CONFIRMA LA CADENA PERPETUA DE ARANCIBIA

El Mundo - Martes, 24 de Agosto de 2004

La Justicia argentina declara imprescriptible
el asesinato de Prats

EFE

BUENOS AIRES.- La Corte Suprema de Argentina ha declarado "imprescriptible" el asesinato del general chileno Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, cometidos en Buenos Aires en 1974.

El fallo confirma la condena a prisión perpetua dictada en noviembre de 2000 contra el ex agente secreto chileno Enrique Arancibia Clavel, quien había apelado.

Además, la resolución abre la posibilidad de revisar el perdón que en la década de los años ochenta benefició a los jefes de la última dictadura militar argentina (1976-1983) acusados por delitos de lesa Humanidad.

La Corte Suprema tiene pendiente de resolución un fallo sobre la validez de la leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que han sido declaradas nulas por el Parlamento e instancias inferiores de la Justicia local.

Por esas polémicas normas fueron eximidos de responsabilidad unos dos mil militares y policías acusados de violaciones de los Derechos Humanos, pero muchos de ellos fueron nuevamente procesados y encarcelados por jueces de primera instancia cuando el Parlamento las anuló el año pasado.

Con el voto favorable de cinco de sus miembros y la oposición de los otros tres, la Corte argentina confirmó el fallo dictado el 11 de noviembre de 2000 por un tribunal de Buenos Aires que sometió a Arancibia Clavel a juicio oral y público.

El antiguo agente de la policía secreta del régimen militar de Augusto Pinochet (1973-1990) en Chile fue condenado a reclusión perpetua por el asesinato de Prats y Cuthbert, perpetrado el 30 de septiembre de 1974 en la capital de Argentina.

Prats, que cedió la jefatura del Ejército chileno a Pinochet días antes de que éste diera un golpe de Estado, en 1973, murió junto a su esposa al estallar una bomba colocada en el coche en el que viajaba el matrimonio.

En el juicio, el tribunal consideró que Arancibia había sido "partícipe necesario" en la comisión del crimen, y lo consideró también culpable de haberse asociado con tres o más personas para perpetrar el atentado terrorista.

La Jornada - Martes 24 de agosto de 2004

Primera compensación que paga el ex almirante Massera

Ex represor argentino indemniza
a familiar de desaparecidos

DPA y AFP

Buenos Aires, 23 de agosto. El ex almirante Emilio Massera, ex miembro de la primera junta militar que gobernó durante la pasada dictadura en Argentina, indemnizó por primera vez a un familiar de desaparecidos por reparación de daños y perjuicios, informaron hoy medios locales.

Daniel Tarnopolsky reclamó la quiebra de Massera en un juicio que ganó por daños y perjuicios al quedar demostrada la responsabilidad del ex militar en las desapariciones de sus padres, Hugo y Blanca; su hermano Sergio y su joven esposa, Laura de Luca, durante la dictadura (1976-1983).

El proceso se inició luego de que el ex almirante se negó a pagarle a Tarnopolsky una indemnización por su responsabilidad en la desaparición forzada, en 1976, de los padres y hermanos del demandante en la Escuela de Mecánica de la Armada, cuando ésta dependía de Massera, entonces jefe de la Armada argentina.

La justicia había dispuesto el remate, en septiembre próximo, del lujoso departamento del ex almirante para pagar la reparación del daño al familiar de las víctimas de la dictadura, pero el ex militar resolvió depositar el dinero pactado en la cuenta bancaria de Tarnopolsky para frenar así la venta de su vivienda.

"Es la primera vez que Massera tiene que pagar por un hecho cometido en la dictadura. Si no cumplía se quedaba sin departamento", informó la abogada Bettina Stein, representante de Tarnopolsky, a la agencia noticiosa DyN.

El ex dictador pagó doscientos diez mil pesos (unos setenta mil dólares) a Daniel Tarnopolsky, quien resolvió donar gran parte del dinero a la agrupación Abuelas de Plaza de Mayo, que investiga el paradero de cientos de niños nacidos en cautiverio durante la dictadura, informó DyN.

La pasada dictadura militar desató una ola de secuestros y asesinatos, en la que desaparecieron unas treinta mil personas, según denuncias de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos.

A pesar de que en el país se aprobaron leyes de amnistía para los militares, algunos de los más prominentes funcionarios de la dictadura perdieron su libertad por delitos de lesa Humanidad, entre ellos robos de bebés durante operaciones en las que realizaban secuestros. Ese tipo de ilícitos no fueron amparados en esas normas.