La Jornada - Miércoles 29 de diciembre de 2004

Ninguno figura en el informe de la comisión de desaparecidos elaborado en los ochenta

Confirman la existencia de nueve centros
clandestinos de detención en Argentina

STELLA CALLONI, corresponsal

Buenos Aires, 28 de diciembre. Un juez federal argentino determinó que existieron nueve centros clandestinos de detención en localidades al norte de la provincia de Buenos Aires, a unos cien kilómetros de esta capital, durante la última dictadura militar (1976-1983), centros que no figuraban en el informe de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas elaborado en los años ochenta.

La querella ante la justicia fue presentada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, ante una serie de denuncias y testimonios de sobrevivientes de esos sitios que estaban precisamente bajo la jurisdicción del general retirado Santiago Omar Riveros.

Este general, detenido por crímenes de lesa Humanidad, escribió una carta a la jefatura del ejército en la que justifica los asesinatos de la dictadura, aunque los califica de "aniquilamientos" y "ejecuciones" en la guerra "contra el terrorismo". El militar llama eufemísticamente Lugar de Reunión de Detenidos (LRD) a los centros clandestinos donde se torturaba y asesinaba a detenidos políticos.

El juez Faggionatto Márquez confirmó que en un espacio que comprendía las localidades de Campana, Baradero, Escobar, Exaltación de la Cruz, Pilar y Zárate existió un circuito clandestino de detención de las fuerzas armadas y de seguridad.

Una denuncia anónima había además alertado a la justicia, al asegurar que podía haber cuerpos de desaparecidos en el Campo de Tiro Federal.

Aunque hasta ahora los rastreos no han dado resultado, la investigación derivó finalmente en la ubicación de los centros de detención.

Riveros estaba al frente del Comando de Institutos Militares que se hizo cargo del Tiro Federal de Campana y otros centros policiales o militares el 25 de marzo de 1976, un día después del golpe de Estado militar.

Casi un año llevó la investigación y el juez Faggionatto confirmó esta semana que además del Tiro Federal había otros ocho centros clandestinos ubicados en sedes de institutos navales y de la Prefectura Naval, en un buque también de la marina, en una ex fábrica militar y en comisarías.