El Gobierno del rey Mswati III debe resolver urgentemente la crisis constitucional y de Derechos Humanos que ha dejado al país sin Tribunal de Apelación desde 2002 y que socava las nuevas obligaciones internacionales contraídas por el Gobierno en materia de Derechos Humanos.

En un informe publicado hoy, 29 de julio, y titulado Swaziland: Human Rights at risk in a climate of political and legal uncertainty, Amnistía Internacional expone cómo el desprecio del Gobierno por las resoluciones de los tribunales y por la independencia del poder judicial ha negado a la población el derecho a una reparación legal efectiva y ha permitido la impunidad para quienes violan los Derechos Humanos.

A pesar de que, entre abril y junio de 2004, Swazilandia se ha convertido en Estado Parte de cuatro tratados fundamentales de Derechos Humanos, existe un amplio abismo entre las promesas y las prácticas en este país del sur de África.

Amnistía Internacional ha manifestado: "Swazilandia debe respaldar sus recientes compromisos para con las normas internacionales de Derechos Humanos restableciendo el Estado de Derecho y haciendo frente a la violación sistemática de derechos civiles, políticos, económicos y sociales. Estas medidas son también esenciales para abordar la profunda crisis humanitaria del país".

Entre los abusos contra los Derechos Humanos documentados en el informe se encuentran los siguientes:

- la ausencia de investigaciones y procesamientos contra los responsables de torturas y muertes bajo custodia y de conducta policial abusiva que incluye el uso de fuerza excesiva;

- la negación del derecho a la libertad de asociación y de reunión pacífica a los presuntos detractores del Gobierno;

- el debilitamiento, provocado entre otros por miembros de la familia real, del papel de los tribunales en la protección de las mujeres y las niñas contra los matrimonios forzados;

- la falta de protección a las mujeres y las niñas contra la violación y otras formas de violencia sexual, que han contribuido a que Swazilandia tenga la cifra de afectados por el VIH más alta del mundo;

- los desalojos forzados de motivación política sin derecho a un resarcimiento legal efectivo, que dan lugar a violaciones del derecho de las víctimas al sustento, el cobijo, la educación y la salud.

Información complementaria

En 1996, el rey Mswati III nombró una Comisión de Revisión de la Constitución encargada de redactar una nueva Constitución. En agosto de 2001, tras un proceso muy criticado, esta Comisión presentó un informe que afirmaba que "la nación de Swazilandia" prefería no cambiar los acuerdos políticos y legales que llevaban en vigor desde la suspensión de la Constitución en 1973.

En 2002, el rey nombró un Comité de Redacción de la Constitución encargado de terminar el trabajo de la Comisión redactando el texto de una nueva Constitución. En mayo de 2003 el rey hizo público ese nuevo texto. El Comité de Redacción de la Constitución llevó a cabo a continuación un proceso de consulta pública sobre el texto, que aún continúa. En el informe de Amnistía Internacional se incluye un análisis detallado realizado por la organización sobre el borrador de la Constitución.

El 26 de abril de 2004, Swazilandia se convirtió en Estado Parte en la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y en la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

El 26 de junio, el país se convirtió en Estado Parte en otros dos tratados fundamentales de Derechos Humanos: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Amnesty International

Amnistía Internacional (España)

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