Amnistía Internacional - 9 de junio de 2005

Ni protección ni justicia:
homicidios de mujeres en Guatemala

Este texto resume el informe Ni protección ni justicia: homicidios de mujeres en Guatemala.

El informe forma parte de una serie de documentos publicados en el contexto de del campaña de Amnistía Internacional "No más violencia contra las mujeres", emprendida en marzo de 2004.


"Mi hija María Isabel de quince años era estudiante y trabajaba en una boutique en vacaciones. La noche del 15 de diciembre de 2001 fue secuestrada en la capital y apareció poco antes de navidad violada, amarrada de pies y manos con alambre de púas, acuchillada y estrangulada, metida entre una bolsa y su cara desfigurada a golpes, tenía hoyitos en el cuerpo, una soga al cuello y las uñas volteadas. Cuando me entregaron el cuerpo yo me tiré al piso a gritar y llorar y todavía me decían que no exagerara. Con base en declaraciones de testigos las autoridades identificaron dos de los autores, un vehículo lujoso y datos de la casa donde estuvo raptada, el expediente ha pasado por dos Fiscalías, pero los autores siguen en libertad" (testimonio de la madre de María Isabel Veliz Franco, secuestrada y asesinada en diciembre de 2001).

La brutal violencia sexual de que fue objeto María Isabel tras ser secuestrada y antes de que la asesinaran en 2001 es característica de muchos de los centenares de homicidios de mujeres y niñas registrados en Guatemala en los últimos años. La falta de medidas de las autoridades guatemaltecas para detener y poner a disposición judicial a los responsables es otra característica de este caso y de muchos otros.

Muchos de los familiares de las mujeres asesinadas ven agravado su sufrimiento al saber que, con casi total seguridad, al no ocuparse el Gobierno de estos casos debidamente, garantizando que los delitos se investigan de manera exhaustiva e imparcial, jamás tendrán acceso a la verdad y la justicia.

En un plano más general, el hecho de que el Gobierno guatemalteco no haya logrado prevenir el aumento en el número de asesinatos ni garantizado el enjuiciamiento efectivo de los responsables permite a éstos seguir cometiendo delitos con la certeza de que no tendrán que rendir cuentas por ello.

Las autoridades guatemaltecas confirmaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, entre 2001 y agosto de 2004, registraron la muerte de mil ciento ochenta y ocho mujeres.

Sin embargo, se desconoce el número exacto de mujeres asesinadas, y no hay tampoco acuerdo en torno a él. La cifra varía según las instituciones y se establece con criterios distintos. Algunos observadores han cuestionado o descartado la gravedad del problema de los homicidios de mujeres por considerar que las estadísticas son iguales o parecidas a las de homicidios de mujeres cometidos en otros países de América.

Sin embargo, Amnistía Internacional cree que la brutalidad reiterada, los indicios de violencia sexual -que puede constituir tortura en algunos casos- y el aumento del número de homicidios hacen necesario que las autoridades presten atención al problema con urgencia.

En Guatemala, la mayoría de los homicidios de mujeres y niñas se han cometido en zonas urbanas, donde se ha visto además un alto incremento de la delincuencia violenta en los últimos años, vinculada a menudo al crimen organizado o a las actividades de bandas de jóvenes de la calle conocidas como "maras". Los hombres también se han visto afectados por el grado general de violencia existente en la comunidad, y se ha producido un significativo aumento del índice de asesinatos en general.

Entre las mujeres y las niñas víctimas de homicidio en Guatemala en los últimos años había estudiantes, amas de casa, profesionales, empleadas domésticas, trabajadoras no cualificadas, miembros o ex miembros de maras y trabajadoras del sexo. Aunque los asesinatos puedan haberse cometido por distintos motivos y tanto por agentes estatales como no estatales, el estudio de algunos de los casos revela que la violencia suele estar basada en el género de la víctima, el cual parece ser un importante factor, determinante tanto del motivo como del contexto del asesinato, así como del tipo de violencia ejercida y de la respuesta de las autoridades.

Debido a la falta de información oficial fidedigna, es sumamente difícil hacerse una idea general de la magnitud de la violencia perpetrada contra las mujeres en Guatemala. En particular, la ausencia casi absoluta de datos desglosados por géneros en los documentos oficiales hace que la violencia de género se registre en general en menor proporción de la que representa realmente e incluso que a menudo apenas quede reflejada.

Por ejemplo, en el caso de las mujeres víctimas de homicidio, las cifras correspondientes a 2004 presentadas por la policía atribuyen ciento setenta y cinco muertes a disparos, veintisiete a heridas de arma blanca y trescientas veintitrés a "otras causas".

Sin embargo, esta clasificación oculta la brutalidad basada en el género y la naturaleza sexual de muchos de los homicidios, en los que las víctimas presentan indicios de violación, mutilación y descuartizamiento.

Amnistía Internacional reconoce que las autoridades guatemaltecas han tomado algunas medidas positivas para prevenir la violencia contra las mujeres, entre ellas la ratificación de tratados internacionales de Derechos Humanos, la promulgación de leyes y la creación de instituciones públicas para promover y proteger los derechos de las mujeres. Sin embargo, estas medidas a menudo no se han aplicado, vigilado o revisado de manera efectiva, por lo que raras veces han servido para impedir que las mujeres sufran violencia.

En el presente informe se examinan los asesinatos de mujeres en Guatemala, así como la falta de ejercicio de la diligencia debida por parte del Estado al no prevenir, investigar y castigar estas muertes. También se tratan en él el problema de la discriminación subyacente a la violencia de que son objeto las mujeres en la sociedad guatemalteca y algunas de las leyes que perpetúan tal discriminación. Por ultimo se incluyen en el informe una serie de recomendaciones que, en opinión de Amnistía Internacional, se deben aplicar en su totalidad y de manera efectiva.