El activista político Leoncio Luna Antonio fue muerto a tiros el 7 de noviembre en la comunidad indígena zapoteca de Santa Cruz, en la región de Loxicha, estado de Oaxaca. Es el quinto zapoteca muerto a causa de la violencia política en 2004: las autoridades estatales no han protegido a las comunidades indígenas ni han llevado ante la justicia a los responsables de la violencia.

Los activistas políticos de oposición y las personas que trabajan para conseguir más derechos para los indígenas corren especial peligro.

Leoncio Luna Antonio había estado haciendo campaña para establecer una coalición de partidos políticos, la Coalición Todos Somos Oaxaca. Según los informes, a causa de ello había recibido amenazas de muerte.

Al parecer, sus asesinos están relacionados con un cacique local aliado con el partido que gobierna en el Estado, el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El defensor de los Derechos Humanos Lino Antonio Almaraz también fue asesinado a tiros el 30 de septiembre. Era miembro de la ONG local Unión de los Pueblos contra la Represión y la Militarización de la Región de Loxicha (UPCRMRL), que defiende los derechos de los indígenas, y había estado haciendo campaña en vísperas de las elecciones locales, celebradas en octubre y noviembre.

Su familia ha informado recientemente de que unos pistoleros relacionados con los caciques locales continúan en la comunidad, intimidando a la población de la zona.

Las ONG locales no pueden entrar en las comunidades indígenas de la región de Loxicha para documentar los homicidios, las amenazas y la intimidación que tienen lugar. Esto ha permitido a las autoridades estatales negar el carácter político de la violencia.

Las recientes elecciones se llevaron a cabo según las prácticas indígenas tradicionales, pero las disputas sobre los procedimientos hicieron que los resultados se aplazaran. Las autoridades estatales han puesto al municipio de Loxicha bajo un Gobierno temporal no designado por elección. Esta incertidumbre ha hecho aún más peligrosa una situación ya de por sí inestable.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

La región de Loxicha, en Oaxaca, ha sufrido represión y violencia política desde 1996, cuando surgió en el sur de México un grupo armado de oposición denominado Ejército Popular Revolucionario (EPR).

En los cuatro años siguientes, las operaciones de seguridad provocaron la detención y tortura de decenas de miembros de comunidades de Loxicha, y muchos fueron juzgados por cargos falsos.

Desde 1996, al menos cuarenta miembros de la comunidad han muerto a causa de la violencia política.

Las autoridades del Estado de Oaxaca han eludido sistemáticamente su deber de proteger imparcialmente y garantizar los derechos de la comunidad, y en su lugar han optado por favorecer a las facciones aliadas al PRI. Las personas que han tratado de fortalecer los procesos electorales indígenas locales contra el control de los caciques se han convertido con frecuencia en víctimas de la violencia política.

Muchas comunidades indígenas de México viven en una pobreza extrema, con altos niveles de violencia. Las autoridades de los Estados con poblaciones indígenas considerables, especialmente en el sur, contribuyen frecuentemente a estos problemas, ya sea promoviendo activamente el gobierno de los caciques o evitando, en la práctica, abordar los problemas subyacentes que han conducido a la marginación de estas comunidades, como el deficiente acceso a la salud, a la educación, al transporte y a la tierra.

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Amnesty International

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