Santiago Riveros expresa que en la "guerra" hubo "terroristas aniquilados". En carta revela que había orden expresa de entregar a familiares los hijos de desaparecidos.

STELLA CALLONI, corresponsal

Buenos Aires, 27 de diciembre. Durante la última dictadura militar argentina (1976-83) no hubo desaparecidos "sino terroristas aniquilados en el marco de una guerra revolucionaria que por tal fue irregular", aseguró el general retirado Santiago Riveros, en carta enviada el 16 de diciembre al jefe del Ejército Roberto Bendini y divulgada ahora.

"Transcurridos más de veinte años de concluido el enfrentamiento armado y destruida la documentación con la cual podría probar las órdenes que recibiera, las que impartiera y las operaciones realizadas", sostiene el militar, "sólo queda la memoria de quienes participamos en dicha confrontación", a la cual hay que acudir ante "la evidencia de que la realidad ha sido distorsionada, desde hace varios años, por quienes fueron derrotados por las Fuerzas Armadas".

Este año culmina con más de un centenar de militares y policías responsables de crímenes de lesa Humanidad durante la dictadura sometidos a proceso. Algunos se encuentran en prisión domiciliaria -como Riveros, que se beneficia por su edad avanzada, ochenta y un años-, diecinueve están prófugos, y unos cincuenta fallecieron sin haber sido condenados.

La reapertura de causas fue posible tras la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que dejaron sin castigo a los culpables, pero fueron declaradas inconstitucionales en 2003.

Entre los detenidos están Emilio Massera y Jorge Rafael Videla, de la primera junta de la dictadura, y Carlos Guillermo Suárez Mason, una de las figuras claves de la coordinadora represiva sudamericana "Operación Cóndor".

También figura en la lista uno de los símbolos de la represión, "el Ángel de la Muerte" Alfredo Astiz, oficial de Marina que se infiltró entre las Madres de Plaza de Mayo (madres de desaparecidos) para secuestrar y desaparer en 1977 a su primer dirigente y a dos monjas francesas que las ayudaban.

Así como el médico Jorge Bergés, responsable de atender los partos de las detenidas-desaparecidas cuyos hijos fueron luego apropiados por militares y policías.

En su presentación, Riveros da "testimonio de lo actuado durante la guerra contra el terrorismo, iniciada en 1975 por orden del Gobierno constitucional" de María Estela Martínez de Perón, Isabelita, derrocada en marzo de 1976 por los militares, "en virtud de causas judiciales arbitrariamente abiertas por jueces que no son los naturales", y ante "el empeño de los terroristas que vencidos ayer continúan la lucha por otros medios".

Para el militar, los centros clandestinos de detención por los que pasaron los treinta mil desaparecidos son Lugar de Reunión de Detenidos (LRD), y las operaciones militares "para combatir el terrorismo" eran de "seguridad" o de "aniquilamiento".

Las operaciones de las que fue responsable también se dividían en internas -defensa de sedes militares-, y externas, las ejecutadas fuera del cuartel "en colaboración con la Policía de la Provincia de Buenos Aires", como operaciones de control, especialmente en carreteras. A los sospechosos se los detenía en dependencias policiales "o en un LRD".

"Las operaciones de aniquilamiento eran las ordenadas por el Comando de Institutos Militares, que para su cumplimiento las impartía por escrito según el tipo de misión a cumplir de acuerdo a las órdenes que a su vez recibía del Estado Mayor General del Ejército", precisa.

En la IV Zona militar en que actuaba, "había disposiciones específicas sobre cómo proceder en el caso de la aparición de menores de edad en el curso de las operaciones y, en ese sentido, la orden era entregarlos a familiares, vecinos o en su caso a las autoridades policiales para que dieran intervención a los jueces a fin de que se hiciesen cargo de ellos para aplicar lo que por ley correspondía.

"Si alguno de quienes fueron mis subordinados contravino esa orden expresa, cometió un delito del cual es responsable exclusivo a título personal", dice en alusión a la apropiación de unos quinientos hijos de desaparecidas, de los cuales setenta han sido ubicados gracias a la labor de las Abuelas de Plaza de Mayo.

El militar, que se refiere al lugar de las detenciones como "zonas de combate", elude cualquier responsabilidad por los interrogatorios a las víctimas de la represión, que él llama "prisioneros de guerra", pues era tarea que correspondía a "oficiales de inteligencia".

Los LRD, como llama a los campos de concentración, se creaban en dependencias o lugares destinados "para tal fin" y "cesaban conforme a las necesidades".

Riveros insiste, en el escrito que dice utilizará para su defensa, que los militares actuaron bajo órdenes del Gobierno de la viuda de Perón, y tras el golpe de Estado de 1976 "nada cambió pues (el ejército) siguió haciendo exactamente lo mismo que hasta entonces había realizado el Gobierno constitucional".

Aprovecha entonces para recordar los dichos del general Acdel Vilas, cuando asumió la jefatura del "Operativo Independencia" en la provincia de Tucumán a principios de 1975, tras el decreto de Isabelita: "Juro exterminar a los apátridas, empleando métodos no convencionales de lucha". Como también declaraciones de políticos y citas de libros para reiterar que lo que hubo en la dictadura fue una "guerra" contra "terroristas".

La Jornada

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