EFE

TIBÚ (COLOMBIA).- Los mil cuatrocientos veinticinco paramilitares de un bloque ultraderechista de la organización Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que se desmovilizó en el nordeste de Colombia, entregaron mil ochenta y ocho armas de fuego, así como "abundante munición y material explosivo", según los responsables del equipo de verificación de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El argentino Sergio Caramagna, coordinador de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP) formada por la OEA, precisó que los integrantes del Bloque Catatumbo de las AUC entregaron novecientos sesenta y cinco fusiles, cuarenta y siete pistolas, diecinueve ametralladoras pequeñas, quince revólveres, veintiún lanzagranadas y veintiún morteros de sesenta milímetros.

Entre las pistolas está la del jefe máximo de las AUC, Salvatore Mancuso, que encabezó la disolución de ese reducto en Campo Dos, aldea rural de Tibú, localidad situada a unos setecientos kilómetros de Bogotá, en el departamento norte de Santander cerca de Venezuela.

El bloque disuelto estaba considerado como el más fuerte de las AUC, que por acuerdos con el Gobierno del presidente Álvaro Uribe se comprometieron a desmovilizar unos tres mil irregulares antes de que termine 2004.

Los consensos han sido alcanzados en el transcurso de los dos años que llevan las negociaciones entre las partes y establecen de forma global que los cerca de diecinueve mil miembros de las AUC deberán haber dejado las armas en diciembre de 2005.

"La entrega de armas es un símbolo importantísimo, es un paso enorme, es la demostración de una voluntad de paz", afirmó Caramagna, para quien el desarme significa "el paso inicial para que Colombia comience a ver el horizonte de otra manera".

El representante de la OEA explicó que estas armas "van a ser, una a una, integradas en un inventario" que quedará en manos del alto comisionado colombiano para la Paz, Luis Carlos Restrepo, la MAPP y las autoridades judiciales".

El arsenal de guerra será depositado posteriormente en la unidad castrense de Cúcuta, la capital departamental de Norte de Santander.

Colombia vive la mayor desmovilización de paramilitares de su Historia. Salvatore Mancuso, jefe del Bloque Catatumbo, entrega las armas al frente de sus mil cuatrocientos hombres.

GLORIA HELENA REY. BOGOTÁ.

Al jefe paramilitar Salvatore Mancuso, descendiente de italianos de Pontecagnano, un pueblecito cerca de Salerno, le cuesta recordar. "No cuenta cómo ni cuando disparó, atacó, se defendió, dio órdenes, dirigió combates, organizó emboscadas, recogió heridos, enterró combatientes, vio morir a gente inocente y se acostumbró a la sangre". Los muertos, para él, perdieron su nombre y apellido y dejaron de contarse, según le confesó a Glenda Martínez, una periodista que escribió su biografía.

"Las cicatrices se llevan en el alma. Esta guerra es como si hubiera durado cien años", le confesó Mancuso, y no se equivocó. La acción de los paramilitares en Colombia, en especial la del Bloque Catatumbo, de la que Mancuso era jefe hasta ayer, deja a sus espaldas una gran estela de masacres, torturas, desapariciones y desplazamientos. El Bloque Catatumbo -incluido en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), de extrema derecha- entregó ayer sus armas en una ceremonia especial en una finca del municipio de Tibú, en la frontera con Venezuela.

Solicitud de extradición

"Con el alma anegada de humildad, pido perdón a Dios, pido perdón a las naciones del mundo, entre ellas a Estados Unidos, si por acción u omisión las pude ofender", dijo ayer Mancuso, cuya extradición solicita Washington.

La del Bloque Catatumbo es la mayor desmovilización de paramilitares de la Historia de Colombia: en total más de mil cuatrocientos hombres vestidos de uniforme, con las botas, sombreros y boinas verde militar entregaron ayer sus armas.

Antes de que acabe el 2006, veinte mil paramilitares se habrán desmovilizado, si se cumple el proceso de paz. El calendario para este año prevé el desarme de tres mil hombres y, con los de ayer, sólo lo han hecho dos mil.

Sólo entre el 16 de julio del 2003 y la misma fecha de este año, el Bloque Catatumbo perpetró doscientos once homicidios individuales y cuarenta y cuatro colectivos, según un informe de la Fundación Progresar, una ONG que trabaja por los Derechos Humanos desde hace diez años en el noreste de Colombia, en la frontera con Venezuela.

El Bloque entró en esa zona en 1999, desplazando a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y al Ejército de Liberación Nacional (ELN). La región de Catatumbo es codiciada por su situación estratégica y por la cantidad y la calidad de los cultivos de coca.

"En nuestra región han sido asesinados cientos de civiles, hogares han sido destruidos y quedan huérfanos y viudas, que hoy sólo esperan una explicación de qué fue lo que sucedió", dice el estudio, de setenta y una páginas, de la Fundación Progresar.

La población más afectada por la arremetida paramilitar fueron defensores de los Derechos Humanos, celadores, zapateros, vendedores ambulantes, comerciantes, albañiles, conductores de autobús, otros trabajadores y hasta desempleados, que fueron considerados por los paramilitares como supuestos enlaces de los grupos guerrilleros de izquierda.

Cuarenta mil desplazados

Según cifras de la policía, cinco mil doscientas personas murieron en la zona en los últimos cinco años, la mayoría a manos de los paramilitares. La ciudad de Cúcuta se convirtió, en ese lapso de tiempo, en la segunda capital más violenta del país. Doscientas personas fueron consideradas desaparecidas, trescientas se enterraron en fosas comunes y, por lo menos, cuarenta mil campesinos fueron desplazados.

Pero pese a que esos informes se han hecho públicos y pese al optimismo de la Organización de Estados Americanos, que consideró la desmovilización de ayer como un "paso serio y decisivo" hacia la paz, hay temores en varios sectores de que todos los delitos atroces terminen por quedar impunes, aunque el presidente del Gobierno, Álvaro Uribe, ha asegurado de que no será así.

Las garantías

Analistas y políticos locales se preguntan de qué manera Uribe puede garantizarlo. Cómo va a lograr que los paramilitares desmovilizados ayer, incluido Mancuso, no sigan delinquiendo disfrazados de civil y ejerciendo el mismo poder de intimidación, chantaje y miedo.

El diario El Tiempo se preguntaba también qué va a pasar con los cultivos ilícitos que quedaron allí y si el Estado garantizará la presencia del Ejército y la policía para que se erradiquen.

Para muchos colombianos el miedo a lo que vendrá con esta desmovilización sigue siendo el compañero inseparable y que nunca los traiciona. No hay garantías de nada, sólo la esperanza de que esto represente un importante paso hacia la consolidación de la paz en Colombia.

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