El fallo, recibido con júbilo por la ANP; no lo acatará, reitera Israel. Derribar la parte de la valla en Jerusalén este, solicita la Corte Internacional de Justicia a Tel Aviv. Demanda cesar el resto de la construcción, pagar indemnizaciones y regresar la tierra confiscada.

DPA, AFP y Reuters

La Haya, 9 de julio. La Corte Internacional de Justicia (CIJ), principal órgano judicial de la Organización de Naciones Unidas (ONU), llamó hoy a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad a que pongan fin a "la situación ilegal" que ha provocado la construcción de un muro en los territorios ocupados por Israel en Cisjordania, durante la llamada Guerra de los Seis Días, en 1967.

La declaración de la CIJ fue recibida con júbilo por la Autoridad Nacional Palestina, mientras que Tel Aviv confirmó oficialmente su rechazo a acatar el dictamen, anticipado desde temprano mediante declaraciones de funcionarios hechas a la prensa y en afirmaciones a medios electrónicos.

En una "opinión consultiva", no vinculante, la corte pidió a Israel que derribe la parte del muro edificado en Jerusalén este, cese el resto de su levantamiento, pague indemnizaciones a los palestinos que han padecido los efectos negativos del muro y regrese la tierra confiscada para su elevación.

Con el voto favorable de catorce de los quince miembros del tribunal, la CIJ desechó el argumento de Israel de que el muro es necesario para la seguridad del Estado, y dijo que la obra infringió la libertad de movimiento de los palestinos, su derecho al trabajo y a tener "un nivel de vida adecuado", como está previsto en convenciones internacionales.

El muro, que el Gobierno israelí comenzó construir en 2003 con bloques de hormigón de ocho metros de altura, tiene hasta ahora una longitud de ciento setenta kilómetros, pero el proyecto es que se extienda setecientos treinta kilómetros a través zonas despobladas en el desierto, así como pueblos y ciudades donde habitan palestinos e israelíes. Israel expropió terrenos para realizar las obras.

El gasto previsto es de tres mil cuatrocientos millones de dólares y su finalización será a finales de 2005.

"La corte considera que la construcción del muro y su régimen asociado crean un hecho consumado sobre la base de que podría convertirse en algo permanente, en cuyo caso, independientemente de la caracterización formal que ha dado Israel, equivaldría a una anexión de hecho", expresó el tribunal.

"Esa construcción, junto con medidas tomadas anteriormente, impidieron gravemente el ejercicio del pueblo palestino a la autodeterminación", manifestó la CIJ, que también señaló que los asentamientos israelíes en territorios ocupados violan leyes internacionales.

"La ONU, y en particular la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, deberían considerar cuál acción adicional es necesaria para poner fin a la situación ilegal que provoca la construcción del muro", dijo la corte, que emitió su opinión consultiva número 26 desde que empezó a funcionar en 1946.

"Las infracciones (a los derechos de los palestinos), como resultado del trazado del muro, no pueden ser justificadas por exigencias militares, por necesidades de seguridad nacional o por el orden público", declaró la CIJ.

El único juez del tribunal que votó en contra del documento final fue el representante estadunidense.

El proyecto del Gobierno israelí pretende cercar ochenta por ciento de doscientos veinte mil colonos judíos que se asentaron en Cisjordania después de la ocupación en la guerra de 1967.

Según informe de la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, sólo once por ciento del trazado de la valla coincide con la llamada "línea verde" que separa a Cisjordania del territorio israelí.

Por consiguiente, más de doscientos setenta y cuatro mil palestinos de ciento veintidós pueblos y ciudades van a "vivir en zonas cerradas -entre el muro y la línea verde- o en enclaves rodeados por el muro", según la entidad.

"Nos felicitamos por la decisión que condena el muro racista. Esta decisión constituye una victoria para nuestro pueblo, para todos los pueblos libres y todos los movimientos de liberación del mundo", dijo en Ramallah el presidente palestino, Yasser Arafat.

Agregó que el muro no es construido "por motivos de seguridad, sino para confiscar cincuenta y ocho por ciento de las tierras palestinas (en Cisjordania) e impedir la creación de un Estado palestino".

Justificaciones gubernamentales

Sharon emitió en Tel Aviv una declaración en que reiteró que el muro busca proteger a comunidades israelíes de ataques palestinos: "Si no hubiera habido terrorismo, no habría barrera", destacó, además de que la CIJ carece "de competencias para debatir sobre el conflicto entre Israel y los palestinos".

"Después que fue erigida la barrera, la cantidad de víctimas ha disminuido", dijo el Gobierno de Sharon, que tras una restructuración de su gabinete podría sumar a los laboristas de Shimon Peres, que reclaman una rápida retirada del ejército israelí de la franja de Gaza.

Las reacciones en Estados Unidos y la Unión Europea (UE) estuvieron divididas.

Estados Unidos coincidió con Israel en que la CIJ no es adecuada para discutir el tema. "No creemos que sea ese el foro apropiado para resolver lo que es un tema político", dijo el portavoz de la Casa Blanca, Scott McClellan.

A su vez, el vocero del Departamento de Estado, Richard Boucher, dijo que la declaración de la CIJ "podría complicar más el proceso y distraer el trabajo político".

En Bruselas, un portavoz de la Comisión Europea, Jean-Christophe Filori, dijo que la "UE continúa pidiendo a Israel que retire la barrera de los territorios ocupados, incluyendo (el tramo) dentro y alrededor de Jerusalén este".

El Gobierno español, que ha fungido como facilitador del diálogo entre israelíes y palestinos, dijo en un comunicado que "considera esencial la actuación dentro de la legalidad internacional y manifiesta su respeto y reconocimiento a la CIJ y sus dictámenes y opiniones".

Agregó que reconoce "sin reservas el derecho de Israel a proteger a sus ciudadanos frente a atentados terroristas", pero aclaró que el muro "causa sufrimientos innecesarios" a la población palestina.

En Nueva York, donde habita una poderosa e influyente comunidad judía promotora de los intereses de Israel, no sólo líderes religiosos se pronunciaron contra la resolución, sino que además los senadores Hillary Clinton y Charles Schumer rechazaron la validez de la sentencia con el argumento de que la valla es para salvar vidas.

La Jornada

Enlaces sobre Direitos Humanos