Amnistía Internacional - 9 de enero de 2004

Reino Unido / Estados Unidos:
debe aclararse la suerte que correrán
los británicos recluidos en Guantánamo

Las autoridades británicas deben ponerse en contacto con los familiares de los británicos recluidos en Guantánamo para mantenerlos informados, y no dejar que la única información que reciban sean las conjeturas de los medios de comunicación, ha dicho hoy 9 de enero Amnistía Internacional.

En los medios de comunicación se ha publicado hoy que el embajador especial estadounidense para asuntos de crímenes de guerra, Pierre-Richard Prosper, ha indicado que algunos de los ciudadanos británicos bajo la custodia de Estados Unidos en Guantánamo podrían ser repatriados si se dan ciertas condiciones.

Si bien Amnistía Internacional celebraría la decisión de repatriarlos, a la organización sigue preocupándole que aún no haya habido ninguna confirmación oficial de esta información, y ha escrito hoy al ministro británico de Asuntos Exteriores, Jack Straw, para instarle a que aclare inmediatamente si se ha tomado alguna decisión sobre la suerte de estas personas.

"No es la primera vez que los medios de comunicación se han hecho eco de informaciones similares. Este tipo de conjeturas causan inevitablemente una gran angustia. Aunque los familiares de los detenidos británicos siguen sin saber absolutamente nada sobre ellos, algunos han recibido una avalancha de peticiones de los medios de comunicación para que expresen su reacción a la noticia."

Respecto a las condiciones para cualquier posible liberación, Amnistía Internacional reitera, como ya viene haciendo desde hace tiempo, que, si hay indicios razonables para sospechar que una persona ha cometido algún delito común reconocible, esta persona debe ser acusada y juzgada ante un tribunal que cumpla plenamente las normas sobre garantías procesales, sin posibilidad de que sea condenada a muerte, independientemente de dónde se celebre el juicio.

La cuestión de la vigilancia después de la repatriación es un asunto que compete claramente a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Amnistía Internacional insta a que cualquier medida que se tome tras la repatriación respete los Derechos Humanos, incluido el derecho a un juicio justo.

La mayoría de los detenidos británicos, junto con muchos cientos más de unas cuarenta nacionalidades, llevan recluidos dos años en la base naval estadounidense de Guantánamo, Cuba, en un agujero negro legal y sin acceso a tribunales, abogados ni familiares.

A Amnistía Internacional le sigue preocupando mucho la suerte de los recluidos en Guantánamo, que deben quedar en libertad salvo que sean acusados de algún delito común reconocible y juzgados con garantías.

Estas personas no deben ser devueltas a ningún país donde corran peligro de sufrir más abusos contra los Derechos Humanos.

A Amnistía Internacional le preocupa la suerte de seis extranjeros designados en julio de 2003 como los primeros que serían juzgados por una comisión militar en virtud de la orden ejecutiva firmada por el presidente Bush en noviembre de 2001.

Estas comisiones estarían facultadas para dictar sentencias de muerte y sus decisiones serían inapelables. Asimismo, estos órganos ejecutivos carecerían de independencia, y limitarían el derecho de los acusados a elegir abogado y a una defensa eficaz.

En las comisiones, las normas para la pertinencia y aceptabilidad de las pruebas serían menos estrictas que en los tribunales ordinarios, y se aceptarían pruebas extraídas bajo tortura o coacción.

Lord Steyn, juez del Tribunal Supremo británico, afirmó que estos juicios serían "un baldón para la justicia estadounidense".

Entre los seis designados en julio de 2003 por el presidente Bush hay dos británicos, Moazzam Begg y Feroz Abbasi, un australiano, David Hicks, y un yemení, Salim Ahmed Hamdan. Se desconoce la identidad de los otros dos, pero los informes indican que pueden ser un paquistaní y un sudanés.

A Amnistía Internacional también le preocupa que las autoridades británicas continúen negándose a hacer alegaciones en favor de los residentes británicos recluidos en Guantánamo.

"Los Gobiernos, incluido el británico -concluyó la organización-, deben defender vigorosamente los derechos de sus ciudadanos detenidos por otros Gobiernos, y al mismo tiempo deben denunciar firmemente cualquier violación del Derecho Internacional, aunque su autor sea un aliado. Es inaceptable que la suerte de los presos de Guantánamo parezca estar supeditada a consideraciones políticas o diplomáticas, y no a los principios universales de Derechos Humanos."


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