Argenpress.info, 28 - I - 2004
Brasil: asesinados tres fiscales
que investigaban el trabajo esclavo
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Tres fiscales del Ministerio del Trabajo de Brasil fueron asesinados hoy en Unaí, Estado de Minas Gerais, donde inspeccionaban haciendas en búsqueda de la explotación de trabajadores en condiciones similares a la esclavitud. La Policía Militar, al informar del hecho, expresó sus sospechas de que el crimen haya sido ordenado por hacendados de la región. El chofer del carro que conducía a los fiscales logró salvar la vida porque se fingió muerto después de resultar herido y está hospitalizado bajo escolta policial. Debido al incremento de la labor de los fiscales del Ministerio del Trabajo, el número de brasileños liberados el pasado año de condiciones semejantes a la esclavitud ascendió a cuatro mil ochocientos cincuenta y dos, más del doble que los dos mil trescientos seis favorecidos en el 2002. La secretaria de inspección del trabajo, Ruth Vilela, informó días atrás que en el 2002 se visitaron noventa y un establecimientos sospechosos de explotar trabajo esclavo y el número subió a ciento noventa y tres el año anterior, además de que 'el sistema es más eficiente y las personas están teniendo coraje para denunciar'. Asimismo destacó que el presupuesto para la fiscalización fue aumentado de 1,1 a 3,96 millones de reales (un millón trescientos cuarenta y seis mil dólares) este año, cuando además se iniciarán programas pilotos de reinserción de trabajadores rescatados en dos estados que son los mayores exportadores de mano de obra esclava. Recientemente la coordinadora nacional del Programa de Combate al Trabajo Esclavo de la Organización Internacional del Trabajo, Patricia Audi, dijo que ese organismo 'considera que la actuación del Estado brasileño ha sido importante y puede ser considerada una referencia internacional' en este aspecto. Resaltó acciones como la puesta en marcha del Plan Nacional de Erradicación del Trabajo Esclavo, la creación de un frente parlamentario en la Cámara de Diputados con igual objetivo y el establecimiento de juzgados itinerantes para actuar contra ese tipo de explotación en lugares a los que la justicia no llegaba. Audi destacó igualmente la divulgación por el Gobierno de una lista de cincuenta y dos empresas sancionadas por explotar trabajo esclavo, que en adelante no podrán recibir créditos de entidades estatales. En noviembre pasado la Cámara de Diputados ratificó un proyecto aprobado por el Senado que duplica las sanciones para quien explote trabajo esclavo, que pasan a ser de cuatro a ocho años de prisión, lo cual impide además que el condenado salga bajo fianza, como ocurría anteriormente. En el Congreso está pendiente de consideración una enmienda constitucional que permite la expropiación para reforma agraria de tierras en que sus propietarios exploten mano de obra esclava. |