"De la horca a la silla eléctrica y de ahí a la inyección letal: ¿cuánto más van a disfrazarlo? Y cuanto más lo disfrazan, más feo es."

Palabras de un condenado a muerte de Estados Unidos

Con motivo del Día Mundial contra la Pena de Muerte, instituido por la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, Amnistía Internacional pide a las autoridades tailandesas, que el 19 de octubre de 2003 comenzarán a utilizar la inyección letal para ejecutar a los condenados a muerte en lugar del pelotón de fusilamiento, que declaren una suspensión de las ejecuciones y procedan a abolir la pena capital.

Las autoridades tailandesas han manifestado que el uso de la tecnología de la inyección letal es una medida más humana, que garantizará que se produzcan menos "accidentes "en las ejecuciones.

"Cambiar el método de ejecución no supone eliminar el carácter inhumano de la pena capital -ha señalado Amnistía Internacional-. Tanto si se dispara contra las personas como si se les inyectan substancias químicas, las ejecuciones serán siempre un homicidio judicial y una violación del derecho a la vida."

En Tailandia hay decenas de personas que podrían ser ejecutadas en cualquier momento, así como casi un millar de condenados a muerte, más que nunca, a juicio de Amnistía Internacional, en la Historia del país.

"Instamos al Gobierno tailandés a poner fin a las ejecuciones y a luchar contra la violencia sin necesidad de quitar la vida a nadie", ha añadido la organización.

Amnistía Internacional considera que toda forma de participación médica en la administración de la inyección letal constituye una violación de la ética profesional. La organización pide al personal médico que no participe en las ejecuciones e insta a las asociaciones de profesionales de la salud a que protejan al personal que se niegue a hacerlo.

Según informes, el número de condenados a muerte casi se ha triplicado en Tailandia en los dos últimos años, y la mayoría de los más recientes han sido declarados culpables de delitos relacionados con drogas. Las autoridades han anunciado reiteradamente su intención de acelerar la ejecución de los condenados por este tipo de delitos para combatir así el aumento de la producción y el tráfico de drogas.

En 2002, las autoridades tailandesas dijeron a Amnistía Internacional que, puesto que el país es una democracia, el uso de la pena de muerte constituye un reflejo de la opinión pública general, la cual la considera, según las autoridades, "una medida necesaria para disuadir a los delincuentes y para proteger los derechos de las víctimas y sus familias".

"Nada indica que la pena de muerte tenga especiales efectos en los índices de delincuencia como medida disuasoria -ha explicado Amnistía Internacional-. Si Tailandia desea avanzar realmente en la protección de los Derechos Humanos, debe adoptar una política contra la delincuencia que no viole estos derechos y, sumándose a la tendencia mundial, proceder a abolir la pena de muerte. Incluso los partidarios de ella admiten que es una pena irreversible y que la posibilidad de cometer errores judiciales en los juicios por delitos penados con la muerte entraña el riesgo de que se ejecute a inocentes. Tailandia no debe estar dispuesta a correr este riesgo."

Aunque varios Estados que han empezado a utilizarla sostienen que la inyección letal hace las ejecuciones más humanas, este método no produce necesariamente la muerte rápida e indolora que alegan sus partidarios.

En la primera ejecución con inyección letal llevada a cabo en Guatemala, el condenado tardó dieciocho minutos en morir. A los auxiliares médicos les costó encontrarle las venas, y su esposa y sus hijos oyeron todo el rato cómo sollozaba. Antes de la ejecución, la prensa y las autoridades locales dijeron que iba a ser indolora y más humana y que acabaría "en treinta segundos".

Un número creciente de expertos médicos y jurídicos de Estados Unidos también han expresado recientemente preocupación por la posibilidad de que la mezcla de substancias utilizada en la tecnología de la inyección letal deje al condenado consciente, paralizado, con sensación de asfixia y un fuerte dolor antes de morir.

Información general

En Tailandia hay sesenta y ocho personas condenadas a muerte que han agotado ya todos los recursos judiciales y están expuestas, por tanto, a ser ejecutadas en cualquier momento.

Otras novecientas cinco están pendientes de apelaciones interpuestas contra su condena.

Según informes, entre los condenados a muerte hay ciudadanos de Ghana, Hong Kong, Laos, Myanmar, Nigeria y Singapur, así como miembros de tribus tailandesas de las montañas, como los hmong y los yao.

La imposición de la pena de muerte es obligatoria en Tailandia por los siguientes delitos: asesinato premeditado, homicidio de un funcionario durante el desempeño de su cargo, regicidio y producción e importación de heroína.

Es optativa en el caso de delitos como robo, violación, secuestro, incendio provocado y colocación de bombas, insurrección, traición y espionaje, posesión de más de cien gramos de heroína o de anfetaminas, y secuestro de un avión.

En los dos últimos años la mayoría de las condenas de muerte se han impuesto por delitos de drogas, y un porcentaje considerable de los condenados a muerte del país han sido declarados culpables de delitos de este tipo.

En los juicios por delitos penados con la muerte se utilizan a menudo como prueba confesiones, a pesar de que los acusados sostienen en el tribunal que la policía ha hecho uso de la fuerza para obligarlos a confesar.

En Tailandia se reanudaron las ejecuciones en 1995, tras ocho años de suspensión. Desde entonces han sido ejecutadas al menos cincuenta personas por fusilamiento. En estos casos, el preso permanece de pie con las manos atadas a un poste, y le disparan desde detrás de una cortina.

A los condenados a muerte se les informa de su ejecución con tres horas de antelación, sin que tengan tiempo en muchos casos de ver a sus familiares por última vez.

Al adoptar la tecnología de la inyección letal, Tailandia sigue el ejemplo de diversos Estados de Estados Unidos, que fueron los primeros en utilizar este método de ejecución legal en 1977, así como de China, Guatemala, Filipinas y Taiwán, donde comenzó a utilizarse en la década de 1990.

A las personas que van a ser ejecutadas por medio de una inyección letal se las sujeta con correas a una camilla y se les inyecta, primeramente, un anestésico; a continuación, un agente paralizante, y por ultimo, cloruro potásico, substancia que hace que se les pare el corazón.

Si desean más información sobre los motivos de preocupación de Amnistía Internacional en relación con el uso de la tecnología de la inyección letal, consulten el informe La inyección letal: la tecnología médica de la ejecución, publicado el 30 - I - 1998 y una lista de países que han abolido la pena de muerte, publicada el 25 - III - 1999.

Amnesty International

Amnistía Internacional (España)

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