Los autores de los crímenes contra la Humanidad y otros delitos graves cometidos en Timor Oriental durante 1999 escaparán a la justicia a menos que las Naciones Unidas actúen para cumplir su compromiso de hacerles rendir cuentas de sus actos, según han declarado Amnistía Internacional y el Programa de Vigilancia del Sistema Judicial (1) en un informe conjunto hecho público hoy.

Se establecieron dos procesos diferentes para investigar y juzgar a los individuos sospechosos de haber cometido infracciones graves del Derecho Internacional Humanitario y de las normas internacionales de Derechos Humanos en Timor Oriental en 1999, pero uno de ellos ha resultado tener defectos fundamentales y el otro es poco probable que concluya su tarea.

El informe, titulado Justice for Timor-Leste: The way forward, expone con detalle los problemas a los que se está enfrentando el Tribunal Especial de Derechos Humanos creado en Indonesia, y concluye que los problemas son tan serios, y los resultados de los escasos juicios celebrados tan poco satisfactorios, que no deben llevarse a cabo más procesamientos en Indonesia hasta que se realicen reformas fundamentales. Mientras tanto, la ONU debe tomar otras medidas para garantizar que no existe impunidad.

El informe examina también el proceso paralelo sobre delitos graves que se está llevando a cabo en Timor Oriental y que, pese a los progresos recientes, tiene pocas posibilidades de tener éxito en lo que se refiere a investigar exhaustivamente los sucesos de 1999 o procesar a los responsables.

El trabajo de la Unidad para Delitos Graves y de los tribunales especiales de Timor Oriental se está viendo obstaculizado por la escasa capacidad, el incierto compromiso del Gobierno de Timor Oriental para con el proceso, y, lo más importante, la negativa de Indonesia a cooperar con él.

Más de tres cuartas partes (281) de los 369 sospechosos acusados en Timor Oriental permanecen en libertad en Indonesia, ya que, hasta el momento, Indonesia se ha negado a entregarlos a Timor Oriental para que sean juzgados.

Amnistía Internacional y el Programa de Vigilancia del Sistema Judicial han manifestado: "En 1999, la ONU y los Gobiernos individuales expresaron su horror por la violencia vivida en Timor Oriental, pero cuatro años después el interés en apoyar las investigaciones y los procesamientos se ha desvanecido. Además, no parece estarse ejerciendo demasiada presión sobre Indonesia para que coopere".

Las dos organizaciones instan al Consejo de Seguridad de la ONU a hacer realidad su exigencia de justicia ampliando y aumentando su apoyo al proceso sobre delitos graves de Timor Oriental y explorando alternativas efectivas al Tribunal Especial de Derechos Humanos de Indonesia.

"Mientras la ONU da largas al asunto, los responsables de delitos graves cometidos en Timor Oriental andan libres y, en muchos casos, continúan en servicio activo en el ejército o la policía. Por lo tanto, no es de extrañar que el tipo de abusos, aunque no la escala, presenciados en Timor Oriental se haya repetido desde entonces en otros lugares de Indonesia."

Como primera medida, las dos organizaciones piden a la ONU que establezca inmediatamente un comité independiente de expertos que se encargue de evaluar los obstáculos técnicos y políticos que se oponen a la justicia en Timor Oriental. Este comité debe formular recomendaciones al Consejo de Seguridad de la ONU sobre qué otras medidas se necesitan para garantizar que se llevan a cabo, en el plazo más breve posible, investigaciones y juicios creíbles y efectivos.

Entre las opciones que se deben considerar seriamente se encuentra el establecimiento de un tribunal penal internacional, conforme recomendó la propia Comisión Internacional de Investigación para Timor Oriental de la ONU en enero de 2000.

Amnistía Internacional y el Programa de Vigilancia del Sistema Judicial instan también a los Gobiernos individuales a actuar proporcionando apoyo técnico y económico a la Unidad de Delitos Graves y a los tribunales especiales de Timor Oriental. Los Gobiernos también deben estar dispuestos a detener y extraditar a timoreses orientales acusados por la Fiscalía General de Timor Oriental o a procesarlos en sus propios tribunales.

Información general

El 30 de agosto de 1999, la población de la República Democrática de Timor-Leste (conocida como Timor Oriental) votó a favor de independizarse de Indonesia, en un referéndum organizado por la ONU.

En los meses inmediatamente anteriores y posteriores al referéndum, las milicias respaldadas por las fuerzas de seguridad indonesias llevaron a cabo una campaña sistemática de asesinatos, violencia e intimidación.

Se cree que unas mil cuatrocientas personas, en su mayoría partidarios de la independencia, fueron asesinadas, y un número no determinado de ciudadanos fueron víctimas de otras violaciones de Derechos Humanos tales como tortura y violación.

Más de un cuarto de millón de personas (aproximadamente un treinta por ciento de la población de Timor Oriental) fueron expulsadas o huyeron a través de la frontera con Timor Occidental hasta Indonesia, donde todavía permanecen unas veintiocho mil.

La Comisión Internacional de Investigación para Timor Oriental, establecida por la ONU, concluyó que se habían cometido violaciones graves de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, y recomendó la creación de un tribunal penal internacional.

Sin embargo, tanto el secretario general de la ONU como su Consejo de Seguridad aceptaron las garantías dadas por Indonesia a principios de 2000 respecto a que los sospechosos serían procesados en el sistema de justicia nacional.

En Indonesia se procesó a dieciocho personas en el Tribunal Especial de Derechos Humanos sobre Timor Oriental. De ellas, seis fueron declaradas culpables y condenadas a penas de entre tres y diez años de prisión. Las seis permanecen en libertad en espera del resultado de la apelación. Algunas continúan en servicio activo en la policía o el ejército.

Mientras tanto, la Administración de Transición de las Naciones Unidas para Timor Oriental (UNTAET) estableció en el año 2000 un proceso paralelo en Timor Oriental. Hasta la fecha se han dictado ochenta y una actas de acusación contra trescientas sesenta y nueve personas.

De esas actas de acusación, cincuenta y cinco se refieren a cargos de crímenes contra la Humanidad, imputados a trescientas treinta y nueve personas. Un total de cuarenta y nueve acusados han sido declarados culpables por los tribunales especiales, y uno ha sido absuelto.

El mandato de la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Timor Oriental, la actual operación de mantenimiento de la paz en Timor Oriental, expirará en mayo de 2004. Es probable que se amplíe y que haya un apoyo continuado pero limitado al proceso sobre delitos graves, centrado principalmente en la defensa y el poder judicial. Sin embargo, la ausencia de capacidad investigadora significa que centenares de homicidios y otras violaciones graves de Derechos Humanos quedarán sin investigar.

(1) El Programa de Vigilancia del Sistema Judicial se estableció a principios de 2001 en Dili, Timor Oriental, y se encarga de vigilar la actuación de los tribunales y proporcionar análisis legales e informes temáticos para contribuir al fortalecimiento del sistema judicial de Timor Oriental.

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Amnesty International

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