El Gobierno de Angola debe poner fin a los desalojos forzados masivos, ha manifestado hoy Amnistía Internacional en un nuevo informe titulado Angola: mass forced evictions in Luanda - a call for a Human Rights-based housing policy.

Más de cinco mil viviendas han sido demolidas tras expulsar de ellas a sus habitantes en tres operaciones masivas de desalojo llevadas a cabo entre 2001 y 2003.

"Los desalojos de las zonas de Boavista, Soba Kapassa y Benfica, en Luanda, fueron actos arbitrarios, llevados a cabo por la policía a punta de pistola y sin la debida consulta o notificación previa", ha señalado Amnistía Internacional.

Los desalojos forzados, como se conoce internacionalmente a los desalojos llevados a cabo sin el debido proceso, violan Derechos Humanos. Constituyen un incumplimiento de las obligaciones contraídas por Angola en virtud de tratados internacionales de Derechos Humanos en los que es Estado Parte. Menoscaban el derecho a una vivienda adecuada y suponen una intromisión arbitraria o ilegítima en la intimidad, familia y hogar de las personas.

Durante la primera semana de desalojos llevados a cabo en Boavista, dos personas murieron y muchas más resultaron heridas a causa de disparos de la policía. Según informes, los habitantes de las viviendas han dicho que durante estas operaciones algunos de ellos fueron golpeados por miembros de la brigada de desalojo y demolición del gobierno provincial. También se informó de palizas en Benfica y Soba Kapassa.

Millares de personas desalojadas de Boavista en 2001 estuvieron viviendo en simples tiendas de campaña hasta mediados de 2003, cuando cerca de la mitad de ellas fueron realojadas. La mayoría de las desalojadas de Benfica fueron realojadas, pero muchas se quedaron sin trabajo o sin poder ir a la escuela. Las de Soba Kapassa no recibieron ninguna indemnización en absoluto.

En el informe de Amnistía Internacional se examinan los desalojos de Luanda y la actual legislación angoleña a la luz de las normas internacionales de Derechos Humanos en que se reconoce el derecho a una vivienda adecuada y a no ser desalojado a la fuerza. También se sugieren en él estrategias para mejorar la protección contra los desalojos forzados y garantizar el derecho a una vivienda adecuada.

Amnistía Internacional es consciente de los esfuerzos del Gobierno angoleño por atender las necesidades de millones de habitantes de las ciudades que viven en asentamientos no planificados y sin acceso adecuado a servicios como agua potable, instalaciones sanitarias, escuelas y clínicas. No obstante, los desalojos forzados que se llevan a cabo a fin de dejar terreno libre para urbanizar o con cualquier otro propósito no constituyen una solución al problema.

"El Gobierno angoleño debe suspender de inmediato los desalojos masivos hasta que se adopte una política global de vivienda basada en los Derechos Humanos y se establezca un marco jurídico que permita entablar recursos efectivos" ha manifestado la organización.

Es esencial que las nuevas políticas y leyes se ajusten plenamente a las normas internacionales de Derechos Humanos. Como medida básica de protección contra los desalojos forzados, el Gobierno debe proceder de inmediato a conceder el derecho de continuidad legal de ocupación a quienes no lo tienen y, en cuanto sea posible, promulgar legislación para impedir el desalojo forzado.

La ley debe garantizar que en los casos en que los desalojos sean necesarios, se llevarán a cabo con todas las medidas de protección jurídica y de otra índole y siguiendo el debido proceso. El Estado debe proporcionar alojamiento alternativo a quienes no puedan encontrarlo por sí mismos.

Se puede consultar el informe completo en inglés o en portugués

Amnesty International

Amnistía Internacional (España)

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