La decisión del Consejo Supremo de Justicia Militar de archivar definitivamente el caso Chavín de Huantar el 29 de abril del 2004, pone en evidencia como con frecuencia el uso de jurisdicciones especiales, como la justicia militar, para juzgar casos de presuntas violaciones de Derechos Humanos por parte de agentes del Estado, se convierte en uno de los factores que contribuyen a perpetuar el círculo vicioso de la impunidad.

Amnistía Internacional considera que la falta de imparcialidad e independencia de los tribunales militares al juzgar miembros de las fuerzas armadas acusados de violaciones de Derechos Humanos conlleva el riesgo de que se les niegue a las víctimas y a sus familiares su inalienable derecho a conocer la verdad y obtener justicia.

Así lo demuestra, a juicio de la organización de Derechos Humanos, esta última sentencia dictada por la jurisdicción castrense en un caso contra miembros del ejército peruano acusados de haber ejecutado extrajudicialmente a varios integrantes del grupo armado de oposición, Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), que se habrían rendido durante un operativo militar en la residencia del embajador del Japón, en abril de 1997.

Amnistía Internacional ha expresado en repetidas ocasiones su preocupación sobre el reconocimiento en el Perú de la jurisdicción de los tribunales castrenses para juzgar casos que constituyen claramente presuntas violaciones de Derechos Humanos. En este sentido se pronunció la organización cuando se presentó un conflicto de competencia para juzgar el caso Chavín de Huantar entre la justicia común y la militar y la Corte Suprema resolvió en agosto del 2002 que los comandos del ejército fueran juzgados en un tribunal castrense.

La decisión de la justicia militar de archivar el caso por falta de pruebas contrasta con las conclusiones de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos en el proceso seguido en la justicia común contra aquellos acusados de ser los autores intelectuales de este caso, entre ellos el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos y el ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nicolás Hermoza Ríos.

En el proceso en la justicia común se presentaron informes forenses y testigos que demuestran la existencia de evidencias que al parecer indican que al menos tres de los integrantes del MRTA habrían sido ejecutados extrajudicialmente.

En abril de este año la fiscalía presentó cargos por ejecución extrajudicial contra Vladimiro Montesinos y por homicidio calificado contra Nicolás Hermoza.

También la Comisión de la Verdad y la Reconciliación del Perú en su Informe Final indica que recibió testimonios y existen evidencias recientes ante el Ministerio Publico que sugieren que los heridos sobrevivientes del MRTA y algunos de los que se rindieron fueron ejecutados por efectivos del ejército.

Amnistía Internacional lamenta que en este momento de la Historia del Perú, tras la publicación del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el que se indica claramente la necesidad de acabar con la impunidad y hacer justicia en los casos de violaciones de Derechos Humanos durante el conflicto interno peruano, la sentencia dictada por la justicia militar en el caso Chavín de Huantar parece representar un paso atrás en el camino hacia la verdad, la justicia y la reparación en el Perú.

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Amnesty International

Amnistía Internacional (España)

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