Siete años después del asesinato de cuarenta y cinco indígenas tzotziles en los Altos de Chiapas, se corre el riesgo que la masacre de Acteal resulte uno más de los crímenes que quedan impunes, alertó el ombudsman mexicano, José Luis Soberanes.

El titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos consideró que en el esclarecimiento de estos trágicos sucesos, ocurridos el 22 de diciembre de 1997, ha faltado voluntad por parte de los Gobiernos federal y estatal.

Descartó asimismo, en declaraciones al diario La Jornada, que el móvil de la matanza de quince niños, veintiuna mujeres (entre ellas cuatro embarazadas) y nueve hombres, fuera producto de la intolerancia religiosa, como se especuló entonces.

Los centros de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y Miguel Agustín Pro Juárez dijeron que la masacre 'se inscribió en un contexto de guerra en el que las acciones paramilitares fueron parte clave de la estrategia contrainsurgente (del) Gobierno mexicano'.

Una investigación con justicia y verdad obligaba a la Procuraduría General de la República (PGR) a involucrar a funcionarios federales y estatales y a miembros del Partido Revolucionario Institucional que planearon el crimen, aseguraron.

Denunciaron asimismo que desde hace dos años, cuando desapareció la unidad especializada sobre el caso Acteal, no se conocen resultados de las pesquisas sobre el asesinato masivo, mientras permanecen sin ejecutarse veintinueve órdenes de aprehensión.

Actualmente setenta y seis indígenas acusados de homicidio están presos por su presunta participación en la masacre, pese a la existencia de testimonios que confirman que muchos de ellos no se encontraban siquiera cerca del lugar de los hechos.

Argenpress.info

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