En un informe hecho público en Bruselas tan sólo unos días después de la histórica ampliación de la UE, Amnistía Internacional ha centrado la atención en la situación de los Derechos Humanos en los hospitales psiquiátricos de Rumanía, país candidato a unirse a la UE en la próxima expansión.

En especial, Amnistía Internacional pide a la UE que garantice que la financiación concedida a Rumanía antes de la adhesión se utiliza de manera que garantice el pleno respeto de los derechos de las personas con problemas de salud mental o con discapacidad intelectual.

El documento de Amnistía Internacional Memorandum to the Romanian Government Concerning Inpatient Psychiatric Treatment, basado en la investigación sobre el terreno en Rumanía, expone cómo las personas ingresadas en hospitales psiquiátricos en este país sufren una amplia gama de violaciones de Derechos Humanos y permanecen recluidas en condiciones deplorables.

Amnistía Internacional considera que la trágica muerte, ocurrida recientemente, de dieciocho pacientes en el hospital psiquiátrico de Poiana Mare, según los informes debida en la mayoría de los casos a desnutrición e hipotermia, no es una excepción en el sistema de salud mental de Rumanía.

En especial, Amnistía Internacional ha concluido que la actual práctica de Rumanía de someter a la gente a tratamiento psiquiátrico involuntario o ingresarla en hospitales por motivos no médicos constituye una detención arbitraria y una negación del derecho a un juicio justo.

"Hoy pedimos al Gobierno rumano que actúe con la mayor urgencia para proteger la vida, la dignidad y el bienestar de todos los pacientes y residentes de los hospitales psiquiátricos de todo el país, y le instamos a introducir una reforma exhaustiva y efectiva de los servicios de salud mental", ha manifestado Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional.

"Al mismo tiempo, pedimos a la Unión Europea que se asegure de que los recursos que puedan ponerse a disposición de Rumanía, como país en vías de adhesión, para mejorar sus servicios de salud mental se utilizan con pleno respeto de los derechos de las personas con problemas de salud mental o discapacidad intelectual, incluido el respeto de su derecho a recibir tratamiento y atención, en la medida de lo posible, en la comunidad en la que viven."

En relación con el proceso iniciado por la UE para reducir el número de niños ingresados en instituciones en Rumanía, Amnistía Internacional ha señalado que, al parecer, la UE no ha tenido en cuenta a los numerosos jóvenes de instituciones que se han cerrado, que han terminado siendo indebidamente trasladados a hospitales psiquiátricos en los que pueden consumirse el resto de su vida.

De hecho, la UE está financiando actualmente un programa para integrar en la comunidad a las personas con discapacidad intelectual en Rumanía, actualmente ingresadas en instituciones controladas por la Autoridad Nacional para Personas con Impedimentos.

Por ello, la UE debe asegurarse de que todas las personas ingresadas indebidamente en hospitales psiquiátricos son incluidas en su programa de desinstitucionalización, para que no sean pasadas por alto por segunda vez.

Amnesty International

Amnistía Internacional (España)

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