Amnistía Internacional - 22 de marzo de 2005
Serbia y Montenegro no cumple
compromisos fundamentales en el ámbito de los Derechos Humanos
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Dos años después de unirse al Consejo de Europa, Serbia y Montenegro sigue ignorando su obligación de cumplir compromisos fundamentales en el ámbito de los Derechos Humanos, concretamente en lo que respecta a abordar el legado de crímenes de guerra y torturas y malos tratos policiales, ha manifestado hoy Amnistía Internacional. Si bien la organización acoge con satisfacción los pasos que se han dado para cumplir algunos de esos compromisos, teme que en el último año los escasos avances efectuados en muchas áreas, como la plena cooperación con el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, con sede en La Haya, y la investigación sobre las denuncias de torturas y malos tratos policiales se hayan detenido o incluso que haya habido un retroceso, especialmente en Serbia. En el informe titulado Serbia and Montenegro: a wasted year. The continuing failure to fulfil key Human Rights commitments made to the Council of Europe, Amnistía Internacional repasa los compromisos que hasta ahora no ha cumplido Serbia y Montenegro y ofrece numerosos ejemplos de este incumplimiento. "Muchos de los responsables de las más graves violaciones de Derechos Humanos perpetradas durante los conflictos armados que estallaron tras la desmembración de Yugoslavia continúan impunes. A pesar de sus obligaciones internacionales y nacionales, las autoridades de Serbia y Montenegro se niegan a detener y transferir a personas contra las cuales el Tribunal ha dictado acta de acusación formal, confiando en que se entreguen voluntariamente, y rara vez procesan estos delitos en tribunales nacionales. El clima de impunidad para estos delitos se refleja en la falta de voluntad de las autoridades a la hora de investigar las denuncias de posibles homicidios ilegítimos, muertes bajo custodia y torturas y malos tratos policiales", ha dicho Amnistía Internacional. Las autoridades serbias han seguido negándose a transferir al tribunal al ex viceministro del Interior serbio y ex jefe de la policía de Kosovo, Sreten Lukic, así como al ex jefe del Estado Mayor yugoslavo, Nebojsa Pavkovic, ambos acusados de cometer crímenes contra la Humanidad y violaciones de las leyes y costumbres de la guerra en Kosovo en 1999. Los dos residen abiertamente en Serbia. A pesar de que recientemente se entregaron de forma voluntaria y fueron transferidas al Tribunal seis personas, al parecer hay varios inculpados por el Tribunal que viven en libertad en Serbia y Montenegro. Hasta la fecha no se ha juzgado en Serbia y Montenegro a ningún alto mando militar ni alto cargo político por crímenes de guerra o crímenes contra la Humanidad relacionados con los conflictos yugoslavos. Muchos de los responsables de secuestros y asesinatos de musulmanes bosnios y de kosovares de origen albanés continúan impunes. La práctica de juzgar exclusivamente a los inculpados de bajo nivel fomenta la cultura de la impunidad entre los dirigentes militares y políticos. Aún no se ha inculpado a nadie en relación con los cientos de albanokosovares enterrados en fosas comunes secretas en terrenos del Ministerio del Interior de Serbia. Al parecer, los posibles testigos de las presuntas incineraciones de cadáveres de albanokosovares en hornos industriales de Serbia en 1999 han sido intimidados por agentes de seguridad para evitar que los hechos salgan a la luz. "A fin de crear las condiciones necesarias para el respeto y la protección de los Derechos Humanos, las autoridades de Serbia y Montenegro deben poner a los responsables de estos delitos en manos de la justicia en procesos que cumplan las normas internacionales sobre garantías procesales, y las víctimas deben recibir la reparación adecuada. Las autoridades deben tomar medidas urgentes para resolver los cientos de casos de "desapariciones" y secuestros y para mitigar el sufrimiento de los familiares de las víctimas", ha dicho Amnistía Internacional. A Amnistía Internacional le preocupa mucho que las autoridades no hayan resuelto asesinatos que se consideran políticos y perpetrados por agentes estatales, como los de los periodistas Slavko Curuvija y Milan Panic. A pesar de que se han admitido oficialmente las torturas policiales durante la "Operación Sable" en Serbia en 2003, no hay constancia de que se hayan iniciado actuaciones contra los responsables que siguen en la policía. En el caso de Montenegro, la organización ha vuelto a plantear el caso de la presunta complicidad en el encubrimiento de la trata y las graves torturas de que fue víctima la mujer moldava conocida como S. C para obligarla a prostituirse. A Amnistía Internacional también le preocupa que siga discriminándose a los romaníes, especialmente a los de Kosovo, que fueron desplazados como consecuencia del conflicto de 1999, así como la legislación sobre la objeción de conciencia al servicio militar, que sigue sin ajustarse a las normas del Consejo de Europa. Amnistía Internacional pide que Serbia y Montenegro aborde con seriedad los abusos cometidos en el pasado, que promueva y proteja los Derechos Humanos y que cumpla con sus obligaciones ante el Consejo de Europa. Amnistía Internacional también pide al Consejo de Europa que utilice su influencia para ayudar a Serbia y Montenegro a cumplir plenamente sus compromisos encaminados a garantizar el respeto y la protección de los Derechos Humanos de todas las personas. |