Amnistía Internacional - 8 de diciembre de 2003
Sudán:
menor condenada a flagelación por "adulterio"
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Intisar Bakri Abdulgader, de dieciséis años de edad, estudiante de enseñanza secundaria en la capital de Sudán, Jartum, ha sido condenada a recibir cien latigazos por adulterio. La fecha fijada para la ejecución de la pena, que constituye pena cruel, inhumana y degradante, es el 20 de diciembre. Intisar Bakri Abdulgader dio a luz a un hijo en septiembre, tras quedarse embarazada sin estar casada. En julio, estando Intisar en el séptimo mes de embarazo, el Tribunal de Distrito (/mahkama juz'iya/) de Kalakla, barrio del extrarradio de Jartum, la juzgó y condenó por este motivo. La joven interpuso un recurso de apelación, pero el Tribunal de Apelación confirmó la condena en agosto. Según informes, no se ha acusado formalmente al supuesto padre del niño, si bien éste deberá someterse a un análisis de sangre para determinar si efectivamente se trata de su padre. En virtud del Código Penal de Sudán (artículo 146), el delito de adulterio está penado con la muerte mediante lapidación del que lo comete, en caso de que esté casado, o con cien latigazos, si no está casado. En el artículo 145 del Código Penal se define el adulterio como el hecho de mantener relaciones sexuales con un hombre sin estar legalmente unido a él. INFORMACIÓN GENERAL El Código Penal sudanés, basado en parte en interpretaciones de la ley islámica, permite la imposición de penas como la flagelación y la amputación. En virtud del Derecho sudanés, a todas las personas residentes en el norte de Sudán, con independencia de que profesen la fe musulmana o la cristiana (como es el caso de Intisar Bakri Abdulgader), en caso de que infrinjan el ordenamiento se les aplicarán las penas previstas en el Código Penal sudanés, que son una interpretación de la ley religiosa. Las mujeres sudanesas acusadas de delitos tales como la venta no autorizada o la fabricación de bebidas alcohólicas son a menudo sometidas a juicios sumarios y flageladas inmediatamente después de dictarse condenada contra ellas. Normalmente, la ejecución de las penas impuestas a mujeres embarazadas acusadas de adulterio se pospone hasta después del parto. Si bien no adopta postura alguna con respecto a la ley islámica ni a ninguna otra ley religiosa, Amnistía Internacional considera que estas penas son castigos crueles, inhumanos y degradantes que no concuerdan con las obligaciones contraídas por Sudán en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Además, la imposición de este tipo de pena a un menor de edad contraviene la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, en la que Sudán es Estado Parte. El artículo 37.a de la Convención dispone que los Estados deben velar por que "ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes". En octubre de 2002, en sus Observaciones finales sobre el informe del Gobierno sudanés, el Comité de los Derechos del Niño recomendó que Sudán "[pusiera] fin a la imposición de castigos corporales, incluidas la flagelación, la amputación y otras formas de penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes a las personas que hubieren cometido delitos antes de cumplir los dieciocho años". Pueden consultar también la versión original de esta página. |