Amnistía Internacional - 12 de diciembre de 2003

Tailandia: al menos 64 personas
condenadas a muerte

Tras la ejecución de cuatro hombres el 12 de diciembre, Amnistía Internacional teme que haya al menos otras sesenta y cuatro personas condenadas a muerte en peligro de ejecución inminente, al haber agotado todos los recursos que dispone la ley una vez confirmadas sus condenas a muerte.

Boonlue Nakprasit, Panthapong Sinthusung y Wibul Panasutha fueron condenados por fabricar tabletas de metanfetamina. Panom Thongchanglek fue detenido en junio de 1999 y, según los informes, condenado por asesinato. Son los primeros en ser ejecutados mediante inyección letal, método que sustituyó al pelotón de fusilamiento en octubre de 2003.

Según la información de que dispone Amnistía Internacional, actualmente hay más personas condenadas a muerte en Tailandia que en ningún momento de su Historia. Al menos novecientas seis personas, muchas de ellas condenadas por delitos relacionados con las drogas, se enfrentan a una posible ejecución si pierden las apelaciones.

INFORMACIÓN GENERAL

Las autoridades tailandesas reanudaron las ejecuciones en 1995, tras una suspensión de ocho años. Durante los últimos seis han sido ejecutadas al menos cincuenta y cuatro personas.

En cinco de los casos, se avisó al condenado dos horas antes y no se le dio la oportunidad de ponerse en contacto con sus familiares. Los preparativos de las ejecuciones se retransmitieron por televisión, según los informes por órdenes del primer ministro.

El número de condenados a muerte en Tailandia casi se ha triplicado en los últimos dos años. Entre ellos hay muchos condenados por delitos relacionados con la droga y, según los informes, hay ciudadanos de Ghana, Hong Kong, Laos, Myanmar y Singapur, y miembros de las tribus de montaña de Tailandia, como la Hmong y la Yao.

Amnistía Internacional ha recibido informes creíbles de que la policía maltrata y tortura a los sospechosos para conseguir que confiesen cuando están en prisión preventiva. Las confesiones se utilizan frecuentemente como pruebas en los juicios por delitos punibles con la muerte, y los acusados han afirmado en los tribunales que la policía utiliza la fuerza para hacerlos confesar.

En las ejecuciones mediante inyección letal, al condenado se le ata a una camilla y se le inyecta una sustancia anestésica, seguida de un agente paralizante y por último cloruro potásico, que paraliza el corazón.

Las autoridades tailandesas han presentado la introducción de esta tecnología como medida humanitaria que garantiza menos "accidentes" durante la ejecución.

Sin embargo, en Estados Unidos son cada vez más los expertos en Derecho y en Medicina que han expresado recientemente su preocupación de que la mezcla de sustancias que se utilizan en la inyección puedan hacer que el reo quede consciente aunque paralizado y asfixiándose, y sienta un intenso dolor antes de morir.


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