinas con la muerte antes de imponer la pena a fin de garantizar que no se condena a muerte a menores.

- Garantizar que la edad documentada del menor se pone en conocimiento de todas las autoridades judiciales y con funciones de custodia que entren en contacto con él y que se anota en el informe de la investigación de la custodia.

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