La decisión permitirá seguir adelante con numerosos procesos judiciales por delitos de lesa Humanidad y violaciones de los Derechos Humanos.

El Tribunal Supremo de Argentina ha declarado esta tarde inconstitucionales las leyes de impunidad promulgadas en la década de los ochenta por el primer Gobierno democrático del país y que ya fueron anuladas por el Parlamento en 2003.

Se trata de dos normas, conocidas como Punto Final y Obediencia Debida, que impidieron el procesamiento de centenares de implicados en la represión política entre los años 1976 y 1983, durante la dictadura militar.

La Corte Suprema ha alcanzado este el fallo, toda una victoria para las víctimas de la dictadura, con el voto favorable de siete de sus nueve miembros, mientras que uno (Carlos Fayt)ha votado en contra de la resolución y el último (Augusto Belluscio) se ha abstenido porque presentó su renuncia al alto tribunal, que se hará efectiva en septiembre.

Las leyes de impunidad o amnistía fueron promulgadas en 1986 (la de Punto Final, que ponía límite temporal al procesamiento de acusados de crímenes durante la dictadura) y 1987 (Obediencia Debida, que consagró la teoría de que los oficiales de rango inferior y suboficiales de las Fuerzas Armadas y de seguridad actuaron en la represión ilegal forzados por los mandos superiores) por el Gobierno del entonces presidente Raúl Alfonsín, del Partido Radical.

Con su aprobación, que supuso el cierre de cientos de juicios contra represores, Alfonsín pretendía calmar la rebelión militar en protesta a las citaciones judiciales de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas.

Ahora, gracias a la decisión tomada por la máxima instancia judicial del país de invalidar estas leyes, se podrá continuar con numerosos procesos judiciales, que estaban congelados, por delitos de lesa Humanidad y violaciones de los Derechos Humanos perpetrados durante el régimen militar.

El tribunal supremo ha adotado la medida después de analizar durante más de tres años el caso de la desaparición, en 1978, de un matrimonio formado por el chileno José Poblete y la argentina Gertrudis Hlaczik y la apropiación de su hija, desde entonces desaparecida.

En cualquier caso, la resolución va más allá de este caso concreto y sienta un precedente que abre la posibilidad de que un número indeterminado de miembros de las Fuerzas Armadas -entre mil y mil quinientos, según las fuentes, de los cuales un diez por ciento permanece en activo- que participaron en la represión pueden volver a ser citados a declarar ante la justicia y quedar detenidos por su implicación en la desaparición de personas, torturas y otros delitos de lesa Humanidad cometidos durante el último régimen militar.

Inquietud en las Fuerzas Armadas

Antes de este fallo histórico, la Corte convalidó una serie de fallos de instancias judiciales inferiores que, a partir de marzo de 2001, cuestionaron la validez de las leyes del perdón, que habían sido aprobadas por el Parlamento en la década de los ochenta bajo presión militar.

Además, las principales causas por delitos de lesa Humanidad fueron reabiertas por la justicia después de que, en agosto de 2003 y poco después de la llegada al poder del peronista Néstor Kirchner, el Parlamento anulara las normas de Punto Final y Obediencia Debida.

En la misma linea, Kirchner derogó en julio de ese año el decreto que impedía la extradición a terceros países de represores de la dictadura.

La nulidad parlamentaria de las leyes de impunidad permitió la reapertura de las megacausas sobre los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y el Primer Cuerpo de Ejército, pero la resolución de la Corte Suprema era indispensable para que todas las causas vinculadas al terrorismo de Estado avancen y sean elevadas a juicio oral.

De los militares y policías que figuran como imputados en esos expedientes "muy pocos siguen en activo", según han señalado portavoces del Ministerio de Defensa.

El titular de la cartera, José Pampuro, ha admitido, horas antes de que se conociera el fallo del Supremo, que "hay inquietud y preocupación" entre los militares involucrados.

"Son bastantes los que tendrán que declarar. En las Fuerzas Armadas se sabía que este fallo se iba a dar", ha añadido el ministro. La inconstitucionalidad de las leyes del perdón era una antigua reclamación de las asociaciones de defensa de los Derechos Humanos, que han celebrado la sentencia por considerar que contribuye a terminar definitivamente con la impunidad en Argentina.

Docenas de miembros de grupos de Derechos Humanos, como las Madres de la Plaza de Mayo, han celebrado la noticia a las puertas del tribunales en Buenos Aires.

Los desaparecidos

A pesar de la amnistía, los ex comandantes que lideraron el plan de represión y exterminio contra opositores políticos fueron juzgados y condenados a prisión perpetua en 1985. Los miembros de las Juntas Militares -y los líderes guerrilleros que actuaron en la década de los setenta- se beneficiaron posteriormente de indultos decretados en 1989 y 1990 por el entonces presidente, Carlos Menem.

Sin embargo, muchos de ellos volvieron a las cárceles o fueron puestos bajo arresto domiciliario por su participación en el secuestro de hijos de desaparecidos.

En esa condición se encuentran, entre otros, el ex dictador Jorge Videla y el ex marino Alfredo Astiz. Según estimaciones oficiales, en Argentina hubo dieciocho mil desaparecidos durante la dictadura, cifra que las organizaciones humanitarias elevan a treinta mil.

Cronología: veinte años de impunidad

23 - XII - 1986

El Senado argentino aprueba, por veinticinco votos contra diez, la llamada Ley de Punto Final, esto es, la prescripción de acciones penales contra militares, policías y funcionarios carcelarios por la guerra sucia contra la subversión desarrollada entre 1976 y 1982.

4 - VI - 1987

La Cámara de los Diputados del Parlamento argentino aprueba la ley que reglamenta la obediencia debida en las Fuerzas Armadas. El texto final, aprobado por ciento veinticinco votos a favor, cincuenta y cuatro en contra y una abstención, incluye las enmiendas hechas por el Senado para que se exima de proceso también a los oficiales superiores que, por su ubicación en la cadena de mandos, "obedecieron órdenes" durante la llamada guerra sucia contra la guerrilla, entre 1976 y 1983. Los juicios deben interrumpirse de inmediato y quedan en libertad la mayoría de los acusados que permanecían en prisión preventiva.

X - 1989

El presidente argentino, Carlos Menem, firma los decretos por los que se concede un amplio indulto que abarca a doscientas ochenta personas. El indulto no incluye a los militares condenados a cadena perpetua de la primera junta de la dictadura, Jorge Rafael Videla y Emilio Massera. Tampoco está incluido en la medida el dirigente montonero, condenado a cadena perpetua, Marlo Firmenich.

29 - XII - 1990

Otro indulto dispuesto por Menem beneficia a los mandos de las Juntas Militares que encabezaron el golpe de Estado de 1976, entre ellos los ex dictadores Jorge Videla y Roberto Viola, además del almirante Emilio Massera.

6 - III - 2001

El juez federal Gabriel Cavallo declara la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida a partir de un recurso formulado por una agrupación defensora de los Derechos Humanos.

14 - VIII - 2003

Por amplia mayoría el Parlamento declara "insanablemente nulas" las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Se abre así la vía para juzgar delitos cometidos durante la dictadura militar, entre 1976 y 1983. La votación parlamentaria contó con el apoyo de la mayoría peronista y de grupos de izquierda y con el respaldo de miles de manifestantes en las calles de Buenos Aires. La histórica decisión contó con el impulso del presidente argentino, Néstor Kirchner.

V - 2005

El jefe de los fiscales federales, Esteban Righi, dictamina que las dos normas son inconstitucionales, al día siguiente de que el presidente Néstor Kirchner reclamase a la Corte una definición sobre estas leyes.

14 - VI - 2005

El Supremo argentino ha declarado inconstitucionales las leyes de impunidad promulgadas en los ochenta por el primer Gobierno democrático del país. Son dos leyes, Punto Final y Obediencia Debida, que impidieron procesar a centenares de implicados en la represión durante la dictadura (1976-1983).

URUGUAY

Del otro lado del Río de la Plata, la democracia llegó dos años más tarde, en 1985. El presidente Julio María Sanguinetti invocó razones de Estado y propuso la ley 15.848, conocida como Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. La norma se votó en diciembre de 1986 y planteaba que los culpables de violaciones a los derechos humanos no iban a ser perseguidos por esferas oficiales. La ley sorteó incluso un referendo en 1989, en el que los uruguayos decidieron no abolirla.

CHILE

Cuando la dictadura de Augusto Pinochet terminó la carnicería que marcó sus primeros cinco años en el poder, en 1978, la Junta Militar lanzó el decreto 2.191, que en la práctica significaba una autoamnistía. Básicamente, liberó de responsabilidad criminal a todas las personas que cometieron crímenes o los encubrieron entre el día del golpe militar, el 11 de septiembre de 1973, hasta el 10 de marzo de 1978, fecha en que se levantó el estado de sitio. En 1990, el presidente Patricio Aylwin creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y desde entonces, la validez del autoperdón sigue siendo motivo de polémica social y judicial.

PERÚ

También aquí hubo una Ley de Amnistía, la número 26.479, que entró en vigor en junio de 1995, durante la gestión de Alberto Fujimori. Su margen de acción se impuso en la franja que va desde mayo de 1980 hasta el mismo mes de su puesta en vigencia, el espacio de tiempo en que duró la ‘guerra sucia’ contra los guerrilleros de Sendero Luminoso y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. Alcanzaba a todos los responsables de crímenes, así no hayan sido aún individualizados, denunciados, procesados o investigados, lo que cerraba la puerta a los nuevos casos que pudieran divulgarse más tarde. A esta norma le siguió otra ley, la número 26.492, llamada "interpretativa", que obliga al Poder Judicial a aplicar la amnistía.

PARAGUAY

No cuenta con una Ley de Amnistía tras la dictadura del general Alfredo Stroessner. Tampoco hubo informes de desapariciones por motivos políticos, pero sí una Comisión de Verdad y Justicia creada por el Congreso en setiembre de 2002 para tratar las denuncias sobre abusos cometidos durante la dictadura. La Constitución permite al Defensor del Pueblo procesar miles de casos de abusos que se remontan al régimen de 1954-1989, otorgando una compensación monetaria. Stroessner está en un cómodo exilio en Brasil y la polémica está centrada hoy en día en los intentos por extraditarlo.

BOLIVIA

Al igual que Paraguay, no cuenta con una Ley de Amnistía. Desde 1964 y hasta 1982 su Historia estuvo repleta de regímenes militares con pasajes breves de gobierno salidos de las urnas. En el 82, el presidente Hernán Siles Suazo creó por decreto la Comisión Nacional de Investigación de Desaparecidos Forzados. Duró dos años y no llegó a emitir ningún informe porque fue disuelta antes de terminar su investigación. Esa falencia no le impidió a Bolivia convertirse en el único país junto con la Argentina en el que un dictador fue condenado. El último presidente de facto de la historia boliviana, Luis García Meza, y su ministro del Interior, Luis Arce Gómez, recibieron condenas de treinta años de cárcel en 1984 por violaciones a los derechos humanos.

BRASIL

Hubo una Ley de Amnistía política declarada por João Baptista de Oliveira Figueiredo, sancionada por el Congreso en 1979. La dictadura la había planteado para resultar favorecida en dos líneas: por un lado intentaba recuperar el apoyo popular liberando a los presos políticos y por el otro incluía la tortura oficial dentro del perdón general. Así lo interpretó la Justicia a través de diversos fallos y la Comisión de Derechos Humanos del país en 2001.

El País

Clarín

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