La reforma al sistema de justicia penal mexicano ofrece una oportunidad histórica para combatir el uso generalizado de la tortura, señaló Human Rights Watch (HRW) en una carta dirigida al Congreso de la Unión.

El Congreso debe aprobar las medidas contra la tortura, pero rechazar otras disposiciones que podrían entorpecer su impacto positivo, afirmó.

"La tortura ha sido un secreto a voces en México durante años", expresó José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch. "Después de varios años de tratar simplemente los síntomas del problema, México ahora tiene una propuesta de reforma que ataca las causas de la tortura", afirmó.

Unos quinientos ochenta y ocho casos de tortura -muchos involucran a más de una víctima- fueron documentados por los titulares de Derechos Humanos estatales y nacionales entre 1990 y 2003, de acuerdo con un estudio recién publicado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Human Rights Watch lamentó, sin embargo, que la propuesta de reforma debilita la efectividad de las medidas contra la tortura al crear excepciones en su aplicación.

La más grave, explicó, se relaciona con el "crimen organizado", ya que una de las propuestas permite que la legislación exceptúe estos casos de las garantías del debido proceso.

"Puede que los agentes del Ministerio Público y la policía necesiten facultades especiales para investigar a poderosas mafias", expresó Vivanco. "Sin embargo, nada justifica la creación de una amplia y amorfa clase de sospechosos criminales, a quienes se excluye de las garantías constitucionales básicas.

"La reforma a la justicia penal en México debe ser vista como prueba crítica acerca de la voluntad real para cumplir el Programa Nacional de Derechos Humanos", señaló Vivanco.

Abundó: "la legislación se encuentra sobre la mesa. Su éxito depende del presidente Fox y del Congreso".

La agrupación aseguró que existen buenas razones para creer que los quinientos ochenta y ocho casos documentados representan sólo una fracción del total, porque con frecuencia son sumamente difíciles de documentar. En la mayoría no hay testigos del crimen y la tortura suele no dejar marcas físicas en la víctima.

De acuerdo con el estudio de la CNDH, en más de ochenta y tres por ciento de los casos de tortura investigados por la comisión los abusos permitieron obtener confesiones de las víctimas.

La organización internacional señala en su misiva que la propuesta de reforma, que presentó el presidente Fox en marzo anterior, busca tanto promocionar la protección de los derechos básicos como fortalecer la seguridad pública. Dentro de la gama de disposiciones se encuentran los cambios a la Constitución mexicana referidos al tema de la tortura.

La enmienda más importante es al artículo veinte de la Constitución, que garantiza el debido proceso y suprime valor probatorio a todas las confesiones que no se realicen directamente ante un juez. Este requisito, manifestó, elimina prácticamente el principal incentivo de policías e investigadores para torturar a los detenidos: la posibilidad de que la confesión obtenida bajo coacción sea utilizada para condenar a la víctima.

El paquete de modificaciones contiene otras disposiciones constitucionales que también pueden frenar la práctica de la tortura, como el reconocimiento explícito del principio establecido de que los sospechosos de cometer algún delito gozan de presunción de inocencia hasta que se demuestre su culpabilidad.

La Jornada

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