Amnistía Internacional ha planteado a las autoridades de Libia su preocupación por la salud de unos ochenta y seis hombres recluidos en la cárcel de Abu Salim que este mes iniciaron una huelga de hambre.

Todos ellos son considerados presos de conciencia por Amnistía Internacional, y al parecer pertenecen al Grupo Islámico Libio, conocido también como Hermandad Musulmana.

Amnistía Internacional pide garantías de que tienen pleno acceso a la atención médica necesaria para asegurar su total recuperación de los efectos de la huelga de hambre.

Amnistía Internacional recuerda a las autoridades libias su obligación de proporcionar atención médica de calidad a las personas bajo custodia.

El artículo 6 de los Principios básicos para el tratamiento de los reclusos, de la ONU, dispone: "Los reclusos tendrán acceso a los servicios de salud de que disponga el país, sin discriminación por su condición jurídica".

Según la información de que dispone Amnistía Internacional, la huelga de hambre comenzó el 7 de octubre de 2004 y duró unos siete días. Al menos ocho de los huelguistas fueron trasladados a un hospital de Trípoli, pero no hay detalles sobre la atención médica que recibieron los demás.

Según los informes, los presos se pusieron en huelga de hambre para protestar por seguir detenidos y por el gran retraso de las autoridades judiciales para llegar a un fallo definitivo sobre sus apelaciones.

Además, los huelguistas pedían la puesta en libertad de todos los presos de conciencia y la abolición de ciertas leyes, entre ellas algunas que violan los Derechos Humanos, sobre todo la Ley 71 de 1972, que prohíbe los partidos políticos.

Asimismo pedían la abolición del Tribunal Popular, corte de excepción que juzga casos políticos.

Estas peticiones coinciden con las que Amnistía Internacional plantea en su informe Libya: time to make Human Rights a reality, publicado en abril de 2004.

Al parecer, la huelga también responde a la impresión por parte de los presos de que, en ocasiones anteriores en que hicieron saber sus preocupaciones a las autoridades, éstas no las tuvieron en cuenta.

Tras la última vista de sus causas, celebrada el 7 de abril de 2004, los acusados al parecer se negaron a salir de la sala del tribunal y, según los informes, presentaron al juez un documento de motivos de preocupación y pidieron hablar con un representante del Ministerio de Seguridad. Al final accedieron a salir de la sala y volver a sus celdas, al parecer tras asegurarles un funcionario que se estudiarían sus preocupaciones. Poco después, algunos de los hombres iniciaron una huelga de hambre de tres días.

Según los informes, los presos denuncian que las autoridades no han respondido a las preocupaciones que les plantearon inicialmente.

La sentencia de estos hombres en primera instancia se dio a conocer el 16 de febrero de 2002. Dos de ellos fueron condenados a muerte y el resto a penas de entre diez años y cadena perpetua.

Su causa está actualmente en proceso de apelación en el Tribunal Popular de Apelaciones. Desde que se iniciaran las actuaciones, en el verano de 2002, se han suspendido reiteradamente, con vistas aproximadamente cada tres meses y que, según los informes, duran sólo minutos. La siguiente vista está programada para finales de noviembre de 2004.

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Amnesty International

Amnistía Internacional (España)

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