EMILI J. BLASCO. CORRESPONSAL.

LONDRES. El Reino Unido se ha decidido a revisar sólo parcialmente la ley victoriana que permite a los padres infligir castigos corporales a sus hijos.

A partir de ahora seguirá estando permitido que los progenitores puedan dar algún bofetón o un cachete, pero les prohíbe, con penas de hasta cinco años de cárcel, que les causen un daño físico que deje marca, como moratones, rasguños, arañazos, hinchazones, cortes y magulladuras.

La Cámara de los Comunes aprobó el martes por la noche una enmienda a la ley infantil de 1860 que reinterpreta el "castigo moderado y razonable" que autorizaba esa normativa con el fin de "corregir lo que hay de malo" en los hijos.

La Cámara rechazó proceder a una prohibición total de los castigos, como reclamaba un grupo de diputados laboristas, contrarios a la solución intermedia defendida por el Gobierno de Tony Blair. Unos cuarenta y siete parlamentarios llegaron a romper la disciplina de voto impuesta por el primer ministro.

Ante esta revuelta, la secretaria de Estado para la Infancia, Margaret Hodge, prometió que el Gobierno revisará nuevamente la legislación en el plazo de dos años. De momento, insistió en que "una prohibición total podría potencialmente criminalizar a la mayor parte de los padres de este país". "El Gobierno simplemente no cree que todo tipo de golpe sea una ofensa criminal", manifestó.

Educar en circunstancias difíciles

La reforma, aprobada ya en julio en la Cámara de los Lores y aplicable a Inglaterra y Gales, contó con la oposición del Partido Conservador, para el que en ocasiones infringir correctivos a los hijos "constituye una parte adecuada del deber que tienen los padres de cuidar a sus hijos".

Según su portavoz en el debate, "es un insulto para las familias decentes sugerir otra cosa cuando lo que hacen es intentar educar sus familias en difíciles circunstancias".

Tanto los conservadores, que preferían el mantenimiento de la ley victoriana sin mayores precisiones, como grupos de defensa de la infancia, que reclaman la prohición total de los castigos, han denunciado la arbitrariedad que supone esta solución de compromiso.

Según éstos últimos, la reforma establece penas por acciones que no siempre son demostrables, ya que las evidencias físicas de golpes pasan con el tiempo.

Desde la Policía, en cambio, se han reclamado unas guías claras sobre las circunstancias en que debe actuarse contra los padres, pues la reforma criminaliza hasta los rasguños y arañazos.

ABC

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