El objetivo, lograr que Washington rechace oficial y públicamente esta práctica, señala. Esta vez el país que siempre condena a otros está en el banquillo de los acusados, dice la ONG. Más de cuarenta organizaciones políticas y defensoras de Derechos Humanos participarán en la cruzada.

DAVID BROOKS, corresponsal

Nueva York, 5 de enero. Estados Unidos frecuentemente se da el lujo de denunciar la práctica de la tortura por otros Gobiernos, publicar informes y documentos condenando a regímenes por la violación de Derechos Humanos garantizados por convenciones internacionales; sólo esta semana acaba de arrestar a un extranjero acusado de tortura en su país, pero ahora es el Gobierno estadunidense el que está en el banquillo de los acusados.

"El Gobierno de Estados Unidos ha caído en el patrón histórico del abuso... al justificarlo con un supuesto nuevo paradigma... violando los Derechos Humanos en nombre de la seguridad nacional", acusó hoy Alexandra Arriaga, directora de relaciones gubernamentales de Amnistía Internacional en Estados Unidos, en una teleconferencia.

El miércoles más de cuarenta organizaciones políticas y de Derechos Humanos anunciaron el inicio de una campaña nacional para poner fin al empleo de la tortura por las autoridades de Estados Unidos.

Este jueves la agrupación publicará en The New York Times una solicitud de apoyo para promover una Declaración Nacional contra la Tortura, y en los próximos días transmitirán un anuncio similar por televisión y llamarán a los cien integrantes del Senado a que se comprometan con la declaración y repudiar todo tipo de tortura.

Esta preocupación comenzó con las fotos de Abu Ghraib y se intensificó con las revelaciones de que esas prácticas no eran aisladas ni cometidas por un reducido grupo de soldados, sino que se habían elaborado justificaciones, y posiblemente, órdenes explícitas para ignorar la Convención de Ginebra y otras leyes prohibiendo la tortura y trato inhumano de detenidos en una guerra en los niveles más elevados del Gobierno del presidente, George W. Bush.

Ahora, ese debate está culminando con la comparecencia -este jueves- de Alberto Gonzales ante el Senado para ser ratificado como próximo procurador general de Estados Unidos.

Gonzales, en su papel de abogado de la Casa Blanca, fue el autor de la justificación legal enviada a Bush el 25 de enero de 2002 que determinaba que la guerra contra el terrorismo "vuelve obsoletas las limitaciones estrictas de (la Convención de) Ginebra sobre la interrogación de prisioneros enemigos".

Gonzales también solicitó una opinión legal del entonces subprocurador general de Estados Unidos que ofrecía una justificación para que el presidente suspendiera previsiones de la Convención de Ginebra a discreción declarando que algunos tipos de tortura -casi todo menos algo que llevara a la muerte- podrían ser plenamente "justificados".

A la vez, otros documentos elaborados por el Departamento de Justicia y por el Departamento de Defensa que justificaban la suspensión de protecciones del Derecho Internacional a detenidos en Guantánamo también pasaron por manos de Gonzales, sin que él presentara ninguna objeción.

Estos hechos, entre otros, han generado la controversia sobre la ratificación de Gonzales como supremo fiscal de Estados Unidos y el intenso debate sobre si este Gobierno endosa o no la tortura como arma legítima y necesaria en esta guerra contra el "terrorismo".

La semana pasada -el 30 de diciembre- sin aviso ni anuncio a los medios, apareció un memorando en el sitio de Internet del Departamento de Justicia que afirmaba que el Gobierno de Estados Unidos no condona la tortura, lo cual sólo intensificó la sospecha de que en el periodo anterior podría ser que sí era política aceptable. Si no ¿por qué la aclaración?

Esta nueva declaración oficial rechaza la opinión anterior justificando algunos tipos de tortura, y afirma que la "tortura es abominable". Sin embargo, sigue dejando en términos ambiguos qué constituye tortura y qué no, provocando aún más preguntas.

Hoy en su editorial principal, el New York Times deploró el nombramiento de Gonzales como su procurador general, señalando que "como el secretario de Defensa, Rumsfeld, el otro arquitecto principal de estas políticas, el Sr. Gonzales avergonzó al país y puso en peligro a los soldados estadunidenses que podrían ser tomados prisioneros en el futuro al condonar el tipo de actos atroces que Estados Unidos siempre ha condenado".

El Times opinó además que "Gonzales debería asumir responsabilidad por sus acciones... debería renunciar inequívocamente la tortura... como también los otros tratamientos ilegales de prisioneros en las cárceles militares".

Precisamente este es el objetivo de la campaña anunciada por la coalición Win Without War de más de cuarenta agrupaciones, incluyendo MoveOn.org, People for the American Way, True Majority y otras que se congregaron en oposición a la guerra y formaron parte de la inusitada movilización nacional sobre este tema y en la elección: obligar a que el Gobierno de Estados Unidos en general, y Gonzales en particular, declaren explícitamente su rechazo de la tortura como parte de la política estadunidense (texto de la declaración).

Piden crear una comisión independiente

Amnistía Internacional, que participó en la conferencia de prensa de la coalición Win Without War, se inclinó por establecer una comisión independiente de investigación para indagar las políticas y prácticas de detención de Estados Unidos.

"Como abogado de la Casa Blanca, Gonzales fue clave al establecer la política estadunidense sobre tortura... y tiene que reconocer no sólo la necesidad de asegurar que esos individuos que autorizaron o infligieron tortura sean sujetos a la ley criminal, sino también de la necesidad de apartarse de cualquier papel en esa investigación", declaró William F. Shulz, director de AI Estados Unidos.

De repente, ecos de Chile, Argentina, Sudáfrica, Guatemala, retumban aquí justo en el centro del país que se ha nombrado la gran fuerza democratizadora del mundo.

Esta semana se anunció que agentes federales arrestaron al etiope Kelbessa Negewo en Atlanta, acusado de tortura cuando formaba parte de la dictadura de su país en los setenta.

Como señaló un periodista aquí, si el caso procede, podría ser Gonzales el encargado de fiscalizar el caso. ¿Pero ahora quién aquí tiene la autoridad de ser acusador o juez en este tipo de casos?

Por todo esto, Gonzales, en su comparecencia ante el Senado de este jueves, probablemente se convertirá en el único nominado al gabinete presidencial en la Historia de Estados Unidos que tendrá que declarar explícitamente que cumplirá con las convenciones prohibiendo la tortura si es ratificado como procurador general de la nación.

La Jornada

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