El jefe de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) de Guatemala, Sergio Morales, culpó a las autoridades civiles del violento desalojo de campesinos en una finca, el pasado 31 de agosto.

Al presentar el resultado de las pesquisas emprendidas por funcionarios de la PDH en torno a la expulsión de labriegos de la hacienda Nueva Linda, en el sudoccidental departamento de Retalhuleu, el reporte de Morales afirma que se cometieron 'graves violaciones a las garantías mínimas de las personas'.

'La planificación de la desocupación fue deficiente y negligente, al no tomarse en cuenta los riesgos, a pesar de contar con información suficiente al respecto, mientras que el ingreso de las fuerzas de seguridad al inmueble se produjo sin haberse agotado el diálogo', fustigó el magistrado de conciencia.

Según la citada institución, la ejecución del desalojo, que dejó como saldo tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y siete labriegos muertos, 'sobrepasó las líneas contenidas' en la orden de servicio dada en la ciudad de Retalhuleu, el 27 de agosto pasado, por la Comisaría respectiva de esa corporación.

Agregó que 'la extralimitación contó con la tolerancia de los oficiales encargados de cumplir la disposición'.

'Traigo órdenes específicas del presidente Oscar Berger, que deberán ser cumplidas', 'si es necesario habrán doscientas muertes', fueron las palabras del gobernador de la citada demarcación, Carlos Quintana, quien según la PDH, intervino junto a personas particulares en la expulsión.

Para el Defensor del Pueblo, hubo 'usurpación de funciones, omisión de deberes, abuso y desobediencia' por parte de Quintana, del Juez de Paz, Hugo René Flores; la Fiscal del distrito de Coatepeque, en el vecino departamento de Quetzaltenango, María Eugenia Angulo, y el médico forense Mario Efraín Ovando.

Los investigadores recabaron evidencias de que durante y después del desalojo, la PNC y particulares 'violaron el derecho a la vida, la integridad y dignidad de las personas, incluso de los propios agentes del orden (y) se cometieron asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, daños e incendios intencionales'.

Además, el informe menciona entre otros delitos los de 'tortura, otros tratos inhumanos, crueles y degradantes, detenciones y allanamientos ilegales'.

En su resolución, la PDH también condenó la agresión contra reporteros locales que cubrían los hechos, quienes fueron golpeados, insultados y amenazados de muerte, antes de despojárseles, destruirles y esconderles sus equipos de trabajo, sin que hasta el momento hayan sido devueltos.

Morales recomendó al mandatario Berger aplicar sanciones administrativas al ministro de Gobernación, Carlos Vielmann, y al director de la PNC, Erwin Sperissen, 'en proporción a la gravedad de los hechos'.

La Comisión de Derechos Humanos del Congreso pidió el martes un plazo adicional de quince días para completar el reporte sobre el mismo incidente, que suscitó una generalizada condena social contra las autoridades gobernantes de Guatemala.

Argenpress.info

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