La mayoría de los Estados de la Unión Europea apoyó hoy, viernes, la idea de crear centros de acogida de inmigrantes ilegales y demandantes de asilo en Túnez, Marruecos, Argelia, Mauritania y Libia, informaron fuentes comunitarias.

En los centros se acogería a los inmigrantes ilegales interceptados en el mar Mediterráneo, antes de que hayan pisado suelo europeo, y a los demandantes de asilo, aunque habrá que articular un sistema para que se pueda realizar la solicitud.

Los cinco proyectos piloto, propuestos por el comisario europeo de Justicia e Interior, Antonio Vitorino, serían cofinanciados con fondos europeos y por Holanda, informaron fuentes comunitarias.

Según estas fuentes, el comisario citó algunas condiciones para la puesta en marcha de estos centros, entre ellas la revisión de cuestiones judiciales, especialmente el derecho de apelación en la denegación de la demanda de asilo y la firma de la Convención del Refugiado de 1951.

De los cinco países propuestos por Vitorino, sólo Argelia y Túnez han firmado esa convención, según los datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

La idea de crear centros de acogida para inmigrantes ilegales interceptados en el mar fue presentada hoy por el ministro del Interior alemán, Otto Schily, durante la reunión informal que celebran en la localidad holandesa de Scheveningen.

De los países que intervinieron en el debate sólo Bélgica se mostró "abiertamente reticente", según las fuentes, aunque hubo algunos, como Francia, que no tomaron la palabra a pesar de que antes de la reunión se habían manifestado en contra de la idea.

En su intervención, Schily señaló que para solucionar el problema de los flujos de inmigrantes ilegales en el Mediterráneo sólo hay tres opciones: o no hacer nada, o establecer acuerdos bilaterales entre los países afectados, como España y Marruecos, o desarrollar un sistema multilateral.

Esa fue la opción defendida por el titular alemán, que agregó que hay que evitar la muerte de personas, prevenir la inmigración ilegal, respetar los derechos fundamentales y establecer una estrategia a largo plazo.

Schily recordó que esta idea ya está contenida en algunas comunicaciones de la Comisión Europea y anunció a sus colegas comunitarios que presentará su propuesta, detallada, por escrito, más adelante, sin precisar una fecha concreta.

Por su parte, Vitorino hizo hincapié en la necesidad de pensar en una estrategia a largo plazo y en examinar las causas y raíces de la inmigración.

A corto plazo, abogó por desarrollar programas regionales en las zonas de origen, pero con proyectos "complementarios y no alternativos", especialmente en el aspecto del sistema de asilo europeo.

Por ello, consideró que primero es necesario pasar a una segunda fase del sistema común de asilo europeo -que prevé lograr una mínima armonización a partir de 2006- antes de poner en marcha los centros.

El responsable del ACNUR, Ruud Lubbers, que participó en el debate a través de una videoconferencia, resaltó que la gente que esté en la UE no puede ser expulsada fuera y abogó por una vigilancia internacional para encontrar soluciones duraderas.

Los promotores de la iniciativa evocan la posibilidad de instalar tales centros en países como Libia y Túnez, para agrupar allí a los candidatos a la inmigración.

A. ALTAFAJ

LA HAYA. El ministro del Interior, José Antonio Alonso, no descartó ayer la idea impulsada el año pasado por el Reino Unido y en junio por Alemania y Austria de crear campos de acogida para refugiados e inmigrantes fuera de la Unión Europea, aunque consideró que deberían darse "condiciones que son indispensables para que pudiera ponerse en marcha en un futuro".

La idea reaparece de modo recurrente desde hace más de un año en los pasillos de las reuniones de los ministros del Interior de la UE pero lo que antes era una propuesta políticamente incorrecta de uno o dos países va cobrando forma y hoy se discutirá de nuevo en la reunión informal de los titulares de Justicia e Interior de la UE en La Haya.

Derechos Humanos

Alonso comentó que aborda la última versión de su colega alemán, Otto Schily, con "absoluta prudencia, porque tenemos que estar muy seguros de que la iniciativa va a respetar los Derechos Humanos de las personas refugiadas, su dignidad como seres humanos". Sin embargo, se cuidó mucho de criticar el plan y apuntó que entre los problemas que se plantean están "quién va a financiar esos centros, qué personas van a ir, en qué condiciones, quién va a gestionar el orden público, etcétera".

Sin embargo, dejó claramente una puerta abierta a este sistema, que encuentra oposición frontal en las organizaciones de Derechos Humanos y suscita las dudas de muchos expertos en Derecho internacional. Según el ministro del Interior, hay que esperar a conocer la "idea exacta de Alemania y de los países que podrían apoyar" antes de pronunciarse definitivamente.

El portavoz del comisario europeo de Justicia e Interior, Antonio Vitorino, señalaba el miércoles que este proyecto "plantea problemas financieros, logísticos pero sobre todo jurídicos: ¿cómo gestionamos en la UE algo fuera de la UE? La idea no parece fácil".

El presidente de la comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo, Jean-Louis Bourlanges, opinó que "la autoridad sobre estos centros sólo es concebible para un Estado miembro o la Unión Europea, lo que parece excluir su deslocalización" y evocó el riesgo de que las personas retenidas en estos centros se convirtieran "una población semi-carcelaria".

ABC

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