Trabajaban de sol a sol en un taller de mueblería y comían en una nave en pésimas condiciones. El hombre aceptó la pena de dos años de cárcel impuesta por un juzgado lucense.

x. c. Lugo.

Al menos cuatro hombres de nacionalidad colombiana fueron esclavizados en una empresa dedicada a la fabricación de muebles de Sarria. El principal responsable de la misma, José Manuel García Capón, aceptó ayer en un juzgado de lo penal de la capital lucense cumplir una pena de dos años de cárcel como autor de un delito contra los derechos de los trabajadores. También abonará una multa de quinientos cuarenta euros.

Los hechos ocurrieron en el año 2001, pero la lentitud de la Justicia hizo que no quedasen resueltos hasta ayer. La Guardia Civil, que se ocupó de las investigaciones, pudo comprobar cómo los colombianos trabajaban en una nave del polígono de Balmao, a un par de kilómetros de Sarria, a destajo, de sol a sol. Entraban a primera hora de la mañana y no abandonaban las instalaciones hasta la noche.

La esclavitud llegaba a tales límites que ni tan siquiera salían para comer. Lo hacían en las propias instalaciones de la empresa, encima de un caldero que, en los días de frío, llenaban con madera a la que prendían fuego. Éste era el rudimentario sistema de calefacción que tenían.

Los investigadores de la Guardia Civil realizaron en su momento un reportaje fotográfico en el que captaron las insalubres condiciones en las que almorzaban los afectados.

Sin seguridad social

Las averiguaciones realizadas entonces determinaron que al menos cuatro de los trabajadores estaban en la empresa sin ningún tipo de contrato.

Tampoco tenían seguro porque el empresario no les había dado de alta en la Seguridad Social, según mantuvo ayer la acusación pública.

El fiscal también sostuvo que los ciudadanos colombianos se encontraban sin permiso de residencia y que, por esta circunstancia, el empresario no podía regularizarles ante la Seguridad Social, para evitar ser descubierto.

Pero todavía hay más datos sobre la situación de los perjudicados. Algunos de ellos llevaban meses sin cobrar. En concreto uno de ellos, supuestamente, no había recibido ningún salario tras casi seis meses de permanencia en la empresa, según detalla la investigación.

Los afectados hacían, sin contrato y sin seguro, estanterías para librerías y mesas

El trabajo que realizaban los afectados consistía básicamente en elaborar estanterías para librerías, mesas y otros pequeños muebles. Algunas fuentes indicaron que los responsables de la empresa supuestamente se aprovechaban de la apremiante necesidad de dinero que tenían los colombianos para poder subsistir y también de que no podían plantear ningún tipo de denuncia contra el patrón porque se encontraban en situación de total ilegalidad.

El fiscal, en su escrito de acusación, imputó a otras dos personas por los hechos porque, junto al condenado, eran los administradores solidarios de la entidad mercantil Mobel Samos SL. Para todos ellos pedía inicialmente una pena de tres años de cárcel y una multa de ocho meses con una cuota diaria de doce euros.

Ayer, antes de comenzar el juicio, los abogados de los acusados llegaron a un acuerdo con el fiscal, que acabó efectuando diversas modificaciones en sus conclusiones. Eximió de cualquier culpa a dos de los acusados y rebajó la condena al que era el principal accionista de la entidad mercantil.

El acuerdo previo entre las partes hizo innecesaria la declaración como testigos de los guardias civiles del puesto de Sarria que se ocuparon de la investigación en noviembre del año 2001. Los trabajadores afectados se encuentran en la actualidad en situación de paradero desconocido.

La Voz de Galicia

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