A un año de la publicación del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, Amnistía Internacional presenta su informe Perú: la Comisión de la Verdad y Reconciliación, un primer paso hacia un país sin injusticias, en el que se recogen las principales conclusiones y recomendaciones de la Comisión.

Creada en el 2001, la Comisión de la Verdad y Reconciliación tenía el mandato de establecer las circunstancias que rodearon las violaciones y abusos contra los Derechos Humanos cometidos por el Estado y por los grupos armados de oposición, Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, entre mayo de 1980 y noviembre de 2000.

En el informe, además de apoyar las extensas recomendaciones de la Comisión, Amnistía Internacional incluye una serie de recomendaciones a las autoridades peruanas para avanzar hacia el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de abusos y violaciones de Derechos Humanos, y evitar la repetición de los trágicos hechos que tuvieron lugar durante el conflicto interno armado.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación concluyó que hubo más de veintitrés mil muertos y "desaparecidos" durante las dos décadas del conflicto interno, número al que se suman otros miles de casos de graves violaciones y abusos de Derechos Humanos que la Comisión documentó durante sus dos años de trabajo.

Estos casos incluyen torturas, violencia sexual contra mujeres, violación al debido proceso, secuestro y toma de rehenes, violaciones a los Derechos Humanos de niños y violaciones de derechos fundamentales de las comunidades indígenas.

Según el Informe Final de la Comisión, más de la mitad de los muertos durante el conflicto interno y de las personas que se encuentran en paradero desconocido fueron víctimas de Sendero Luminoso; y el veintinueve por ciento de las Fuerzas Armadas.

Asimismo, en el Informe Final de la Comisión se establece que el impacto de la violencia afectó de forma desigual en distintos espacios geográficos y diferentes estratos de la población, siendo la mayoría de las víctimas de origen indígena o campesino provenientes de los departamentos más pobres del Perú, personas quechua hablantes y con limitada educación formal.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación indica además que el conflicto interno acentuó y profundizó un sistema de género caracterizado por la desigualdad, la jerarquía y la discriminación, lo cual contribuyó al clima de violencia contra las mujeres, que con frecuencia se encontraron entre dos fuegos y fueron discriminadas, tanto por su raza y condición social, como por su género.

En este contexto de discriminación social, racial y étnica, y de género, los graves y numerosos abusos y violaciones de Derechos Humanos contra la mayoría pobre, indígena y campesina no provocaran la indignación de la opinión pública y pasaron prácticamente desapercibidos durante años, hasta que el conflicto se extendió a la capital, Lima, y comenzó a afectar directamente a la minoría que controla el poder económico y político en el país.

Amnistía Internacional considera que para superar el trágico y doloroso pasado del Perú y avanzar hacia una verdadera reconciliación de la sociedad, el Estado debe tomar medidas para satisfacer el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, así como poner en práctica reformas para garantizar que tales hechos no vuelvan a repetirse; y poner fin y revertir los efectos de la discriminación y exclusión que continúa limitando el libre ejercicio de los derechos ciudadanos de una gran parte de la sociedad peruana.

La organización considera que la implementación de estas medidas contribuirá a crear un país donde los derechos de todos y todas sean respetados, indistintamente de su condición social, raza o etnia, género u orientación sexual, y la igualdad de oportunidades para todos los peruanos se convierta en una realidad.

Amnesty International

Amnistía Internacional (España)

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