Amnistía Internacional - 18 de noviembre de 2003
Uzbekistán: juicios sin garantías y ejecuciones secretas
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AI ha publicado hoy un informe sobre este asunto: Uzbekistán: juicios sin garantías y ejecuciones secretas. Amnistía Internacional cree que Evgeny Gugnin, Iskandar Khudoberganov, Nodirbek Karimov y Abror Isayev están en peligro inminente de ejecución. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) ha intervenido en su favor, instando a las autoridades de Uzbekistán a suspender las ejecuciones mientras el Comité examina las denuncias de violaciones de Derechos Humanos, incluida la tortura, en sus casos. Sin embargo, las autoridades de Uzbekistán no han prestado atención a este tipo de intervenciones en otros casos en el pasado, y han procedido a la ejecución de al menos nueve hombres. Abror Isayev y Nodirbek Karimov Abror Isayev y Nodirbek Karimov fueron condenados a muerte por el Tribunal Regional de Tashkent el 23 de diciembre de 2002 tras ser declarados culpables de matar a dos personas en mayo de ese año. Se encuentran actualmente en el corredor de la muerte de la prisión de Tashkent. Abror Isayev se había presentado voluntariamente ante la policía en mayo de 2002 como posible testigo, pero según los informes fue detenido y golpeado durante una semana para obligarlo a "confesar" el delito. Abror Isayev mantuvo siempre su inocencia. El otro encausado, Nodirbek Karimov, que admitió su participación en el homicidio, también denunció haber sido sometido a malos tratos cuando estaba en detención preventiva. Otros dos encausados fueron condenados a doce y veinte años de prisión, respectivamente. Existen firmes indicios de que Abror Isayev padece trastornos mentales desde que está en el pabellón de la muerte; según informes, las autoridades han hecho caso omiso de esos síntomas, lo cual constituye una violación de las normas internacionales y de la legislación nacional. Iskandar Khudoberganov Iskandar Khudoberganov y otros cinco encausados fueron juzgados en agosto de 2002 ante el Tribunal Municipal de Tashkent por "intentar derrocar el orden constitucional" y "crear un grupo ilegal". Iskandar Khudoberganov fue acusado además de los delitos castigados con la pena capital de "asesinato con premeditación y agravantes" y "terrorismo", acusado de recibir instrucción militar en Chechenia (en la Federación Rusa) y Tayikistán con el objetivo de derrocar el Gobierno uzbeko. Iskandar y los también encausados Bekzod Kasymbekov y Nosirkhon Khakimov declararon ante el tribunal que habían sido sometidos a torturas y malos tratos. Iskandar Khudoberganov dijo que los guardias rompieron varias denuncias, incluida la de tortura, que había intentado presentar por escrito cuando estaba en prisión preventiva. Un testigo de cargo, Farkhad Kadyrkulov, se retractó en el tribunal de una declaración efectuada con anterioridad ante la policía, aduciendo que lo habían presionado para que hiciera declaraciones falsas. El juez desestimó todas las denuncias de torturas y malos tratos, según los informes, acusando a los encausados de "inventar" las denuncias para "eludir la responsabilidad penal". Los seis acusados fueron condenados el 28 de noviembre de 2002, principalmente sobre la base de declaraciones obtenidas mediante torturas, según informes. Iskandar Khudoberganov fue condenado a muerte y a los otros cinco encausados se les impusieron penas de entre seis y dieciséis años de prisión. Las apelaciones contras las sentencias fueron rechazadas por el Pleno del Tribunal Municipal de Tashkent y el Tribunal Supremo. Iskandar Khudoberganov había sido detenido en Tayikistán y entregado a funcionarios policiales uzbekos el 5 de febrero de 2002, como sospechoso de haber participado en los atentados con explosivos que tuvieron lugar en Tashkent en febrero de 1999. El 12 de febrero de 2002 fue trasladado, según informes, del Ministerio del Interior a las dependencias del Servicio de Seguridad Nacional en Tashkent. Su familia no fue informada de la detención por un abogado designado por el Estado hasta el 18 de marzo de 2002, y no se le permitió visitarlo hasta el 5 de abril. En una carta filtrada a su familia, Iskandar Khudoberganov Iskandar informaba de que había sido torturado y se le habían administrado drogas en contra de su voluntad: "Me torturaron para obligarme a "confesar" todos los cargos que habían ideado. Si no hubiera firmado la "confesión", ya no estaría vivo. Todo en mi interior parece estar hecho añicos... En los sótanos del Ministerio del Interior... me ataron las manos a la espalda, me golpearon con porras y con sillas y me dieron patadas en los riñones. Me golpearon la cabeza contra la pared hasta que comenzó a sangrar. No me dejaron dormir... no me dieron comida, para obligarme a confesar. Decían: "Piensa en tu familia, en tu madre, en tu esposa, en tu hermana; piensa en su honor. Las traeremos aquí y las violaremos en tu presencia." Sólo entonces cedí y firmé lo que querían que firmase... Esperaba un juicio justo y por eso aguanté todos los sufrimientos y las torturas". Evgeny Gugnin El 28 de octubre de 2002, el Tribunal Municipal de Tashkent condenó a muerte a Evgeny Gugnin y a otro encausado, Ilkhom Karimov, originario de la ciudad de Kokand, en el valle del Fergana. Fueron acusados de haber robado y matado a una mujer y a un hombre en el apartamento de éstos en la capital, Tashkent, en abril de 2002. Otro encausado fue condenado a veinte años de reclusión en una colonia de régimen estricto. La condena a muerte de Ilkhom Karimov fue revocada en febrero o marzo de 2003 por una resolución judicial. Los tribunales han desestimado todas las apelaciones contra la condena a muerte de Evgeny Gugnin. Tamara Chikunova, presidenta de la organización de Derechos Humanos "Madres contra la Pena de Muerte y la Tortura", dijo a Amnistía Internacional: "Cuando estaban en detención preventiva, Gugnin y Karimov fueron severamente golpeados por funcionarios policiales." Y agregó: "Gugnin sólo confesó porque los agentes lo amenazaron con matar a su madre y a su hermano menor." INFORMACIÓN GENERAL Decenas de personas son ejecutadas cada año en Uzbekistán después de juicios sin garantías. Muchas de ellas han sido torturadas. Las "confesiones" obtenidas mediante torturas se usan de forma habitual como prueba en los juicios. El relator especial de la ONU sobre la tortura, que visitó Uzbekistán en noviembre y diciembre de 2002, afirmaba en su informe que "la abolición de la pena de muerte [en Uzbekistán] sería un paso positivo hacia el respeto de la prohibición de la tortura y otras formas de malos tratos." La corrupción es parte integrante de la investigación, el juicio y la apelación en muchos casos de pena de muerte. El mantenimiento de la pena de muerte en Uzbekistán está en el origen de las más graves y fatales consecuencias del deficiente sistema de justicia penal de Uzbekistán. El Gobierno de Uzbekistán ha mostrado desprecio hacia sus compromisos, legalmente vinculantes y contraídos de forma voluntaria, como Estado Parte en el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y ha procedido a la ejecución de al menos nueve hombres mientras sus casos estaban siendo examinados por el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Las ejecuciones se llevan a cabo en secreto en Uzbekistán, y a familiares y amigos se les niega la oportunidad de despedirse del preso. En muchos casos, los miembros de la familia desconocen durante meses, a veces incluso durante años, si su familiar está vivo o ha sido ejecutado. No son informados del lugar donde está enterrado su ser querido, por lo que no tienen un lugar en el que llorarle. Muchos buscan durante años con la esperanza de encontrar la tumba. El relator especial de la ONU sobre la tortura ha calificado el trato que reciben de "doloso y equivalente a trato cruel e inhumano". Los familiares de los sospechosos en casos en que puede imponerse la pena capital también han sido elegidos como blanco por las autoridades. Han sido tomados como rehenes para lograr la detención de los acusados, y han sido torturados, golpeados o amenazados de violación. Las prácticas corruptas de los funcionarios han tenido como consecuencia el despido de muchos de ellos de sus empleos, la pérdida de todas sus propiedades o la ruina económica. La Comisionada de Derechos Humanos de Uzbekistán, Sayora Rashidova, informó a Amnistía Internacional en 1998 que el Gobierno seguía una política de abolición gradual de la pena de muerte. El número de artículos del Código Penal que llevan aparejada la imposición de la pena de muerte se redujo de más de treinta en la fecha de la independencia de la Unión Soviética, en 1991, a cuatro en la actualidad. Sin embargo, adoptando una actitud que supone una violación de sus compromisos internacionales, las autoridades se han negado una y otra vez a publicar estadísticas completas sobre la práctica de la pena de muerte en el país, por lo que es imposible determinar si la reducción de artículos ha tenido alguna repercusión en el número real de penas de muerte. Algunas fuentes locales no gubernamentales creen que cientos de personas pueden estar en espera de ejecución cada año. También pueden consultar la versión completa de esta página. |